Hace unas semanas se realizó en el Senado una sesión especial para analizar las denuncias acerca de cuentas abultadas del servicio eléctrico en el país. Los parlamentarios se refirieron a cobros abusivos y alzas desmedidas, para graficar la situación que se ha registrado en distintas regiones, con notorias alzas en las boletas. En la oportunidad, las autoridades de Gobierno citadas a la reunión también informaron sobre las medidas que se han adoptado, como la posibilidad de postergar el pago de algunas cuentas y prorratearlas en las facturas futuras sin intereses ni multas.

A juicio de los senadores que hicieron uso de la palabra, el principal problema se ha visto por el cobro que hacen las empresas en aquellos hogares donde no se puede hacer la lectura de medidores de manera presencial, por lo cual se promedian los últimos seis meses de consumo para enviar un valor estimado. Manifestaron que se han visto cuentas con hasta un ciento por ciento más de cobro y que la situación de muchas familias se está tornando muy difícil.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha dado a conocer que se encuentra "en alerta" ante el aumento en los reclamos que hacen los usuarios, por abultados cobros en las cuentas de energía eléctrica. Desde que comenzó la emergencia sanitaria en marzo, han recibido más de 35 mil denuncias de este tipo en el país.

La SEC ha formulado hace unos días cargos contra varias empresas eléctricas del país, por cometer errores en los procesos de facturación de sus clientes, durante los meses en que emitieron boletas con consumos estimados. Según la investigación que hizo el organismo, esas empresas no incluyeron oportunamente en las boletas el cargo por uso del sistema de transmisión, tal como lo establece la normativa eléctrica vigente, lo que impactó negativamente en las cuentas de luz de los usuarios, ya que este cobro se comenzó a acumular y terminó abultando las siguientes facturas que recibieron los clientes, una vez que se realizó la lectura del consumo eléctrico en el medidor. Es de esperar que a la brevedad se resuelvan esas distorsiones y que las boletas reflejen la realidad del consumo realizado por las familias, para no afectar más sus deprimidos presupuestos.

La discusión sobre el retiro del 10 de los fondos previsionales dejó en evidencia una serie de aspectos que evidencian la debilitada idea de los derechos sociales establecida en la Constitución, que no consagra una verdadera seguridad social, sino que ofrece un paquete de seguros individuales, de acuerdo a la capacidad de pago de cada cual.

Como resultado de ello, la gran mayoría de los chilenos solo puede acceder a una pensión magra y a una atención de salud precaria.

Fue necesaria una pandemia mundial para revelar lo que por años estuvo escondido bajo las alfombras de los encuentros empresariales y de los ranking internacionales: nuestra precariedad económica, nuestras deficiencias sanitarias y la inexistencia de un sistema de seguridad social capaz de hacerse cargo de las necesidades de las personas.

El Estado, que debía dar protección, ha optado por estar ausente en las necesidades esenciales de las personas.

El debate sobre el retiro del 10% tiene un valor adicional, porque permite abrir la discusión sobre el sistema de pensiones que el país necesita. Ha quedado ampliamente demostrado que las AFP no garantizan seguridad social y que debemos avanzar hacia un nuevo modelo, que priorice la seguridad de los pensionados y no las ganancias de las administradoras de los fondos.

El Estado debe tener un rol más activo en la protección de las personas. En garantizar el acceso a una salud digna, eficiente y oportuna, en asegurar una vejez tranquila y económicamente estable, en ofrecer certezas y confianzas frente a tiempos aciagos como los que estamos viviendo. Esas tareas no pueden seguir en manos de privados.

El mercado ha demostrado ampliamente su incompetencia para resolver los problemas sociales. Ni siquiera ha sido capaz de salvarse solo, porque ante el primer contratiempo, los grandes empresarios no dudaron en pedir ayuda al gobierno.

El modelo no resiste más remiendos. Hoy más que nunca necesitamos un nuevo marco de convivencia que se haga cargo de las deudas pendientes del Estado con la gente, que le ponga freno al modelo neoliberal y que establezca un nuevo paradigma de convivencia. Todo ello debe plasmarse en una nueva constitución.

Rabindranath Quinteros, senador por la Región de Los Lagos