Como "positivo" calificó el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, que Bolivia acogiera la propuesta del Gobierno de realizar una reunión del Comité de Fronteras de ambos países, que él mismo reiteró el lunes.

"Positivo que Gobierno de Bolivia haya aceptado reiterada invitación de Chile a reunir Comité de Fronteras. Hay dos fechas en Julio y acordaremos ciudad", comentó el canciller a través de su cuenta de Twitter, luego de que Bolivia manifestara su disposición a concretar la cita, que el mismo Muñoz recordó el lunes que había hecho antes.

Fecha y hora

Tras la invitación que hizo el secretario de Estado, el Gobierno Boliviano respondió ayer de manera positiva y propuso que la cita se realice el próximo 18 de julio, con el objetivo de buscar una solución a los incidentes limítrofes entre los dos países.

"Mi mensaje es: pongamos día y hora para reunir al Comité de Frontera ya, antes de fin de julio, porque queremos hechos y no palabras", dijo el lunes Muñoz y la respuesta llegó ayer, cuando su par boliviano, Fernando Huanacuni aseguró que "hemos presentado la nota formal al cónsul de Chile indicando la fecha, porque nos pidieron la fecha, todavía no hemos recibido una respuesta".

En una conferencia de prensa, el ministro boliviano declaró que se entregó una invitación al consulado general de Chile para el próximo 18 de julio en La Paz , con el objetivo de "trabajar en un diálogo fructífero para lograr acuerdos que establezcan procedimientos y protocolos bilaterales dirigidos a la solución de incidentes fronterizos en la lucha contra delitos transnacionales".

Enfatizó ante los medios que los procedimientos deben tener como principios "la cooperación recíproca, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación".

El Comité de Fronteras, fue creado en 1998, para facilitar la cooperación y el desarrollo fronterizo. La cita, contempla la participación de instituciones policiales, aduaneras y de las entidades a cargo de servicios de sanidad animal y agropecuaria, según detalló la propia autoridad boliviana, que agregó que el próximo encuentro bilateral de los países debería analizar los incidentes fronterizos.

Carolina Collins

"No quedó cabalmente acreditado por la secuencia de los hechos que hubo intención de matar". Con ese argumento, la Corte Suprema desestimó el delito de femicidio frustrado y rebajó la condena contra Mauricio Ortega Ruiz, quien fue declarado culpable en abril pasado de la agresión que sufrió en mayo del año pasado Nabila Rifo (29), a quien le arrancó los ojos.

En un veredicto que es inapelable, el máximo tribunal recalificó el delito de femicidio frustrado y lo cambió por el de lesiones graves, bajando con esa decisión la condena, que sumaba más de 25 años de cárcel, a 18 años en prisión.

Esto porque, mientras el delito de femicidio frustrado implicaba 12 años de presidio, el de lesiones graves sólo cuatro.

Así, la pena que deberá cumplir Ortega es de 12 años y 180 días por lesiones graves gravísimas, cuatro por lesiones graves (que reemplazó al de femicidio frustrado) y 541 días por el delito de violación de morada, por un hecho anterior a la agresión. Todo lo anterior suma 18 años.

En su sentencia, los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, con el único voto opositor de Milton Juica, desestimaron que la investigación haya logrado probar que Mauricio Ortega tuviera la intención de matar a Nabila Rifo, por lo que recalificaron el delito de femicidio frustrado, que había estimado el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique.

"Lleva la razón el recurrente (la defensa de Ortega), porque las acciones que conformaron la primera parte o momento de la agresión, por no estar acreditado el dolo directo del autor, no debieron calificarse como femicidio frustrado, iter criminis con el que otra forma de dolo no es compatible", expone el fallo, que agrega que con esto se configura "el delito de lesiones graves propiamente tales, contemplado en el artículo 397 N° 2 del Código Penal".

Asimismo, la sentencia establece que no existe "unidad de acción" que permita hablar de un femicidio frustrado, porque los hechos ocurrieron en dos momentos distintos: uno para provocar el delito de lesiones simplemente graves; y otro, el delito de lesiones graves gravísimas.

Con esto, el máximo tribunal acogió parcialmente el recurso de nulidad presentado por la defensa de Ortega, que además había solicitado anular el juicio por presuntos vicios constitucionales, lo que no fue aceptado, por lo que no se realizará un nuevo proceso.

Tras su aprobación en la Comisión de Hacienda, la Sala de la Cámara de Diputados comenzó ayer la discusión del proyecto de Educación Superior impulsado por el Gobierno, iniciando así un momento clave en su tramitación, que ya cumplió un año desde su ingreso en julio de 2016.

El debate de la iniciativa comenzó ayer con los informes de las Comisiones de Educación y Hacienda, y continuará su revisión hoy de manera exclusiva. Adicionalmente, se convocó a una sesión especial para el próximo lunes 17 de julio, en la que se espera que se comience a votar el proyecto en particular.

La iniciativa que forma parte de la reforma educacional impulsada por el Gobierno, fue despachada el lunes desde la Comisión de Hacienda, donde se aprobó, entre varias cosas, la derogación del Crédito con Aval del Estado (CAE) el 1 de enero de 2019, con la indicación que agregó el Gobierno tras el paso del proyecto por la Comisión de Educación.

Ésta establece que el CAE solamente podrá ser derogado una vez que exista otro mecanismo de financiamiento que lo reemplace.

Esta disposición del Gobierno fue para condicionar la que anteriormente habían ingresado en la Comisión de Educación los diputados Giorgio Jackson y Camila Vallejo, que establecía que el crédito se terminaría sí o sí en la fecha antes mencionada.

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, reconoció al ingresar la indicación, que el proyecto con el nuevo sistema de financiamiento no será ingresado antes de noviembre, lo que complica que el CAE pueda ser derogado en enero.

El diputado Jaime Bellolio (UDI), destacó este cambio, señalando que "se restituyó la razón" y agregó que en la sesión del lunes de la Comisión de Hacienda, se le entregó al Ejecutivo una propuesta "que dice que ningún estudiante va a pagar más de 10% de su sueldo, por un máximo de 15 años, si es que tiene un sueldo alto; que ningún estudiante va a pagar más del 5% de su sueldo si tiene un sueldo medio y va a pagar cero por ciento de su sueldo bajo, menos a $350 mil".

Distinto a lo expuesto por el diputado Rodrigo González (PPD), quien señaló que "nos preocupan las modificaciones que hizo la Comisión de Hacienda al proyecto que aprobamos en Educación, porque estimamos que el tema del CAE es un tema muy sensible para la opinión pública".

Si se aprueba en la sala de la Cámara de Diputados, el proyecto pasará al Senado en segundo trámite constitucional.