Tristemente, no sólo han cambiado las costumbres sociales y formas de higiene personal en el contexto de la pandemia que vive actualmente el mundo entero y respecto de la cual hay más dudas que certezas en el futuro. También lo han hecho las conductas delictuales en la Región de Los Lagos, que en los meses desde que comenzó el covid-19 y, por lo tanto, el confinamiento sugerido y obligado por las autoridades, han experimentado una sostenida mutación hacia el robo en lugares no habitados, que anotan un incremento de 17% en lo que va de este año, en comparación con igual período de 2019.

Los principales afectados de este comportamiento antisocial han sido los establecimientos educacionales, restaurantes y locales comerciales, los cuales aparentemente han quedado en una especie de indefensión producto de su menor ocupación, habida cuenta de que las personas están permaneciendo un mayor tiempo en sus casas. De hecho, la Fiscalía de Puerto Varas precisó que se encuentra investigando cuatro atracos ocurridos en las últimas semanas a locales gastronómicos y comerciales de la ciudad lacustre, lo que da cuenta de una inquietante tendencia que debe ocupar y preocupar a las fuerzas policiales y al Ministerio Público.

Considerando que muchos de los robos a lugares no habitados se han verificado en horas de la noche, vale la pena demandar de parte de las fuerzas policiales y militares a cargo del orden público, un aumento visible en los patrullajes. Desde mediados de marzo que todo el territorio nacional se encuentra bajo la excepción constitucional de Estado de Catástrofe, con toque de queda para la circulación de personas y la prerrogativa para que los uniformados se hagan cargo de la seguridad pública. Con esta normativa, que es bastante estricta, se supone que nadie debería circular por la vía pública en las noches y que la labor de las fuerzas uniformadas debería verse facilitada.

No es buena señal que en tiempos de Estado de Catástrofe hayan aumentado los robos a inmuebles sin moradores. En un escenario de excepción constitucional de esta magnitud, la ciudadanía espera mayores niveles de seguridad pública.

Ya en abril, el Programa Mundial de Alimentos, WFP, alertó que la crisis económica provocada por la pandemia afectará duramente a las personas sin redes de apoyo gubernamentales. El diagnóstico del organismo fue claro al categorizar la situación como una "crisis aguda de alimentos y medios de subsistencia".

Las señales de las predicciones ya se están dando: un grave deterioro del intercambio del comercio internacional de bienes, disminución de puestos de trabajo, que en el caso de Chile han llevado al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, a señalar que hoy su temor es que la gente de su comuna muera de hambre antes que de covid.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública anunciaba el mismo viernes que la delincuencia había aumentado un 33% en algunas comunas de la capital y la cantidad de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos arrojaba un peak de 500 personas, con una creciente alza del número de contagiados.

Es evidente que la confluencia del riesgo sanitario y el deterioro económico nos llevan al punto de riesgo que se había anunciado en marzo.

En nuestra zona, donde el frío y la leña contribuyen a aumentar las enfermedades respiratorias, es momento de extremar el cuidado, el que debe partir por un compromiso personal más que por imposiciones externas, a no ser que alguien esté sugiriendo que ha llegado el momento de establecer un estado policial que obligue a las personas a hacer algo tan básico como cuidarse y cuidar a los demás.

En todo este escenario, el agro ha ido afinando sus protocolos de funcionamiento para cumplir el objetivo de mantener un abastecimiento seguro de alimentos, sin poner en riesgo la salud de quienes damos vida a esta cadena.

Nosotros estamos haciendo nuestra parte y el Estado debe continuar haciendo lo suyo, velando por el correcto y expedito funcionamiento de las barreras sanitarias; la no aplicación de nuevas cargas impositivas que compliquen una operación que ya ha sido económicamente compleja; la supervigilancia de las instituciones bancarias para que efectivamente traspasen a los clientes las líneas de financiamiento definidas por el Estado; y, sobre todo, asegurando los ingresos de las familias más carenciadas.

Estamos preparados para seguir cumpliendo nuestra labor.

Christian Arntz Mac-Evoy, presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago)