Preocupantes resultados que llaman la atención, pero también obligan a asumir la situación con una amplia responsabilidad, arrojó la Encuesta Social Covid-19, aplicada en julio para dimensionar el impacto socioeconómico de la pandemia en los hogares chilenos. El instrumento fue desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Entre las conclusiones, se cuenta que si antes de la pandemia el 16,5% de los hogares declaraba que su ingreso "no les alcanzaba" para financiar sus gastos, durante la emergencia ese porcentaje subió a 48,8%. Además, un 59,4% de los hogares declaró haber disminuido sus ingresos totales durante la emergencia sanitaria que vive el país.

Sobre los efectos de la crisis en la calidad de vida de los hogares, el 65,6% postergó tratamientos de salud en la emergencia (43,2% dentro de esa proporción, por temor a contagiarse), el 19,4% enfrenta problemas de inseguridad alimentaria y el 21,4% presenta un nivel moderado o severo de ansiedad y/o depresión.

Que la mayor reducción de gastos en el período asociado a la pandemia se dé en los sectores de la alimentación y tratamientos de salud es un dato inquietante, que obligará a intensificar el análisis de cómo se hará frente a las consecuencias de aquello para el futuro. Una vez que se supere la fase más crítica de la pandemia y se comiencen a retomar las actividades, habrá que pensar en planes especiales de atención y monitoreo, especialmente de la población más joven y los adultos mayores, para establecer la dimensión del impacto de esta situación en el estado general de salud de las personas.

Además, es bien sabido que en el Chile previo a la pandemia los indicadores del nivel de deuda de los hogares ya estaban muy altos, lo cual se verá fuertemente incrementado a partir de la emergencia y sus desastrosas consecuencias económicas. Por eso, junto con mantener las medidas de apoyo a los más necesitados, se requiere de la responsabilidad de quienes pueden hacer un esfuerzo de austeridad y evitar endeudarse más allá de lo estrictamente necesario para hacer frente a este complejo momento.

Se aproxima una nueva discusión presupuestaria en un año complejo por la crisis sanitaria del país, que ha afectado gravemente la economía familiar y los índices macroeconómicos. No es nuevo plantear que existen diferencias relevantes con las autoridades de Gobierno, en relación al financiamiento basal de las universidades.

Las universidades estatales tienen un compromiso por el desarrollo del país y sus regiones, y hemos explicitado lo desfavorable de una estructura de financiamiento por aranceles. Apelamos al compromiso del Estado con sus universidades. Compromiso que hoy se ha exhibido más evidentemente enfrentando la crisis sanitaria, aportando a la comunidad regional y en apoyo a nuestros estudiantes.

Como universidades estatales no queremos un trato privilegiado, demandamos uno justo al aporte que realizamos. Hemos sido creadas por ley para contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad, a través de la creación y difusión de conocimiento avanzado y la formación de capital humano.

Pero lo que es una opción para algunas, para las estatales "es deber" como parte del Estado y territorio donde nos asentamos, y no sólo un deber, también es una convicción plasmada en cada uno de nuestros planes de desarrollo y nuestro proyecto político institucional de desarrollo.

El emplazamiento a las autoridades políticas de Gobierno y el Congreso, es a considerar los nuevos escenarios que se han presentado este año, que sólo han acrecentado las diferencias en un sistema de educación superior con distintos grados de calidad, selectividad y complejidad.

Universidades que atienden preferentemente a alumnos vulnerables deben realizar esfuerzos mayores en mantener aranceles más bajos, generar programas de nivelación de competencias y mantener un sistema de becas y beneficios estudiantiles con recursos propios, aspectos que se evidencian en algunos indicadores claves para observar la situación socioeconómica de los estudiantes: deciles de ingreso familiar, procedencia de establecimientos secundarios o escolaridad de los padres.

Demandamos presupuestos con una mirada de largo plazo que promuevan el desarrollo de las instituciones, contar con aportes directos asignados por criterios de desempeño, pertinencia, logros y metas comunes, que permitan afrontar a largo plazo los desafíos del país y sus regiones.

Oscar Garrido, rector de la Universidad de Los Lagos