La pandemia ha cambiado nuestros hábitos de manera profunda, haciendo de lo no presencial un nuevo hábito. Hoy todo (o muchas cosas, para no exagerar) se hace a través de internet para evitar el temido contagio y porque, además, la cuarentena lo impone. No queda otra cosa.

Así, muchos de un día para otro se vieron frente a necesidad de aprender una nueva forma de comunicarse, interactuar, trabajar y también comprar.

Sobre esto último, un informe de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) reveló un alza de 148% de las ventas digitales durante el segundo trimestre de este año, con lo cual este sector cerró el primer semestre de 2020 con un aumento de 102,6% respecto de igual periodo del año pasado.

La categoría Turismo y Entretención, fuertemente afectada durante esta crisis, bajó sus ventas online 48,8%; mientras que Servicios, la otra categoría medida en el estudio, acumuló un alza real anual de 34%.

Los datos muestran una realidad que cualquier chileno puede corroborar. El comercio digital ha crecido fuertemente durante la pandemia, y con especial fuerza durante los meses de mayor confinamiento.

Debido a la contingencia, grandes tiendas, pequeños y medianos negocios e incluso modestos emprendedores se han lanzado decididamente al campo de las ventas digitales, a veces, sin los recursos ni los respaldos suficientes para hacerlo. Porque debe consignarse que junto a la mayor cantidad de ventas, crecieron los reclamos.

Hasta julio de este año, Sernac había recibido 72 mil denuncias relacionadas con productos comprados a través de internet, siendo las principales aludidas las grandes tiendas del retail.

Productos que no llegan, que lo hacen con demora o que no tienen las características solicitadas, se mezclan con quejas por los malos canales de atención post venta, haciendo que esta nueva experiencia de compra sea una mal antecedente para muchos.

Creemos que existe una tarea pendiente ahí. Chile, uno de los países de mayor conectividad y con más acelerado desarrollo del comercio electrónico en la región, tiene todavía mucho por mejorar.

La Ley 21.091 sobre educación superior establece la regulación de aranceles para instituciones adscritas a la gratuidad. Desde el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y el Consorcio de Universidades Estatales (CUECH), hemos criticado el proceso y manifestado no estar disponibles para una aprobación en los términos en que el Comité de Expertos sugiere.

Desde el CRUCH y CUECH hemos manifestado nuestra preocupación por no contar con una participación activa, sin información clara de los antecedentes y supuestos para definirlos; por ello expresamos la inquietud del impacto de su implementación. También hemos detectado serias deficiencias metodológicas y de transparencia.

Desde ambas instituciones hemos llamado a suspender su aplicación y generar mejoras en el diseño, a su vez la propia Subsecretaría de Educación Superior reconoce lo complejo de fijar aranceles en base a costos. Desde mi perspectiva como rector, existen al menos tres razones fundamentales que justifican la solicitud.

Primero, porque obedece a un cálculo sobre la base de antecedentes históricos, estableciendo una estandarización a todo el sistema universitario diverso, sin considerar que existen universidades que generan investigación, posgrado y contribuyen fuertemente al desarrollo artístico y cultural para el desarrollo del país y sus regiones. El cálculo de esta propuesta de aranceles regulados sólo se determina en base a la docencia directa, no contemplando que para el desarrollo de una docencia de pregrado de calidad, es central también el generar conocimiento con sus cuerpos académicos.

Segundo, que buena parte de las universidades han entrado en procesos de innovación curricular, atendiendo las demandas del medio sociolaboral y buscando mayor pertinencia en la formación técnica y profesional, innovaciones que apuntan a mayor complejidad e implican un aumento de costos que no está considerando en la propuesta del Comité de Expertos.

Tercero, y que es lo más delicado, el generar un mecanismo de regulación de aranceles en un escenario complejo en lo económico. Aprovechar este momento para establecer una política de regulación nos parece perverso para el desarrollo y futuro de las instituciones de Educación Superior que se han sumado a la política de "Gratuidad".

Por estas razones no estamos dispuestos a apoyar, ni aprobar una propuesta de esta naturaleza.

Oscar Garrido, rector Universidad de Los Lagos