Varios días de agitación lleva el país. Ocho días desde que comenzaron las evasiones masivas protagonizadas por estudiantes secundarios en el Metro de Santiago; y cuatro desde que el estallido social alcanzó ribetes insospechados y no vistos desde que se recuperara la democracia en el año 1990. A estas alturas, la sensación de rabia, malestar y miedo, combinado con alguna esperanza de que el panorama social de la nación cambiará, embarga a una ciudadanía que en su gran mayoría espera modificaciones que le permitan afrontar con mayores certezas el futuro. Hay una minoría, por supuesto, que opta por el camino de la violencia y el atropello de la propiedad pública y privada. Aquella debe ser arrinconada con las herramientas legales de que goza la república.

Si bien la tarea primordial para salir de esta crisis reside en una clase política que tibiamente empieza a comprender la magnitud de un malestar social que se arrastra desde hace años, la ciudadanía, las personas de a pie, pueden también aportar desde sus propias posiciones a generar un clima en el que prevalezca la civilidad, el diálogo y la tolerancia. Basta viralizar un video de dudosa procedencia, basta insultar al otro porque piensa distinto, basta extremar los pensamientos, para contribuir a la justificación de una violencia que perpetuará un estado de convulsión que debe descomprimirse rápido para lo que la gran mayoría anhela: exigir los cambios que se requieren y recuperar la paz para que las familias se sientan tranquilas.

Cada uno de los ciudadanos del país de verdad puede colaborar en bajar la tensión mediante el cultivo de un diálogo sereno que aceptando las diferencias, esté dispuesto a avanzar, descubriendo la verdad que puede existir en el otro y renunciar a los prejuicios que tanto daño provocan. Por cierto es una tarea compleja en esta época de posverdades y noticias falsas. Escuchar tantos mensajes llenos de odio, de lado y lado, puede nublar la visión y obstaculizar la perspectiva de cualquier persona que sólo quiere vivir en paz y con mejores oportunidades para su familia. Chile necesita ahora diálogo, tolerancia y empatía con el otro. No es mucho pedir si se quiere salir adelante.

Todos sabemos que la prioridad de las isapres -como toda empresa privada- es la generación de utilidades para sus dueños y no la provisión de una salud de calidad a sus usuarios, que incluya, por ejemplo, la prevención. Esto debe cambiar, y desde la presidencia de la Comisión de Salud estamos impulsando una batería de indicaciones al proyecto de ley que presentó el Ministerio de Salud.

Así, y de manera unánime, pusimos punto final a las preexistencias que hoy mantienen cautivos a muchos de los usuarios, eliminando la discriminación por la condición de salud de las personas. Otra de las indicaciones impulsadas por los partidos de la oposición y a la que se dio luz verde establece un precio único por el plan de salud universal por isapres.

Hoy, las aseguradoras ofrecen miles de planes y cobran valores diferentes que están asociados a esos planes. Con esta modificación, sólo podrán ofrecer hasta tres alternativas, diferenciados por la red de centros clínicos de salud que ofrecen. De esta forma, las isapres no podrán cobrar precios diferentes ni rechazar la afiliación por razones de edad, sexo o condición de salud.

Pero nuestra propuesta es más ambiciosa y también queremos poner fin a la integración vertical, que impide que las aseguradoras contengan el gasto de las clínicas. Además, impulsamos que el plan de salud universal asegure acciones y prestaciones integrales y que la bonificación no podrá ser menor de un 80%. Buscamos que los usuarios accedan a planes de por vida y de esa forma las isapres estarán obligadas a apostar por la prevención. Para la oposición este es un eje central que debe estar presente en la reforma.

En ese sentido, las isapres tendrán que establecer programas de prevención por rango etario. Sin embargo, para que esta reforma funcione debe caminar de manera paralela con el cambio al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y por ello hemos pedido que el nuevo proyecto anunciado por el Gobierno se ingrese a través del Senado, para ser discutido en conjunto en su Comisión de Salud.

Los usuarios del sistema privado han esperado demasiado tiempo el término de los abusos, mientras que los usuarios del sistema público exigen, con razón, una atención más oportuna y de calidad. Estamos en condiciones de avanzar en ambos frentes, aunque soy un convencido que la solución de fondo pasa por un sistema universal y equitativo, que reconozca efectivamente el derecho a la salud de todos los chilenos.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos