A partir del 1 de enero de este año entró en vigor lo dispuesto en el artículo 8 del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Osorno. Se trata de exigencias que aumentan el estándar de aislación de todas las viviendas que se construyan en la comuna, tanto en el sector urbano como en el rural, con y sin subsidio. Con esto se busca que disminuya la demanda por calefacción y, consecuentemente, se reduzcan las emisiones en nuestra contaminada ciudad, medida que por cierto debemos apoyar.

Dentro de las nuevas reglas que se imponen, dos muy relevantes tienen que ver con las ventanas. Por una parte, se limita la cantidad a instalar dependiendo de la orientación que se escoja, y por otro lado, estas deben ser certificadas o elegirse dentro de un listado que entrega muy pocas opciones. El tamaño mayor disponible apenas supera los 3 metros cuadrados y todas deben ser con doble vidrio.

Entonces, dado que el diseño se verá fuertemente restringido a las pocas alternativas que son provistas actualmente, se hace urgentemente necesario contar con la posibilidad de una certificación asequible para aquellos modelos que se escapen de la lista.

Actualmente, la alternativa más cercana se encuentra en la Región del Bío Bío y sólo existen en el país dos laboratorios más que se encuentran en Santiago. Así, el costo de la certificación es hoy más caro que la ventana misma. La consecuencia de esto es que en la Dirección de Obras Municipales no se ha aprobado ningún expediente nuevo ingresado desde el 1 de enero a la fecha, lo que ha paralizado la construcción de viviendas.

En el gremio hemos discutido este tema y nuestra propuesta a la autoridad es que se aumenten las opciones disponibles y, además, se provea por lo menos de un laboratorio para certificación en cada una de las diez comunas en que se está aplicando esta exigencia (similarmente a lo que se hace con las plantas de revisión técnica; ¿se imagina tener que ir a Concepción a hacerla?). Los beneficios económicos sociales de mejorar el aire, como argumenta el mismo PDA, compensarán largamente esta inversión.

Estamos ciertos de que todos queremos cumplir con las nuevas normativas, pero creemos que para ello primero se deben crear las condiciones, luego realizar la capacitación a los involucrados y finalmente hacer exigible el cumplimiento. En este tema, haber partido en orden inverso nos dejó sin solución a la vista.

Alicia Vesperinas, ingeniero civil estructural

y presidenta de la CChC de Osorno

A los diez días de iniciarse el período de gestión de episodios críticos de este año que contempla el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Osorno, y que faculta a la autoridad a decretar jornadas de emergencia y preemergencia ambiental para proteger la salud de la población, desde el Ministerio de Medio Ambiente vino al fin un anuncio largamente esperado para la materialización del programa: la inyección de más recursos para acelerar el recambio de calefactores. De acuerdo a lo que explicó el seremi de la cartera, en este 2019 se incrementará en $1.000 millones la provisión para financiar los subsidios que buscan reemplazar las estufas a leña por otras alternativas que amplían la matriz energética, tratando de acortar la brecha que se ha producido desde 2016, pues desde entonces no se ha cumplido a cabalidad con la meta de recambio que se impone el PDA.

Tal como lo recuerdan quienes han seguido con atención el devenir del plan de descontaminación, el primer traspié del recambio de estufas se produjo el mismo año de inicio del PDA, cuando la emergencia de la marea roja en la Región de Los Lagos motivó que la autoridad destinara recursos destinados a los subsidios a la crisis generada en Chiloé, con la promesa (nunca adecuadamente explicitada) de que a futuro se restituirían esos fondos. En virtud de ello, el anuncio de incremento de platas viene a compensar, aunque sólo en parte, el retraso que comenzó en 2016 y que luego fue aumentando en las dos temporadas siguientes, pues en ninguna de ellas se cumplió con la entrega de beneficios calendarizada en el PDA.

El otro punto en discordia del anuncio proviene del origen del financiamiento de los $1.000 millones de este año, cubiertos con platas sectoriales (Ministerio de Medio Ambiente) y de fondos regionales, lo que a algunos integrantes del Consejo Regional les está causando cierto escozor, habida cuenta de los limitados montos que se pueden decidir a nivel local (uno de los más clásicos efectos del centralismo). Si bien aparentemente esta opción está inserta en el PDA y en otros instrumentos de políticas regionales, vale la pena iniciar una reflexión acerca de las obligaciones financieras del nivel central para con el plan de descontaminación y los montos de inversión de decisión regional.