Su primera actividad oficial tras su constitución como Colegio Provincial del Colegio de Abogados de Osorno realizó su presidente, José Manuel Baquedano, y fue hace unos días con el -hasta ese entonces- gobernador Daniel Lilayú, con la finalidad de dar a conocer el trabajo que buscan realizar con la comunidad.

"Tras nuestra constitución a fines del año pasado, se crearon varias comisiones, centrando el trabajo en la contingencia que pasa el país y el próximo plebiscito de abril. Queremos aclarar las dudas de los vecinos y ser un ente neutro, y educar a la comunidad y que ellos luego opten por la opción que estimen conveniente", comentó Baquedano.

Encuentro

El abogado sostuvo que en la reunión con el -hasta hace unos días- gobernador, le expuso las medidas que el Gobierno Central e Interior han tomado y cómo combatir la alteración al orden público.

"Fue una franca conversación donde se ve la preocupación de trabajar por la seguridad y mantener el orden público. Es una preocupación que tenemos también como Colegio, y esperamos que quienes están por perseguir y sancionar apliquen la justicia acorde a la realidad de los hechos, tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial estén en la misma sintonía, porque Chile quiere paz", manifestó.

Otro tema que preocupa al gremio son los desalojos que se han anunciado por la toma de terrenos tras el estallido social.

"Que se respeten las tomas, ya que el concretar las desocupaciones sólo generará más violencia. Sabemos que es un tema complejo en el cual muchas familias buscan poder tener su hogar, pero por falta de soluciones no les permiten cumplir su sueño. Aquí hay dos bienes jurídicos en juego, la propiedad privada y la estabilidad de las familias. Es un tema complejo y quienes deban entregar las respuestas a estas personas lo hagan sin materializar los desalojos, que insisto, generan las alteraciones al orden público cuando muchos buscan la Paz" indicó José Manuel Baquedano.

Sergio Silva

Decepción es la palabra que grafica la situación que atraviesa el reconocido piloto de Fórmula 3 de la década de los '80, Ramón Torres Rodríguez (75 años), quien denunció en la justicia a dos de sus trabajadores por una estafa que llega a $80 millones.

Torres, quien además es propietario de la Constructora Inca y efectúa labores agrícolas en el fundo Ñadi Redondo (camino Tegualda-Frutillar), presentó en diciembre pasado la querella criminal en el Juzgado de Garantía de Osorno, en contra de los dos empleados, ambos desvinculados de las empresas de la víctima.

Uno de ellos hoy es representante legal de una sociedad agrícola y comercial de Osorno, el cual trabajó como administrador del predio agrícola; el otro con residencia en Los Andes, tenía la función de analista contable en la empresa.

Tras una fiscalización efectuada por personal del Servicio de Impuestos Internos (SII) se detectaron anomalías en facturas de productos, que fueron pagadas pero los insumos nunca ingresaron al predio.

Justicia

Tras una auditoria realizada en las arcas financieras de tres meses, se confirmó la existencia de irregularidades por más de $80 millones.

Douglas Mery, abogado de la víctima, indicó que el tribunal acogió a tramitación la querella la cual fue enviada al Ministerio Público para comenzar el curso de la investigación y que los responsables asuman sus sanciones.

"Nosotros en la auditoría tomamos las últimas tres facturas y al parecer estas personas venían de antes cometiendo la estafa", detalló.

En el delito están implicados un trabajador del predio y el auditor que tiene la empresa de la víctima: el primero hacia que compraba productos que nunca llegaron al predio, mientras el otro veía el tema contable. Ambos eran empleados de confianza de Ramón Torres, añadió el abogado.

Tras descubrir la estafa, el analista contable y que llevaba más de dos décadas trabajando con la víctima, reconoció el hecho y entregó más antecedentes de la forma cómo se cometieron las defraudaciones, que fueron captadas tras una fiscalización del SII.

Según la querella, se detectaron siete facturas a la empresa que acreditarían las defraudaciones por compras de insumos para la siembra, haciendo los pedidos a las empresas agrícolas proveedoras de los productos las que emitían las facturas a nombre de la víctima, sin llegar la mercadería, pese a estar cursados los "visto bueno" para proceder al pago por la compra.

Fiscal y víctima

En conversación con El Austral, el afectado con más de 40 años como empresario de la construcción, lamentó que la confianza depositadas en sus empleadores haya sido traicionada de esta forma.

"Con uno de ellos la relación venía de los tiempos del Rally Mobil, cuando participaba con mi hijo, y se fue a trabajar conmigo al campo. Era de mi confianza absoluta, pero nunca me imaginé que me iba a traicionar; el otro trabajó en la constructora y era como parte de la familia. Fue todo muy fuerte, era una relación muy especial, cuando uno confía se entrega. Cada cual en sus labores eran mis brazos derechos, nunca me imaginé que me iban hacer esto", comentó.

El fiscal Matías Montero confirmó el inicio de una investigación desformalizada por estafa, donde se responsabiliza a dos ex trabajadores de cometer el delito.

"Hay diligencias que ordené a detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Osorno. Hemos pedidos peritajes contables a la empresa y estamos a la espera de reunir más antecedentes de este caso que ingresó por una querella, donde por el momento no hay imputados formalizados", sostuvo el abogado del Ministerio Público de Osorno.

La estafa habría sido cometida entre mayo del 2017 y julio del 2019.

"Cuando uno confía se entrega, cada cual en sus labores eran mis brazos derechos, nunca me imaginé que me iban hacer esto"

Ramón Torres, Afectado por estafa

Renuncia SII