Julio fue un mes malo para los multifondos de pensiones; todos registraron desempeños negativos, recogiendo la incertidumbre económica que ha generado la pandemia de coronavirus, el impacto del retiro del 10% del ahorro previsional y las versiones de parlamentarios que plantean que el Estado expropie esos dineros y se haga cargo de otorgar las pensiones, desechando el sistema de capitalización individual para volver al de reparto.

Cuando el país y los mercados muestran situaciones de inestabilidad, se refleja en el comportamiento de los fondos en los cuales todos los trabajadores tienen invertidos sus dineros, administrados por las AFP. Coincidente con estas distorsiones, desde marzo hasta junio se ha producido un notorio incremento de los traspasos de fondos de pensiones, alcanzando cifras históricas desde su creación.

El reclamo por las bajas pensiones está centrado en el término de las AFP, pese a que el problema no son las administradoras, sino los bajos montos ahorrados, producto de reducidos salarios, de lagunas previsionales, de cotizaciones por un sueldo base y no por el total de dineros que perciben los trabajadores; porque quienes trabajan por cuenta propia no hicieron ahorro previsional y, como contraparte, van aumentando las expectativas de vida. Es decir, tienen menos ahorros y hay que hacerlos durar más años.

¿Cómo financiar entonces una mejor pensión y por un período de vida más largo? Circulan muchas ideas. Tal vez hay que crear incentivos para postergar el retiro, ya que los cambios demográficos, con baja tasa de natalidad y aumento de la longevidad, reducirán la fuerza laboral en los próximos años, con lo cual se hace indispensable generar las políticas públicas apropiadas para que los adultos mayores se mantengan en actividades remuneradas, aportando a la economía y mejorando sus condiciones de retiro. Algunos expertos plantean un cambio en la ley para que las AFP no cobren comisión cuando el afiliado siga cotizando y postergue la jubilación más allá de las edades legales, si se considera que la pensión puede crecer entre 7% y 9% por cada año adicional de cotización y postergación del retiro.

En Chile el Censo de 2017 registra un 13% de la población como personas que se sienten pertenecientes a pueblos originarios. En relación a las regiones, en el norte, Arica y Tarapacá se concentra el mayor porcentaje de personas de pueblos originarios y en el sur, de la Araucanía a Magallanes.

El conflicto con el Pueblo Mapuche es de larga data, historiadores lo sitúan con la llegada de los españoles y posterior creación del Estado de Chile; el conflicto es sin duda político, pero también social. La pérdida de sus tierras por acción del Estado, ventas o traspasos cuestionados por su imposición o engaño, se suma el empobrecimiento de los recursos naturales por la llegada de grandes empresas forestales, acuícolas e hidroeléctricas. Por todo ello, la sociedad chilena mantiene una deuda con los pueblos originarios.

Chile en el año 2009 Aprobó el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios en medidas que les afecten, así como el deber de los gobiernos de asumir la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger sus derechos, garantizar el respeto a su integridad y la no discriminación, y promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

El país puede y debe avanzar más decididamente para enfrentar los desafíos de nuestra relación con los pueblos indígenas, entre ellos destacan: el mejoramiento de las condiciones de vida, la protección y promoción de sus culturas y sus lenguas, la reduciendo la pobreza y mejorando la inserción social; que la legislación chilena considere los derechos de los pueblos indígenas en su diseño; y el reconocimiento constitucional de un estado multicultural que ha estado presente en la discusión por una nueva constitución.

Hoy se debe actuar prontamente en un diálogo amplio y fructífero, que no se centre en los hechos de violencia de las últimas semanas y que se reiteran en el tiempo, y aseguren una agenda con visión de país. La aplicabilidad del acuerdo de la OIT ratificado por nuestro país es una gran herramienta a la que no se le ha dado la relevancia que tiene para aportar en la solución. Es fundamental generar espacios de dialogo y encuentro para una convivencia inclusiva de todos los sectores de la sociedad.

Oscar Garrido, rector ULagos