Verónica Salgado

A dos años de la erradicación de las familias que por décadas vivieron en el campamento Caipulli, emplazado en terrenos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) en el sector de Ovejería Bajo, el sitio nuevamente se transformó en un asentamiento irregular compuesto por alrededor de 10 familias agrupadas en precarias viviendas, quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad y expuestos a amenazas naturales, ya que están emplazados en zonas de riesgo.

Esta situación dejó en evidencia que durante los últimos meses ha ido en aumento la cantidad de personas que vive en asentamientos informales en la comuna, lo que obligó a crear una vez más una mesa de trabajo conformada por distintos organismos públicos para avanzar en soluciones habitacionales que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias y evitar así la proliferación de campamentos en Osorno.

Según el Catastro Nacional de Campamentos realizado entre 2018 y 2019 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), hasta el primer semestre del año pasado había seis campamentos en la comuna, con un total de 594 familias (1.235 personas) viviendo en esta condición. Sin embargo, a partir de octubre del año pasado el escenario local cambió tras la toma ilegal de nuevos terrenos, lo que generó un aumento de alrededor de 400 familias distribuidas en 7 asentamientos y ocupaciones ilegales de sitios ya sea fiscales, municipales o privados.

Se trata de los campamentos Dignidad, ubicado con Francke (con 100 familias aproximadamente); la Toma Folilche, en la ruta U-400 al mar (80 familias); el campamento Chaurakawin (con 100 familias aproximadamente) entre otros, a lo que se suman grupos familiares que han llegado hasta asentamientos irregulares antiguos como el macro campamento ubicado al final de avenida Real, en Rahue Alto sur.

En terrenos EFE

Hace unos días, Felicinda Paredes perdió la vivienda que compartía con su marido y dos hijos de 13 y 7 años, luego de ser arrastrada con ellos en su interior por un derrumbe que se provocó en la ladera que colinda con el sitio donde estaba ubicada. La situación, que pudo tener trágicas consecuencias, generó un operativo de emergencia del personal municipal y dejó en evidencia la reagrupación de familias donde funcionó por 40 años un asentamiento irregular.

Karla Benavides, administradora municipal, explicó que tanto la situación de emergencia como la instalación de nuevas familias en el terreno de ferrocarriles responde a la falta de responsabilidad de la empresa estatal.

"EFE tiene grandes paños de terreno en la ciudad, de los cuales no se hace responsable de mantener con cerco, pasto cortado, entre otras situaciones, a pesar de las constantes infracciones y gestiones que realizamos como municipio para subsanar este grave problema. Es momento que se hagan responsables, ya que si esas familias, cuya necesidad comprendemos, se instalan en una zona que es peligrosa, es por el incumplimiento de EFE para evitarlo luego de la erradicación del campamento Caipulli en 2018", explicó Benavides.

Agregó que hicieron los contactos con personal de la firma estatal a nivel nacional, además de solicitar a las familias reubicarse en zonas seguras. "Es un tema complejo, porque la necesidad de cons-