Un total de 1.065 empresas de la región de Los Ríos se han acogido hasta el momento a la Ley de Protección del Empleo, iniciativa impulsada por el gobierno para mitigar los efectos económicos acarreados por la pandemia del covid-19 y lo cual ha involucrado a un total de 5.168 trabajadores a nivel local.

Así lo informó el seremi de Gobierno, Pedro Lamas, quien explicó que según la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), al 23 de abril el total nacional alcanza a las 66.573 solicitudes de empresas y 516.826 de trabajadores para suspender temporalmente las actividades en la modalidad "pacto de suspensión". Con esto, en el caso de las empresas el 1,6% corresponde a la región de Los Ríos, mientras que para el caso de los trabajadores alcanza el 1,0% del total nacional.

"Como gobierno, sabemos que esta pandemia está acarreando duros efectos sobre la actividad económica, lo cual pone en riesgo muchos puestos laborales. Por lo tanto, hemos sido responsables en proteger la salud de los trabajadores y también sus ingresos. Gracias a esta nueva ley, cuando la fuente laboral es incapaz de generar los ingresos para pagar las remuneraciones, un porcentaje de este sueldo es pagado a través del Seguro de Cesantía. De este modo, más de 5 mil trabajadores en Los Ríos ya se han acogido a esta alternativa", explicó.

Pedro Lamas agregó que "el principal objetivo de esta iniciativa es evitar que más trabajadores pierdan su empleo. Si no hubiésemos creado este mecanismo, muchos trabajadores estarían hoy cesantes y sin recibir remuneraciones. De esta forma, hemos amortiguado sustantivamente los peores efectos de este impacto económico sobre el empleo".

Reacciones

Consultado al respecto el vicepresidente de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Valdivia, Roberto López, expresó que "esta ley no tiene ningún beneficio, pues la plata que se está utilizando es la misma que fueron ahorrando los trabajadores y si la situación no mejora en los próximos meses, la gente puede ser despedida y ya no va a tener fondos a los cuales recurrir. Eso es muy preocupante".

"Esta ley tampoco se preocupa de los trabajos part time e informales, que son muchos en el área del turismo. Como Cámara, hemos tratado de conversar con las autoridades para explicarles esto, pero no lo hemos logrado", agregó.

El dirigente subrayó que "se necesita más que esta Ley de Protección al Empleo. Se debe hacer un catastro regional de todos los locales que están sin movimiento, muchos de los cuales deben estar prácticamente quebrados. Por poner un ejemplo, los arriendos comerciales en Valdivia son tremendamente caros y nadie se hace cargo de ello. Falta más solidaridad de los empresarios inmobiliarios y de todas las partes".

Diferente es la opinión del presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Panguipulli, Germán Avendaño, quien sostiene que "la Ley de Protección al Empleo nos parece positiva, porque los beneficiados son los trabajadores, que no pierden su vínculo laboral. Nos permite seguir adelante por un par de meses, a pesar de que no hay que olvidar que el monto que se va a entregar a los trabajadores va decreciendo".

"Los trabajadores lo han tomado bien. Se ha conversado con la gente y considera que es un salvavidas, al menos momentáneo, pero si esto se alarga vamos a necesitar más que esta ley", complementó.

Marcelo Galindo

Hasta el momento son 34 los vehículos (90% autos) que ha incautado en toda la región el Ministerio Público, en el marco de las infracciones cometidas por personas que no han respetado las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus.

La mayoría de los vehículos que han estado sujetos a esta instancia penal, corresponden a las comunas de Osorno y Puerto Montt.

"Estos vehículos aún están en proceso de incautación y el comiso y posterior remate lo tiene que decretar el juez, por lo que en estos instantes sólo están en calidad de incautados", explicó la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer.

De acuerdo a la persecutora penal, el vehículo es retenido por el Ministerio Público porque es un elemento considerado para cometer un delito que es contra la salud pública por el cual se da inicio a una investigación.

"El móvil es incautado porque se comete un delito con ello y de acuerdo a las normas generales del Código Penal procede la incautación", afirmó.

Al profundizar sobre la instancia penal indicó que el comiso tiene calidad jurídica de una pena, "es como cuando se entrega una condena respecto de lo investigado. Lo incautado se refiere principalmente a automóviles, alrededor del 90% de ellos y el resto camionetas y otros tipo de móviles", anotó.

Recursos

De acuerdo al jefe de Estudios de la Defensoría Regional Boris Hrzic la incautación depende de distintos factores, relacionados con que el móvil, por ejemplo, sea o no necesario para cometer el delito.

"Respecto de las acciones posibles, existe una gama de recursos jurídicos, que tienen por objetivo central restablecer el dominio sobre el vehículo, sin embargo, el uso de cada una depende del análisis técnico que haga cada defensor y defensora de la causa que le ha tocado representar", expuso.

En cuanto de cómo evitar la incautación del vehículo, Hrzic hizo un llamado a respetar la norma sanitaria.

"Es difícil evitarla porque es, en términos generales, legal. Esto es muy distinto de que, posterior a la incautación, la defensa pueda discutir si esta procedía o no, dependiendo de cómo ocurrieron los hechos, para devolver el auto, finalmente, a su dueño", detalló.

Detenidos

La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, aseguró que en total a la fecha van mil 442 casos de personas detenidas en toda la región.

Manifestó que estos ingresos se refieren a casos de personas que han cometido infracciones por toque de queda y no respetar la cuarentena.

"De ellos han sido formalizados 119 y los cargos son por cometer delito contra la salud pública del artículo 318 del Código Penal".

Agregó que a los 119 formalizados se suman 100 personas más respecto de las cuales la Fiscalía ya ejerció la acción penal pública, "incluyendo tres condenados y hay cinco en prisión preventiva, pero ellos además estaban cometiendo otros delitos".

Recalcó Wittwer que el objetivo de la Fiscalía es perseguir estos delitos "y recalcar que se siguen indagando todos los hechos ilícitos que se cometen y denuncian, y respecto de ello las investigaciones no se detienen y con los medios que se cuentan con el esfuerzo de fiscales y funcionarios se ha continuado funcionando".

La persecutora entregó un dato relevante, y aseguró que de los sujetos fiscalizados dos o más veces son 119 en total. "Tres de ellos han sido fiscalizados en cuatro oportunidades, en Osorno (2), Puerto Montt, y Calbuco".

En el mismo plano el intendente Harry Jürgensen, dijo que "estamos en estado de emergencia de catástrofe y se trata de un estado constitucional excepcional, que el orden y la seguridad está en manos del jefe de la defensa nacional".

3 de los detenidos han sido fiscalizados en 4 oportunidades tras cometer mismo número de infracciones.

119 personas han sido controladas por la autoridad, por cometer infracciones, dos o más veces.