Violencia desatada
El nuevo ministro del Interior admitió la gravedad del problema en la Región de La Araucanía. El Gobierno tiene la obligación de mejorar sus estrategias al respecto. Se trata de episodios sencillamente inaceptables, que no pueden tener justificación alguna.
La semana pasada dejó una amarga sensación de inseguridad e impunidad a los habitantes de la Región de La Araucanía. Una serie de episodios de violencia, que incluyó quema de maquinaria, ataques a trenes de carga y disparos contra agricultores, confirmaron que la inseguridad es un tema que duele en dicha zona. Lo reconoció el pasado viernes el propio nuevo titular de Interior, Víctor Pérez, quien aseguró que la "violencia sigue desatada en La Araucanía".
Si bien el ministro hizo una invitación a que todos los sectores se unan para conseguir la paz y el diálogo, "aislando a los violentistas", lo cierto es que la violencia no permite vivir en paz.
Se trata de episodios sencillamente inaceptables, que no pueden tener justificación alguna y que reflejan cómo en esa Región se vive una situación de descontrol de la seguridad pública y donde incluso el Estado de derecho está puesto en entredicho.
Lo más lamentable es que se consolida una sensación de indefensión que da cuenta de la falta de efectividad de las estrategias policiales, judiciales y gubernamentales, para hacer frente al problema de la violencia rural, que ya por décadas afecta al territorio.
Pero contrario a lo que pudiera pensarse, no se trata de hechos nuevos ni tampoco aislados. Son una lamentable constante que se ha repetido con similar intensidad y un libreto parecido en periodos recientes, con una coincidencia: la falta de efectividad en los procesos para hallar a los responsables.
En todos los casos, el patrón ha sido el mismo: el repudio generalizado en el primer momento, el anuncio de acciones legales por parte de los gobiernos de turno y, posteriormente, el olvido público de los hechos, además del desconocimiento de la efectividad de las indagaciones policiales y, en general, de la acción de la Justicia.
El rechazo a este tipo de actos debe ser transversal, pero también es necesario abogar por el mejoramiento de las estrategias que permitan dar con los responsables y llevarlos a la Justicia.