El Gobierno respaldó ayer la designación de Luis Castillo como subsecretario de Redes Asistenciales, luego de que dirigentes de la Democracia Cristiana (DC) le comunicara el lunes al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que no continuarán en las comisiones del Ejecutivo si la autoridad no es removida del cargo, por su presunto vínculo con el caso por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Aunque Castillo no está imputado por la causa, es acusado de haber ocultado información sobre la autopsia del ex Mandatario cuando era director del Hospital Clínico de la UC.

Pese a la presión ejercita por la DC, el ministro del Interior respaldó a Castillo. "Él está ejerciendo su trabajo, me imagino que debe estar ahora trabajando en la subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud", dijo a TVN.

El secretario de Estado enfatizó que "él no tiene -y así se lo he señalado a la directiva de la DC y así también ha sido entendido por la directiva- ninguna situación de imputación penal o alguna situación de carácter judicial". "Es el Presidente de la República quien determina quienes son sus ministros y sus subsecretarios", añadió.

En 2000, cuando era director del Hospital Clínico de la UC, Castillo negó la existencia en ese recinto de la autopsia del ex Presidente. Posteriormente reconoció que tuvo el documento en su poder, pero explicó que no lo entregó a la familia Frei pues nadie lo pidió. Todo lo anterior está en el expediente del caso, según consignó "Emol".

Una ofensa

La ex senadora Carmen Frei (DC), hija del fallecido ex Presidente, dijo ayer a "Cooperativa" que la designación de Castillo en Redes Asistenciales es una "ofensa gratuita" para su familia.

Frei relató que "desde 1982 a 2002, la Clínica de la Universidad Católica mantuvo oculta la información que tenía en su poder" y que fue en 2002 que supo que había una autopsia a su padre en el Hospital Clínico de la UC. "Solicitamos a la universidad que entregara la información, ésta se niega y, ante la amenaza de un recurso de protección entregan el 16 de octubre ocho páginas fotocopiadas con el informe de autopsia 9/22", relató la ex senadora, que agregó que en 2003, en un allanamiento, se encontró el tomo con el protocolo de autopsia y muestras de tejidos de su padre.

Carmen Frei recordó que en 2010, en el primer Gobierno de Piñera, fue su hermano, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien cuestionó el nombramiento de Castillo en el mismo cargo "y no pasó nada". "Ahora, cuando lo vuelven a nombrar, para nosotros es una ofensa gratuita, porque él confiesa que sabía de esta autopsia, que nunca nos dijo nada y hasta el día de hoy han tratado de hacernos aparecer como que estamos usando políticamente la situación de mi padre", dijo Frei.

Por otro lado, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, expresó ayer el respaldo de su partido a la petición de la DC al Gobierno. "Expresamos nuestra solidaridad con el Partido Demócrata Cristiano y nuestro apoyo a su rechazo al reciente nombramiento de Luis Castillo", dijo.

Un total de tres diligencias encabezó ayer el fiscal regional sur, Raúl Guzmán, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por las denuncias de abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia Católica: en la sede de la Conferencia Episcopal, la residencia de los Hermanos Maristas, en Providencia y en el Colegio Alonso de Ercilla.

Hasta esos lugares llegó el persecutor designado para investigar el Caso Maristas por el fiscal nacional, Jorge Abbott, acompañado por efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales y del Cibercrimen de la PDI.

La primera diligencia se llevó a cabo en la sede de la Conferencia Episcopal en Santiago, donde el fiscal explicó que el allanamiento, que se extendió por dos horas, buscaba complementar datos para identificar a víctimas y que se realizó con autorización de los Tribunales de justicia.

El persecutor agregó que "los antecedentes dicen relación con hechos que estamos investigando que pueden ser constitutivos de delitos y eso involucra tanto a víctimas como eventuales imputados".

El fiscal luego se dirigió hasta una residencia de los hermanos Maristas, en la comuna de Providencia, donde viven religiosos retirados, algunos investigados.

El abogado de la Congregación Marista, el ex fiscal Alejandro Peña, explicó que "la diligencia ha sido en un tono muy cordial y han podido incautar algunos documentos que les ha parecido de interés criminalístico y esperamos que esto les sirva".

Guzmán fue después al Instituto Alonso de Ercilla, de la congregación, mientras que funcionarios de la PDI fueron al colegio Marcelino Champagnat, en La Pintana, para realizar diligencias que, según "Emol", se relacionarían el cura Jorge Laplagne Aguirre, a quien el Arzobispado de Santiago investiga por una denuncia de abuso sexual.

Entrega de antecedentes

Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal, comentó tras los allanamientos que "los antecedentes habían sido solicitados previamente" por la Fiscalía a través de un oficio y "habían sido entregados" a través de la misma vía y que el fiscal Guzmán quiso completar esa diligencia.

"Existe una voluntad de colaboración y una vía para establecer un convenio en general que regule una suerte de protocolo con el Ministerio Público a nivel nacional; entendemos que este es un caso particular de una investigación en curso", dijo Coiro.

El vocero de la Iglesia explicó que "la Conferencia Episcopal es un órgano colegiado de obispos que no tiene misión investigativa" por lo que "no es un órgano receptor de denuncias ni un ente con facultad de acopio" de antecedentes de investigaciones.

Querella contra ezzati

La Fundación para la Confianza, que presta asesoría a víctimas de abusos, se querelló ayer contra el sacerdote Jorge Laplagne por abuso sexual y violación y contra los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz, y el cura Raúl Hasbún, por encubrimiento.

Laplagne es acusado de haber abusado de un menor de edad en forma reiterada hace 13 años, investigación que estuvo a cargo de Hasbún y de Óscar Muñoz, en ese entonces vicecanciller y que ahora está detenido acusado de abuso sexual y estupro. El arzobispo de la época era Errázuriz, quien finalmente decidió archivar la causa. Cuando se reabrió el tema este año, Ezzati tampoco derivó la causa a Fiscalía.