Más de 6.900 hechos graves de violencia se han registrado en el país desde el viernes 18 de octubre, los que han derivado en 18.096 detenciones, informó Carabineros.

El coronel Julio Santelices entregó ayer un nuevo balance, según el cual la mitad de las detenciones corresponde a desórdenes (9.126 personas) y un 27% a involucrados en saqueos (4.921). En total, ha habido 929 de estos eventos, conocidos oficialmente como robo en lugar no habitado. Entre el viernes y el sábado en la mañana, acaecieron dos: uno a un supermercado de La Cisterna y otro en el Registro Civil de Puente Alto.

En la misma jornada, se detuvo a 145 personas, incluyendo 103 por desorden, 14 por saqueo, 13 por órdenes judiciales y tres por maltrato a carabineros en servicio. Seis cuarteles de la policía uniformada fueron atacados: tres en la Región Metropolitana, uno en Caldera, otro en Copiapó y uno en Quillota.

En la estación Manuel Montt del Metro de Santiago, cerca de 70 estudiantes destrozaron tres validadores al realizar una evasión masiva. También hubo daños en el Hospital Padre Hurtado, de la comuna de San Ramón, así como en el Juzgado de Garantía de Caldera, en la Intendencia Regional de Coyhaique y en la Superintendencia de Salud de la Región de Ñuble. Asimismo, se registraron 14 interrupciones en rutas del país, tres de ellos en la Ruta 5.

Ministerio público

También la Fiscalía hizo ayer un balance. Informó que 30.102 personas fueron llevadas a audiencias de control de detención -fase posterior a la detención y previa a la formalización-, por diversos delitos, entre el inicio de las manifestaciones sociales, el 18 de octubre, y el 22 de noviembre. La cifra es 11% superior a la registrada en el mismo periodo de 2018, en tanto que el mayor número de imputados se concentra en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, y Biobío.

De acuerdo al análisis del Ministerio Público, el total de formalizados en el periodo ascendió a 20.217 personas, lo que significa un 61% de incremento respecto de igual periodo de 2018. El 87% de los imputados pasados a las mencionadas audiencias fueron detenidos en flagrancia, esto es, 26.092 personas, lo que representa un incremento de 30,4% en relación con las mismas semanas del año pasado. Ello da cuenta de "un importante aumento en la carga de trabajo del sistema de justicia penal", sostiene el análisis del Ministerio Público.

Entre el total de formalizados, la Fiscalía pidió y logró 1.957 prisiones preventivas, en tanto que en otros 20.525 casos se decretó prohibición de asistir a determinados lugares, de acercarse a la víctima, y de salir del territorio nacional, entre otras disposiciones dictadas por los tribunales de justicia. Con ello, el total de medidas cautelares del periodo asciende a 22.581.

Las cuatro fiscalías regionales metropolitanas concentran el 33 por ciento de los imputados llevados a audiencias de control de detención (9.827 personas), seguidas de Valparaíso (4.760) y Biobío (2.472).

En lo que respecta al tipo de delito cometido, el robo en lugar no habitado (saqueo) es el que más se repite: creció un 183% desde el comienzo de la crisis. Son 2.493 las personas que han pasado por audiencia de control de detención por tal motivo. Los desórdenes públicos llevaron a esa fase a 1.934 personas.

87% de los imputados pasados a las audiencias de control de detención fueron detenidos en flagrancia.

2.493 personas han pasado por audiencia de control de detención por saqueo, informó el Ministerio Público.

9.126 detenidos por desórdenes ha registrado Carabineros desde el 18 de octubre, cuando se inició la crisis.

El Instituto de los Derechos Humanos (INDH) ha presentado 604 acciones judiciales ante eventuales atropellos de agentes del Estado a estos derechos en el país desde que se inició la crisis social y de violencia el pasado 18 de octubre.

Ayer, el ente autónomo estatal entregó un nuevo reporte. Consignó que ha visitado a 8.168 personas en las comisarías, incluyendo 1.222 mujeres, 5.828 hombres y 961 menores de edad.

En cuanto a las personas que han sufrido heridas oculares, el informe da cuenta de 241 casos, de los cuales 161 son trauma, 73 corresponden a una lesión, 5 tienen resultado de pérdida ocular y 2 se inscriben en estallido ocular.

El INDH precisó que entre las 604 acciones judiciales, seis son querellas por homicidio, nueve corresponden a homicidio frustrado, 88 son por violencia sexual, 458 son por torturas y tratos crueles, 19 corresponden a lesiones, cinco tienen que ver con recursos de queja y 19 guardan relación con recursos de amparo.

En esa misma línea, el instituto estatal comunicó que ha representado a 830 presuntas víctimas: 151 menores de edad, 171 mujeres y 508 hombres.

En el mismo ámbito, la Fiscalía reportó que ha abierto 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos. Entre las eventuales vulneraciones se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas, violencia sexual y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otros efectos han provocado los 241 casos de lesionados oculares.

Proyecto de navarro

El senador Alejandro Navarro anunció la presentación de un proyecto de ley para castigar con presidio efectivo a quien niegue las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile tanto en el régimen encabezado por Augusto Pinochet como en la actualidad. "Países como Alemania, Francia o el Reino Unido penalizan los discursos negacionistas o que inciten al odio", expresó.

"Esta negación a la violación a los derechos humanos en nuestro país debe ser penada con cárcel, con una pena que vaya desde los 541 días hasta los 3 años y 1 día, según la gravedad de los dichos, que es la misma pena que el Gobierno quiere aplicar a los manifestantes", precisó en alusión a quienes cubran sus rostros con capuchas, a los que el Gobierno busca sancionar en caso de que cometan violencia.