La agenda legislativa promovida por el Gobierno y que tiene implicancias directas en el subsistema de educación superior se encuentra en pleno proceso, abordándose a lo menos cinco proyectos de ley relevantes, a saber: proyecto de reforma general de la educación superior; proyecto de fortalecimiento de universidades estatales; incentivo al retiro para académicos, profesionales y funcionarios; proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura; y proyecto de ley que crea el Ministerio de Investigación, Ciencia y Tecnología. Todos estos proyectos son sustantivos para hacer a la sociedad chilena más educada, más culta, más justa, inclusiva e integradora. Un país que no delibere sobre el nivel de estos alcances no permite proyectarse en una sociedad altamente cambiante y donde la educación y la generación de conocimiento en todas sus dimensiones (investigación científica básica y aplicada y creación artística) son los principales promotores para la construcción de una sociedad moderna y madura.
Como rector de una universidad estatal, valoro profundamente el proyecto de ley para las universidades estatales, primero porque al sólo generarlo coloca en el centro de la discusión su contribución al desarrollo del país en un sistema altamente mercantilizado y donde en un sistema mixto, hoy representamos sólo el 16% de la matrícula tras políticas deliberadas desde 1981 con el propósito de instalar y consolidar un sistema privado de educación superior. Este aspecto se contrapone con el sistema de educación superior de la OCDE, donde el sistema estatal representa casi el 70%.
No se puede negar que las universidades estatales han contado con exiguos aportes basales, pero con agendas de investigación relevantes para sus territorios, con resultados exitosos de titulación de los alumnos (60%) sobre las privadas (40%), y con un creciente interés de los estudiantes por acceder a estudiar a una universidad estatal. A mi juicio, la sociedad chilena representada por las comunidades universitarias, por el Gobierno, parlamentarios y organizaciones sociales debemos apoyar esta iniciativa, obviamente, resguardando aspectos que ya hemos indicado: a) resguardar la autonomía de las universidades, fortaleciendo sus órganos de gobierno y superando los dejos de la dictadura aún presentes en muchos estatutos universitarios; b) fortalecer la condición de funcionarios públicos de sus trabajadores; c) generar mecanismos para aumentar sostenidamente la matrícula, atendiendo indicaciones contextuales de los territorios y; d) explicitar la forma de financiamiento en pos del fortalecimiento de las estatales.
Óscar Garrido Álvarez, rector
de la Universidad de Los Lagos