Raelmy Bolívar

Un trabajador agrícola fue condenado con la pena de 12 años de cárcel por haber cometido el delito de violación contra una niña de 11 años al momento de ocurrido el delito (ahora de 14), la cual resultó embarazada en un hecho ocurrido en el sector de Colonia Ponce, comuna de Purranque.

Lo singular del caso es que el condenado se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de la fecha en que deberá cumplir su sentencia, beneficio que fue rechazado por los padres de la víctima.

La razón de esta decisión fue explicada por la fiscal de Río Negro, Leyla Chahín, quien detalló que el tribunal consideró solamente necesaria la posibilidad de fuga (que el individuo no compareciera ante el juzgado) y no el caso de una posibilidad que el acusado sea un peligro para la sociedad.

Tensa espera

Esta apreciación le permitió al trabajador no volver a estar detenido, mientras se decide la fecha de ingreso a la cárcel para cumplir su condena.

"Nosotros pedimos que (el acusado) ingresara a prisión preventiva por la pena que arriesgaba y el tribunal estimó que era posible por la causa del peligro de fuga, y ahí es donde se procede a la posibilidad de salir bajo la fianza" explicó.

Dicha fianza fue estipulada en 800 mil pesos que fueron cancelados por el acusado de forma inmediata. "Es una cifra irrisoria", puntualizó la fiscal, ya que acotó es una cantidad baja para el tipo de delito cometido y que la condición socioeconómica de la persona le permitía costear esa cifra.

Sandra Zamora, abogada del condenado, afirmó que el sujeto cumplió con cada una de las instancias que se le pidió durante el proceso judicial y que parte de eso contribuyó a la decisión ya conocida.

"Lo que establece la ley es que las cautelares -incluyendo la prisión preventiva- se otorgan solamente cuando son indispensables para ciertos fines (...) se hace una ponderación en las que se determina si son de mayor intensidad o de menor intensidad. En este caso, se cambiaron las medidas a más baja intensidad", detalló.

La defensora agregó que se está analizando el recurso correspondiente ya que aún están a fecha para analizar la decisión del tribunal.

Contexto

La fiscal Chahín aseveró que el delito reiterativo fue posible gracias a que el acusado contaba con la confianza de los padres y de la propia niña.

De acuerdo con los antecedentes, el trabajador agrícola utilizaba distintas excusas para estar siempre en contacto con la víctima, como por ejemplo, irla a buscar a su casa para que lo ayudara a cuidar a su hija pequeña. Esos escenarios eran aprovechados por el victimario para poder mantener relaciones sexuales con la menor de edad.

"Eran vecinos y a él siempre le pedían favores con el tema de los fletes y movilización dentro de la comuna", manifestó la tía de la víctima, cuya identidad se mantiene anónima por protección a la víctima.

Descartó otra versión que indicaba que el acusado desconocía la edad de la implicada al momento de estar juntos. "Dice que supuestamente la niña se hizo pasar por una joven de 17 años, pero su cara y su cuerpo era el de una niña de 11", manifestó.

Detalló que la situación puso en riesgo la salud de la menor ya que su embarazo obligó a que la infante pasara más tiempo en el hospital que en su casa y que el bebé fue entregado en adopción cuando tenía cerca de siete meses de edad.

Olga Barrios, vicepresidenta de la Corporación Mujeres Siglo XXI, expresó que la decisión realizada por el tribunal, a su juicio, fomenta que este tipo de situaciones se repitan dentro de la provincia, al quedar libres durante el tiempo en el que se esperan las fechas.

"Una fianza de 800 mil pesos es increíble pues se le pone precio a una violación (...) un violador no puede quedar libre ni con toda la plata del mundo", expresó.

Afirmó que la menor en ese momento pudo haber puesto en riesgo su vida, en especial ante la imposibilidad de realizarse un aborto en condiciones seguras.

"Nadie se quiere hacer un aborto pero hay condiciones en la que es necesario hacerlo y eso debería ser seguro y gratuito", enfatizó Barrios.

"Un violador no puede quedar libre ni con toda la plata del mundo"

Olga Barrios, Mujeres Siglo XXI"

fue la cantidad que pagó el imputado para estar en libertad bajo fianza. $800 mil

Trabajar en un proyecto que permita la instalación de cámaras de seguridad y reforzadas acciones por parte de Carabineros y la PDI, arrojó la reunión entre el gobernador Daniel Lilayú y los prefectos Eduardo Mora y Hugo Rojas, además del comisario de la Tercera Comisaría, Claudio Ramírez, quienes trabajan en reforzar estrategias de seguridad, luego que se reunieran con vecinos del sector de Rahue Alto, que el pasado fin de semana se vieron afectados por balaceras.

Lilayú destacó que entre otras medidas, los vecinos expusieron la necesidad de contar con cámaras de vigilancia, por lo que se trabaja la posibilidad de acceder a esa petición.

"Lo segundo es el trabajo constante con las policías en cuanto a sus planes y estrategias de seguridad que con cada reunión procuramos optimizar. Otra situación que nos han pedido los vecinos del campamento es la posibilidad de gestionar que su situación habitacional sea revisada y para ello hemos informado al director regional de Serviu para que se reúna con las familias afectadas", sostuvo el gobernador.

El prefecto de Carabineros sostuvo que se reforzó la vigilancia que se ha estado desarrollando desde el año pasado a raíz de balaceras registradas anteriormente en dicho sector y que ahora, con nuevos registros de violencia, se reforzarán.

"Este trabajo se mantendrá hasta que sea necesario y la vigilancia obviamente se redobla porque con el último hecho que ocurrió quedamos preocupados por la integridad de las personas y con los testimonios que fuimos a recoger en el lugar creemos que es necesario continuar reforzando en terreno para dar seguridad a los vecinos", sostuvo Mora.