Aplicando normas del Estado de Excepción Constitucional y del Código Sanitario, el Gobierno ha tomado múltiples medidas con el fin de controlar la pandemia que ya ha provocado en el país miles de muertes.

Ahora, con ocasión de las Fiestas Patrias se han establecido restricciones sobre la cantidad de personas que, en determinadas condiciones, se podrían reunir en una casa particular. Estas restricciones tienen como finalidad evitar reuniones numerosas en algún recinto sin el adecuado distanciamiento y sin mayor conocimiento en cuanto a identidades, cuestión esencial para realizar la tan necesaria trazabilidad de casos de covid-19.

Para hacer cumplir esta norma las autoridades sanitarias, con el apoyo de la fuerza pública, tendrían la facultad de ingresar en las casas particulares con el fin de controlar su cumplimiento. Este anuncio ha provocado reacciones sobre la constitucionalidad de la medida, que va más allá de las normas existentes sobre allanamientos que exigen claramente una orden judicial, la que, se podría obtener rápidamente si hubiere resistencia para el señalado control. El ministro del Interior, Víctor Pérez, distinguió dos casos: "Uno en que exista una flagrancia: la autoridad sanitaria descubre que hay una determinada fiesta clandestina. Otra es si la autoridad sanitaria tiene información de que, en una determinada propiedad, hay personas contagiadas, y sin duda tiene las atribuciones para fiscalizar la situación".

Esta polémica facultad para una fecha precisa estaría violentado un derecho constitucional y se suma a otras, también, cuestionadas y planteadas en tribunales como disposiciones que limitan el desplazamiento de adultos mayores.

Están en juego en todos estos casos dos valores: la inviolabilidad del hogar y el derecho al movimiento de las personas, valores permanentes, y la obligación de la autoridad de proteger la salud de la población en contingencias como las actuales.

La cuestión de fondo es que se llega a estas medidas y divergencias jurídicas hasta constitucionales debido a la falta de claridad de las normas vigentes, nunca situadas en la posibilidad de una crisis como la presente y, más que nada, debido a conductas colectivas que ante una realidad trágica de miles de víctimas, no asumen la responsabilidad individual en la protección de la vida, propia y ajena.

Estamos a muy pocos días de que en nuestro país se lleve adelante un proceso eleccionario mediante el cual los ciudadanos decidirán el futuro de nuestra Constitución política, la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico que es la base del andamiaje institucional de Chile. Cabe reflexionar sobre las normas que son el eje principal que permite a los miembros de una sociedad mantener la paz social y así permitir un desarrollo personal protegido, de cada uno de sus miembros, garantizando no estar expuestos a abusos y acciones arbitrarias de quienes ostentan el poder.

La inexistencia de normas o la mala calidad de ellas condenan a las sociedades inevitablemente a la anarquía. El cambio de la Constitución, en el evento que ello se decida por los ciudadanos sin duda es complejo y requiere el conocimiento y la voluntad de todos para que los contenidos que allí se establezcan conciten la aceptación de la mayoría en un pacto social sólido y perdurable.

Existen sin embargo temores fundados en el resultado de un cambio a la norma fundamental la Constitución, en una sociedad como la nuestra en que se ha desdibujado en el tiempo la voluntad de aceptar y obedecer las normas. La raíz de este problema social se arrastra por larga data y nace en un cambio al interior del núcleo básico de nuestra cultura cristiano occidental que es la familia.

Los padres dentro de ese núcleo social son los primeros actores en la tarea de educar a nuestros niños en valores y apego a las normas que se da nuestra propia sociedad; sin embargo, por razones sociológicas esta tarea fundamental se ha debilitado y los padres tienden a mermar su autoridad situándose como pares de sus hijos y con ello esta se debilita. El apego a las normas, primero en el hogar y luego proyectado en la sociedad, facilita a esas nuevas generaciones entender que nuestra vida, al ser seres sociales, siempre se desenvuelve dentro de un marco normativo.

Si llegamos a cambiar, la norma fundamental la Constitución, que rige todo el marco jurídico en que nos desenvolvemos dentro de nuestra sociedad, necesariamente ese eventual cambio debe ser realizado en un proceso en que todas las materias discutidas sean de conocimiento de los que serán regidos por ella, en un proceso tranquilo, seguro y por sobre todo informado… desgraciadamente esa tarea, no se ha realizado.

Evelyn Zottelle, directora Colegio de Abogados provincia de Osorno