Redacción

Desde el Gobierno a la CPC manifestaron ayer su preocupación por los violentos hechos del fin de semana en la Región de la Araucanía, donde los municipios de Ercilla y Traiguén fueron incendiados, y los edificios comunales de Victoria, Collipulli y Curacautín resultaron con graves destrozos luego de que Carabineros desalojó a los comuneros mapuches que los ocupaban. En Curacautín, hubo violentos enfrentamientos entre los comuneros y civiles armados que quisieron desalojarlos tras acudir a un llamado hecho en redes sociales. Algunos civiles incluso vociferaron "el que no salta es mapuche".

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que La Moneda "condena absoluta a la violencia venga de donde venga" y sobre los enfrentamientos entre civiles añadió que también "condenamos la autotutela, es decir, que cada persona quiera tomar la justicia por su propia mano. En nuestro Estado existe el Estado de Derecho y por lo tanto son los tribunales los llamados a sancionar a quienes incurran en estas conductas".

"mayoría" por la paz

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, dijo en radio Cooperativa que si bien en la zona "hay una mayoría sustancial -sobre el 95% o 98% de la ciudadanía tanto mapuche como no mapuche- que está por la paz, el desarrollo, el crecimiento, el diálogo y el entendimiento", lo ocurrido en Curacautín responde a una "sociedad civil radicalizada que se tomó una municipalidad y, finalmente, lo que ocurre es que la propia sociedad, la propia comunidad, dice: 'Ya no tenemos tolerancia y queremos que esto no suceda'... Lo encuentro peligroso, porque puede ser escalable. La violencia trae violencia".

Aunque Sutil dijo "entender la frustración que la sociedad puede llegar a tener" por "una suerte de inestabilidad, falta de Estado de Derecho, falta de construcción de una sociedad común", sostuvo que "no podemos tomar" en nuestras propias manos la respuesta.

Otro que se refirió al tema es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, quien tras reunirse con el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo: "Consideramos que el Estado de Chile ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento del orden público, el Estado democrático de derecho con pleno respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, hay una situación cultural y social de racismo conocido por todos los chilenos que causa un enorme daño. Y, en tercer lugar, como instituto hemos llamado al diálogo, hay un acuerdo por la paz y el desarrollo de La Araucanía que nos parece clave retomar".

También se entrevistó con Pérez el líder del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien pidió al Gobierno prudencia y no aceptar "la autotutela, menos la violencia de civiles".

El intendente de la Región de la Araucanía, Víctor Manoli, informó que convocará a sus antecesores a una mesa de trabajo "transversal" para abordar los últimos hechos de violencia en la zona, con el objetivo de buscar una "solución política de integración" a la crisis.

A los incendios, daños y desalojos que hubo el fin de semana en algunos edificios municipales tomados por comuneros mapuches, se suman los ataques de días anteriores como el que provocó el descarrilamiento de un tren de carga. La Intendencia presentó nueve querellas por los sucesos del sábado y el domingo.

"Este tipo de actos lo único que hacen es acrecentar la vulnerabilidad que nuestros habitantes históricamente han tenido y que hoy en pandemia se ven afectados. Tenemos cinco municipalidades inutilizables, impidiendo acceder a los servicios", dijo Manoli.

Ayer hubo enfrentamientos en Collipulli, donde propiedades y vehículos fueron atacadas. Todo comenzó luego de que se inició una marcha no autorizada en respaldo a presos mapuches, lo que provocó enfrentamientos entre los manifestantes y fuerzas especiales de Carabineros, que los dispersaron con carros lanzagases y lanzaaguas. Algunos participantes provocaron desmanes. Según registros audiovisuales difundidos por redes sociales, hubo ataques incendiarios en contra de casas, camiones y vehículos particulares. También se lanzaron piedras a edificios públicos como el de la Fiscalía y se instaló barricadas.

En la provincia de Arauco, en tanto, sus autoridades están en alerta ante amenazas contra municipios, entre ellos el de Contulmo, cuyo alcalde, Mauricio Lebrecht, pidió resguardo para el edificio consistorial tras recibir amenazas.

El gobernador Óscar Muñoz confirmó el despliegue de carabineros en distintos puntos. El alcalde de Lebu, Cristián Peña, llamó a un diálogo entre el Gobierno y las comunidades, y a escuchar las demandas. Si esto no sucede, indicó, "la situación va a empeorar".

Las solicitudes de retiro del 10% del ahorro previsional en las administradoras de fondos de pensiones, opción que puede tomarse por una sola vez y que se implementó el jueves pasado vía online, llegaron a 7.123.747 al mediodía de ayer, según informó la Asociación de AFP.

Ayer, además, comenzó el proceso de solicitud de retiro vía presencial, especialmente pensado para quienes no tienen conexión a Internet o tienen dificultades al hacer el trámite de forma telemática, por ejemplo, al rellenar el formulario. Se habilitó 22 centros de atención presencial a lo largo de algunas de las principales ciudades de doce regiones del país. Según se observó, no hubo grandes aglomeraciones.

Los locales atenderán en su mayoría de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00 horas.

De todos modos, la Asociación de AFP reiteró su llamado a hacer el trámite vía online. "Evita asistir a sucursales y prefiere el proceso en línea", indicó en Twitter.

Proyecto de ley

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició la tramitación del proyecto de ley que establece que el juez de familia podrá decretar, en cualquier etapa del procedimiento, la retención de los fondos previsionales -el retiro del 10%-, con el fin de cautelar los derechos derivados de las pensiones alimenticias adeudadas. Recibida la solicitud, el tribunal deberá resolverla de plano, dentro del plazo de 24 horas.

La ministra y vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo ante la comisión que al domingo pasado ya se habían presentado 421.892 solicitudes de liquidación para concretar la retención del monto pedido a la AFP. "Sólo en la última semana de julio del presente año se han presentado 360.316 peticiones de liquidación, lo que corresponde a la carga de trabajo de un año y siete meses", detalló la magistrada.

El fondo Jefferies, uno de los principales interesados en completar la entrega de recursos para Latam Airlines, hizo una nueva e inesperada propuesta por el tramo A de financiamiento DIP (sigla en inglés de "deudor en posesión") de Latam Airlines, que lleva adelante un proceso de reorganización judicial conforme al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.

El grupo multinacional de servicios financieros presentó a un juzgado de Nueva York una oferta por US$1.300 millones, que es el monto que la aerolínea definió para dicho tramo de financiamiento. Esto se suma a los US$900 millones que el propio fondo Jefferies había ofrecido en el tramo C de financiamiento para Latam. La propuesta de Jefferies implica competir con Oaktree, que también ofertó US$1.300 millones para la aerolínea.

El planteamiento de Jefferies provocó una fuerte alza en las acciones de la compañía, que ganaron 6,46% a $1.385 en la Bolsa de Comercio de Santiago. Esto le significó obtener US$66 millones en capitalización bursátil.

Mientras, el Sindicato Nacional de Pilotos de Brasil dijo que seguirá buscando un acuerdo con Latam para evitar el despido de 2.700 trabajadores de la empresa en Brasil.