Marcelo Galindo

La misma sala que rechazó los recursos de nulidad del juicio oral del caso Haeger, fue la que escuchó los alegatos de los intervinientes, tras el recurso presentado por la defensa de Jaime Anguita, que pide que el Ministerio Público y la querellante Delia Masse (madre de Viviana Haeger y representada por Sergio Coronado) se hagan cargo del pago de las costas.

La apelación en el Tribunal de Alzada de la capital regional, busca que la instancia rechace la absolución en el pago de las costas, resuelto por el Tribunal Oral de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt (TOP) al terminar el juicio que absolvió al ingeniero y que condenó a José Pérez por robo con homicidio a una pena de 10 años.

Unánime

El abogado Jorge Ponce, defensor de Jaime Anguita, dijo en los alegatos que el fallo del TOP incurre en un error de derecho, porque eximió del pago de las costas a la querellante y la Fiscalía.

Se trata de la parte que perdió en el juicio oral, adujo Ponce. Para el abogado, "al haber absuelto en forma unánime el Tribunal Oral en lo Penal y haber rechazado la Corte de Apelaciones en forma unánime los recursos de nulidad, debería haberse condenado en costas al Ministerio Público y la parte querellante", aseguró.

Las costas corresponden a dinero que el absuelto Jaime Anguita ha ocupado en la contratación de los abogados y los gastos del juicio.

"Se está pidiendo que la Corte emita un pronunciamiento sobre que efectivamente el Ministerio Público y el querellante se tienen que hacer cargo de las costas y si ello ocurre se cita a una audiencia en el Tribunal Oral en lo Penal y allí se discuten el monto de las costas", adujo Ponce.

El abogado de Anguita insistió que "el Ministerio Público, al poco tiempo de obtener la declaración de José Heriberto Pérez Mancilla con los antecedentes que había en la carpeta de investigación, se debió haber percatado que lo que decía se alejaba de la realidad, que no tenía correlato probatorio y que en ese sentido no debió haber llevado a juicio o por lo menos no haberse opuesto a que esperara un juicio en libertad y no haber pasado un año y nueve meses preso, para después ser absuelto en forma unánime", manifestó.

El fiscal Naín Lamas y el abogado querellante Sergio Coronado no emitieron comentarios tras los alegatos.

Paola Rojas

Luego que desde el año 2016 se realizaran diferentes denuncias por parte de vecinos de los alrededores del estero Pichi Pichil, a raíz de constantes malos olores, restos de materia orgánica y espuma que provenía de ese curso de agua, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) aceptó la propuesta de la empresa Mafrisur para mejorar y optimizar sus procesos, inversión que tendrá un valor superior al millón de dólares.

Y es que luego de las denuncias, la Superintendencia en 2017 formuló cinco cargos y resolvió someter a la empresa a un proceso sancionatorio, sobre el cual existía la posibilidad de enmendar la situación mediante una serie de cumplimientos ambientales.

Detalle e inversión

Entre los cargos que incluye el proceso se cuentan la operación de un sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos distinto al aprobado ambientalmente; no realizar seguimiento ambiental a la calidad de las aguas del estero; no reportar el caudal descargado con la frecuencia que establece su programa de monitoreo; no reportar remuestreos asociados a la descarga de Riles (residuos industriales líquidos) y la superación de los límites máximos de fósforo.

Ante ello el gerente general de Mafrisur, Gonzalo Arias, explicó que la empresa quedó absuelta de la sanción luego de presentar el plan de cumplimiento aprobado por la SMA, por lo que la planta se comprometió en varias acciones, las que tendrán un costo de un millón y medio de dólares, principalmente en modernización de la infraestructura.

En primer lugar, apegarse totalmente a la resolución de calificación ambiental vigente, también reforzar varios aspectos como por ejemplo mejorar el equipamiento que ya cumplió su ciclo, incorporando nuevas máquinas y procesos más eficientes. También incorporarán una capacitación más intensa al personal, para poder hacer un seguimiento más efectivo a las mejoras implementadas.

Además se realizará un monitoreo del curso de agua, a nivel de fauna, agua y sedimentos, lo que se hará a través de entidades certificadas por el Estado a través de un cronograma establecido por la SMA.

Arias añadió que el plan incluyó algunos cumplimientos que debieron realizar mientras se elaboraba la propuesta, habiendo otros que se deben ejecutar en los próximos meses.

Además debieron presentar una pertinencia, que es otro mecanismo que considera la legislación vigente, para incorporar nuevos equipos, haciendo más eficiente el sistema, culminando estos compromisos a fines de 2018.

"Con eso estaremos demostrando que nuestros procesos cumplen la resolución de calificación ambiental y que los impactos que se midieron dan cuenta de que se está haciendo lo que corresponde", planteó Arias.

Por su parte el presidente de la Red Ambiental Ciudadana, Ricardo Becerra, valoró la presencia de la SMA en la Región, organismo que funciona a nivel local desde septiembre de 2016, con lo cual ya se han sometido a procesos al menos a cinco plantas que deben cumplir con la norma de calificación ambiental.

"Una de las cosas que más queríamos los ambientalistas, es que se haga fiscalización en forma permanente y constante y la SMA lo ha hecho", dijo.

Destacó además la importancia de que la ciudadanía tenga más antecedentes legales y técnicos para realizar denuncias y para ello la SMA dictará talleres para educar en este sentido.