Paola Rojas

A raíz de la crisis registrada en Osorno por el corte de agua de la empresa Essal (que se extendió entre el 11 y 20 de julio) los abogados de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia y Diego Pardow, analizaron las consecuencias desde la perspectiva de las compensaciones y del término de la concesión, en el seminario "Lecciones y desafíos para el derecho a partir de la crisis sanitaria en Osorno", efectuado en la casa de estudios en Santiago.

En primer lugar, se plantea el riego que significa la mediación entre los afectados y la empresa, ya que imposibilita a los primeros a realizar acciones legales en un plazo de seis meses.

Por otro lado, el análisis del término de la concesión y las imposibilidades técnicas planteadas a nivel ministerial no tendrían asidero legal, ya que en la práctica esto ya se ha realizado con otras firmas.

Atados de manos

El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia, señaló que desde la perspectiva de las reglas de responsabilidad civil, es decir los daños que debe cubrir Essal luego de lo sucedido, se pueden calificar como altamente negligentes en su actuar y con ello lo lógico es una demanda por parte de los consumidores.

En este sentido, sobre la base de las declaraciones del operario a cargo, de la investigación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y de la formulación de cargos de ésta, afirman que existe una actuación negligente de la firma.

Además, recordaron que la firma utilizó un equipo electrógeno para abaratar costos permanentemente en los horarios punta de electricidad, teniendo en cuenta que ese costo ya está incluido en la tarifa de los consumidores.

A esto se suma -según dijeron- la precariedad de las instalaciones, con una mediagua que albergaba al estanque de petróleo y ubicada en un lugar evidentemente riesgoso para que ocurriera el derrame sobre las piscinas. Y con la responsabilidad de todas estas operaciones a cargo de una sola persona.

Asimismo, los abogados de la facultad de Derecho mencionaron los errores en la información entregada por la empresa, en cuanto a los tiempos de restitución del servicio, no proveer de un número de estanques de agua potable necesario para la población, además de un segundo corte de agua generado por otra falla.

Pese a la culpabilidad de la empresa en un escenario judicial, la situación es actualmente objeto de una mediación colectiva del Sernac, lo cual impide que las asociaciones de consumidores inicien acciones durante seis meses producto de la actual negociación.

También hay involucrados otros daños debido al corte y la pérdida de utilidades de las empresas que se vieron impedidas de trabajar.

"Podemos pedir la restitución de los daños directos, de las utilidades que se perdieron y también por el daño moral que está autorizado desde la última reforma del Sernac. En particular, como la ley dice ahora que se afecta la dignidad de las personas de manera masiva, hay lugar a indemnización por daño moral", explicó Tapia.

Además, plantea que dada la masividad y daño a la dignidad y, por el riesgo sanitario, la ley prevé un eventual aumento de 25% de toda la indemnización, a modo de sanción.

Acerca del acuerdo, Tapia señaló que por la gravedad de la situación, no es una tema que se debiera tener al margen de los tribunales, tal como se está realizando actualmente producto del proceso de mediación que lleva a cabo el Sernac.

Se puede poner fin

El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y director del Centro de Regulación y Competencia, Diego Pardow, se refirió a las dos dificultades presentadas por el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para caducar la concesión de Essal, que son la falta de claridad sobre quitar la concesión de tratamiento de aguas servidas y que tampoco podría sostenerse como un negocio económicamente viable por sí solo.

La otra dificultad técnica mencionada por el secretario de Estado es sobre la definición de los bienes necesarios para garantizar la continuidad del servicio, porque determinar los bienes afectos a la concesión de los servicios sanitarios es un procedimiento engorroso.

En este sentido, el profesional asegura que estos dos problemas no son nuevos, ya que el empaquetamiento de distintas áreas de negocios en torno a una concesión es algo que ha ocurrido en el caso de las isapres, cuando fue parte de la discusión en la quiebra de Vida Plena y la solución para eso es tratar como una sola concesión todas aquellas que son necesarias para la viabilidad del negocio.

Lo segundo es que también han sido objeto de regulación, en el caso de bienes sujetos a la concesión y sobre la continuidad del suministro, los operadores del Transantiago, por lo que la postura del abogado es que las dificultades técnicas, mencionadas por el ministro, tienen una solución que pasa por la decisión de ejecutarla.

Pardow reconoce sí que hay riesgos legales, ya que la normativa existente es muy antigua y, por lo tanto, no está bien diseñada para lidiar con un problema de este tipo. Es más bien para garantizar a los empresarios la seguridad de sus inversiones y no para lidiar con concesionarios que demuestran ser incapaces de incumplir con los estándares mínimos del servicio.

Agregó que entre las estrategias frente a esos riesgos legales, que son consecuencia de una ley mal diseñada, está hacer una ley corta, no obstante, esta crisis queda sin castigo.

"Como académico estoy cansado de que las cosas siempre se resuelvan con leyes cortas, porque cuando uno lo hace de esa manera, a la primera persona que incumple le sale gratis y el estado en que estamos hoy día, las empresas no se toman en serio la amenaza de que pueden perder la concesión, porque a nadie le caducan una concesión en ningún servicio, ya que el primer incumplimiento no genera consecuencias. Creo que esa dinámica es muy perjudicial para el funcionamiento de nuestros sectores regulados", dijo.

"Ser un país serio, con reglas del juego claras, también significa castigar a las empresas irresponsables con todo el peso de la ley", concluyó.

"Ser un país serio, con reglas del juego claras, también significa castigar a las empresas irresponsables con todo el peso de la ley".

Diego Pardow Abogado de la Facultad de Derecho de la U. de Chile