El ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, dijo ayer en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados que "el diálogo en La Araucanía es fundamental. No veo otra posibilidad para resolver los temas de fondo de esa zona".

También se refirió a la agenda indígena en el Congreso y a las conversaciones que lleva adelante el Gobierno con voceros de comuneros mapuches en huelga de hambre, quienes demandan, entre otros puntos, el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. "Una cosa es el diálogo y otra es parecer indiferente ante la violencia y no respetar los fallos judiciales. Aquí el gobierno no ha metido presa a ninguna persona, sino que han sido los tribunales de Justicia", comentó Pérez y aclaró que el mencionado convenio "no obliga al Estado de Chile a modificar sentencias ni el mecanismo de sentencia en el que se está".

"El diálogo con las comunidades me parece fundamental y si ese diálogo no se está produciendo, me preocuparé de que se produzca", aseguró el ministro, en una jornada marcada también por el día 100 de la huelga de hambre que mantiene el machi Celestino Córdova (ver recuadro) y la tensión con los gremios del transporte, que en la jornada anterior exigieron al Gobierno una solución al conflicto en el sur, que ha implicado, según ellos, la quema de más de 500 camiones este año.

"De amenaza, nada. ¿Qué amenazas? Nosotros lo único que hemos ido a exponer, a través de nuestra federación del sur, particularmente al ministro Víctor Pérez, es la gravedad de la situación de Chile", comentó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), en alusión al encuentro del lunes entre la Federación de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) y el jefe de gabinete.

Consultado en radio Oasis por un posible paro, Sergio Pérez dijo: "Los camioneros no decimos lo que hacemos, lo hacemos nomás". A su juicio, "en la macrozona sur de Chile no existe Estado de Derecho, no podemos transitar ni los camiones ni los buses". En El Mostrador, José Villagrán, presidente de la Fedesur, expuso: "El señor Víctor Pérez sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo debe hacerlo. No somos los indicados para decirle cómo lo haga. Lo único que pedimos es que en sus manos y en su responsabilidad está entregar la tranquilidad, para asegurar que el Estado de Derecho funcione para todos los chilenos, sobre todo en el sur". Sostuvo que "el plazo que (el Gobierno) tenía para arreglar este problema se terminó".

El ministro Pérez, en distintas entrevistas, dijo ayer que no se siente "en una encrucijada" con las demandas de los camioneros y que "tienen razón en que necesitan seguridad en la ruta".

Leyes e incidentes

Después, en el Congreso, el titular de Interior se refirió a los escaños reservados para pueblos indígenas en un eventual órgano constituyente y dijo que esa discusión se tiene que dar "dentro de los próximos 30 días". También se debe tramitar en el Congreso la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, agregó, e incluso advirtió que "es absolutamente factible llegar a acuerdo en las próximas semanas".

En el sur, mientras tanto, hubo enfrentamientos entre carabineros y manifestantes que apoyan las demandas de los huelguistas en Cañete, mientras que un motociclista mapuche de 35 años falleció al chocar con un árbol que bloqueaba un camino en la Región de La Araucanía.

"Víctor Pérez sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo debe hacerlo. Trabaja en Interior y le pagan por hacer esa pega".

José Villagrán, Fedesur

Lista para votarse en la Sala del Senado quedó la reforma constitucional que entrega facultades al Servicio Electoral (Servel) para dictar instrucciones y resoluciones para la realización del plebiscito de octubre y de los siguientes procesos electorales que se hagan en situaciones excepcionales. La comisión de Constitución del Senado aprobó la iniciativa que tuvo su origen en una moción de senadores de oposición.

En la sesión se apoyó una indicación del Ejecutivo, con la finalidad de que el Servel pueda dictar -sin necesidad de hacer modificaciones legales en cada caso- medidas que permitan realizar un plebiscito de manera segura en medio de la emergencia sanitaria.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, explicó que las medidas excepcionales "buscan promover la mayor participación posible de electores, de vecinos, de ciudadanos que quieran acceder a estos actos electorales". En radio Agricultura, y respecto de la votación de los infectados de coronavirus, dijo: "Es una situación consagrada en la Constitución. No hay una prohibición, no hay un 'usted no vote'. Eso está más que zanjado desde el día uno".

También aludió a la propuesta de diputados UDI que buscan eliminar de la papeleta del plebiscito la opción "Convención Constitucional" y reemplazarla por "Congreso Constituyente", y comentó que "es absolutamente legítimo si un grupo de parlamentarios, en este caso de la UDI, quieren proponer alternativas distintas de preguntas. Lo pueden hacer". De todos modos, indicó que se trabaja según lo establecido en el acuerdo del pasado 15 de noviembre, en cuanto a las opciones existentes.

45 días de anticipación

El proyecto aprobado ayer en la comisión de Constitución establece que el consejo directivo del Servel deberá dictar, a lo menos 45 días antes del plebiscito y con el acuerdo de los 4/5 de sus miembros en ejercicio, las normas e instrucciones necesarias para el desarrollo del acto nacional. Además, se dejó el plebiscito para un solo día.

Entre las instrucciones que podrá dictar el Servel están las de constitución, instalación y funcionamiento de mesas receptoras de sufragios; el horario de funcionamiento de las mesas, que se podrá ampliar hasta 12 horas; y la promoción de horarios preferentes de votación a diversos grupos de personas. Podrá dictar instrucciones sobre número y causales de excusa o exclusión de los vocales, pudiendo dejar fuera a electores con riesgo de salud. Determinará el aforo máximo dentro de los locales de votación, así como el distanciamiento de electores en los locales y fuera de estos; el protocolo de funcionamiento de las cabinas, la regulación del tipo de lápiz para marcar el voto y la obligación de usar mascarillas y otros medios de protección.

También se acordó la disposición que señala que "en ningún caso las medidas sanitarias de carácter general podrán afectar la realización del plebiscito".