Luego de que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) emitiera un comunicado público en el que descartó su participación en la cumbre 3xi en Villarrica, convocada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para hoy y mañana, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, lamentó la ausencia de la organización en la cita que reunirá a más de 130 habitantes de la Región de La Araucanía, entre ellos distintos líderes sindicales, empresarios y pertenecientes al pueblo mapuche. "El Gobierno ha llamado al diálogo a todos los que quieran estar en el diálogo y ha abierto las puertas, ha acogido escuchar todas las propuestas de todos aquellos que están por la no violencia", aseguró. Moreno sostuvo también que la cita sirve para que los distintos actores de la zona "puedan conocerse, puedan realmente entender la posición y la vida que han tenido, los dolores que han tenido cada uno de ellos, que es un requisito básico y mínimo para hacer cualquier diálogo en el futuro".

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó ayer la solicitud de sobreseimiento parcial definitivo realizada por la defensa de Jaime Orpis, referente a los hechos vinculados a delitos tributarios en el caso Corpesca. En la causa, iniciada hace casi tres meses, el ex senador fue formalizado y acusado por cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios, ilícitos por los que el Ministerio Público solicitó una pena de 21 años. Tras esta negativa del tribunal, Orpis tendrá que enfrentarse a un juicio oral por los hechos indagados, el cual tiene fecha de preparación para el 3 de septiembre.

El general (r) Gonzalo Blu, imputado junto al ex capitán Leonardo Osses y Álex Smith en el marco del denominado caso Huracán, fue internado ayer de urgencia en el Hospital de Carabineros, ubicado en la comuna de Providencia. El ex director de Inteligencia de Carabineros se encuentra cumpliendo prisión preventiva, tras ser formalizado por los delitos de falsificación de instrumento público, asociación ilícita y manipulación de pruebas. Pero ayer, a un día de iniciar el cumplimiento de la medida cautelar en el Centro de Detención de Carabineros en la comuna de Ñuñoa, Blu debió ser trasladado al hospital institucional por problemas de salud que le aquejan desde hace tiempo. Según la información preliminar, hasta el recinto llegó Sergio Rodríguez, uno de los abogado del general (r), quien no emitió declaraciones sobre el estado de salud de su representado.

Matías Jullian Velásquez

Luego de que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas concluyera, en un informe, que el Estado de Chile ha vulnerado, por más de 40 años, los derechos de los menores en el Sename, ayer el fiscal a cargo de la investigación por las muertes al interior del servicio, Marcos Emilfork, aseguró que este documento respalda, "sin duda", los avances de sus pesquisas.

"Lo que esta detrás son los derechos humanos de la infancia vulnerable y en eso lo que queda en evidencia en mi investigación hasta ahora es que el Estado ha fallado sistemáticamente en la protección de los niños vulnerados en nuestro país. No puede seguir desarrollándose la función del Estado como se ha hecho hasta ahora en relación con las personas que son más vulnerables, más desprotegidas", aseguró Emilfork luego de reunirse con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

En esa línea, el persecutor indicó que el infome va a formar parte de la indagatoria de las 1.313 muertes que encabeza y que éste, "sin duda, es un insumo más que contribuye a fortalecer nuestra teoría en el caso que se va a ir desarrollando en el futuro".

También aseguró que, a raíz de las conclusiones del informe de la ONU, podrían decretarse nuevas diligencias, como citar a declarar a nuevas personas, entre ellas al ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Medidas inmediatas

Muñoz agregó que las conclusiones del informe no deben conducir solo a una reflexión, sino que a la "adopción inmediata de medidas que son urgentes para cambiar la situación de los niños y de la infancia en términos generales, pero con mucha prioridad de aquella que se encuentra institucionalizada".

De esa forma, precisó que lo anterior "involucra tomar definiciones claras en lo que tiene que ver con el accionar del Sename, pero también del Poder Judicial, que tal como se refiere en el informe también tiene un rol importante en lo que tiene que ver con las definiciones en la situación de vulnerabilidad y, de esa manera, esperamos que a raíz de este informe tan categórico y tan potente las medidas se adopten con urgencia".

Nuevo informe

Emilfork, por último, también aseguró que "próximamente" recibirá las conclusiones de un informe realizado por el equipo de la PDI, el cual se basa en visitas a todos los centros del Sename del país.

La Corte Suprema acogió ayer los recursos de amparo presentados por las defensas de cinco condenados por crímenes de lesa humanidad y quienes estaban cumpliendo su condena en los penales de Punta Peuco y Colina 1, excarcelándolos y dejándolos en libertad condicional.

Se trata del capitán (r) de Carabineros, Gamaliel Soto Segura; el coronel (r) Manuel Pérez Santillán y los ex oficiales del Ejército, José Quintanilla Fernández Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga.

La Segunda Sala -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Ricardo Abuauad y Antonio Barra- revocó las resoluciones que había dictado la Corte de Apelaciones de Santiago, la que a su vez había confirmado las que tomó la Comisión de Libertad Condicional en abril de este año.

Informes psicológicos

Estas últimas se basaron en informes psicológicos realizados por Gendarmería, los cuales señalaban que los reos tenían "insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado", respecto de los hechos por los cuales fueron condenados.

Esto fue desestimado por la Suprema, que estableció que dichos documentos no pueden impedir el acceso a la libertad condicional, ya que los condenados cumplen con los requisitos de carácter objetivo, como el buen comportamiento o haber cumplido la mitad de su condena.

De acuerdo a los fallos, "las Convenciones suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional".

Así, también, precisan que esto "no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad (...) Sin embargo, tal carácter ya fue considerado para excluir la extinción de responsabilidad penal -y civil- que operaría en delitos comunes, por causales como la amnistía y la prescripción, así como para fijar la cuantía de la pena y, por consiguiente, determinar su cumplimiento efectivo, de manera que, no resulta razonable considerarlo nuevamente, esta vez, para negar de manera absoluta el acceso a la libertad condicional si se han respetado todos los estándares que el derecho internacional ha demandado para tal efecto".