La Corte de Apelaciones decidió ayer ampliar el desafuero de Jaime Orpis (ex UDI), por una posible nueva formalización en el marco del caso Corpesca. En un fallo dividido, el tribunal de alzada acogió la solicitud de la fiscal de la zona metropolitana Centro-Norte, Ximena Chong, quien argumentó que surgieron nuevos antecedentes sobre dos nuevos presuntos delitos. Con esto, la persecutora puede solicitar una nueva audiencia de formalización, en la que según adelantó Chong, pedirá la prisión preventiva de Orpis. Actualmente el parlamentario, se encuentra con arresto domiciliario total. En su presentación, la fiscal reveló que según la investigación, la secretaria de Orpis participó en la defraudación al fisco por $33 millones y un segundo fraude por $18 millones. "Lo que hemos sostenido por parte del Ministerio Público ha sido consistente en esta ampliación en el sentido que la conducta empleada por parte del senador, al solicitar, con la presentación de cada una de las boletas en beneficio económico lo era para ejecutar actos concretos y específicos con infracción de los deberes del cargo", expuso. El abogado de Orpis, Sergio Rodríguez Oro, acusó a Chong de presionar al senador, ya que su esposa, Ana Luisa Jouanne, también estaría implicada en el fraude.

Tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y la Universidad Católica, la titular de la cartera, Adriana Delpiano, admitió que "fue un error" la forma en que el Ejecutivo eliminó el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) del Presupuesto 2017, pese a que todavía estaba vigente la ley que lo asigna a los planteles que captan los mejores puntajes de la PSU. "Quien lleva el Presupuesto en el país es el Ministerio de Hacienda, por eso que estas conversaciones las ha llevado fundamentalmente el Ministerio de Hacienda, porque fue un error que se produjo de eliminar una glosa que estaba respaldada por una ley, y una ley se elimina con otra ley, que es lo que vamos a mandar en junio", dijo la ministra, que enfatizó que fue un error formal , por cuanto había que eliminarlo por una ley, pero no es un error en términos del tema de fondo".

El ex jefe del Departamento de Finanzas de Carabineros, general (r) Flavio Echeverría, fue interrogado prácticamente toda la jornada de ayer por la fiscal de la zona Centro Norte Macarena Cañas, en el marco de la investigación del uso de los gastos reservados de la institución para el pago de sobresueldos.

Echeverría, que se encuentra en prisión preventiva, fue trasladado desde el anexo cárcel Pudahuel Norte, hasta la Fiscalía Centro Norte y su testimonio , que entregó en calidad de imputado, es clave en la investigación, pues fue uno de los primeros uniformados en revelar irregularidades en Carabineros.

Su abogado, José Luis Andrés, detalló que "hoy (ayer) día está prestando declaración tal como él lo solicitó, porque está entregando toda la información que maneja a efectos de demostrar todo lo que él ha planteado respecto del tema que todos conocen, que se refiere al destino que daba la institución a los gastos reservados".

Consultado respecto de su efectivamente estaba a cargo de los gastos reservados, como lo apuntó el general director, Bruno Villalobos, el profesional respondió que eso "es correcto, él los tenía a su cargo pero él no decidía su uso. Carabineros es una institución jerarquizada (...) toda la información se está entregando al Ministerio Público".

Pese a que Echeverría ya había prestado declaración en cuatro ocasiones anteriores, la de ayer fue la primera en la que fue consultado por esta arista, que involucraría presuntos sobresueldos a miembros del alto mando de Carabineros.

El abogado Eduardo Riquelme, en tanto, dijo que esperan ingresar una querella por esta arista en los próximos días. "El pago a autoridades políticas con dineros de Carabineros son pagos que no pagan impuestos y por lo tanto pueden constituir un fraude tributario porque no hay incorporación de ingresos en las declaraciones de impuesto a la renta", sostuvo, según consignó Cooperativa.

El ex vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, llamó a la Presidenta Michelle Bachelet a acelerar la legislación que permita el matrimonio igualitario en Chile. En una columna en The Washington Post, Biden recordó que "Bachelet se ha comprometido a apoyar la legislación sobre matrimonio igualitario. Espero que Chile actúe con rapidez para dar impulso a América Latina, donde el 70% de la población vive ahora en países de libertad de casamiento", añadió. En tanto, el presidente del Movilh, Ramón Gómez, aseguró que el proyecto de matrimonio igualitario ingresará en junio al Congreso. "Así se ha definido en el marco de las últimas conversaciones con el Gobierno para dar cumplimiento al Acuerdo por la Igualdad, que el Estado selló con nuestra organización, con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", dijo. Por su parte, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la Presidenta resaltó en un video que "nuestro compromiso es seguir trabajando para evitar cualquier tipo de discriminación en contra de las personas".

Carolina Collins

La Presidenta Michelle Bachelet encabezó ayer una reunión por videoconferencia con los gobiernos regionales de las regiones de Coquimbo y Atacama, para evaluar lo que se ha hecho para enfrentar los temporales que afectaron a esa zona del país durante el fin de semana recién pasado.

También participaron de la reunión los ministros del Interior, Mario Fernández; de Hacienda, Rodrigo Valdés; la vocera de Gobierno, Paula Narvaez; el titular de OO.PP., Alberto Undurraga; su par de Vivienda y Urbanismo (s), Iván Leonhardt y el director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Ricardo Toro.

Fue precisamente éste último quien detalló el encuentro, en el que, además del panorama actual en esas regiones, se evaluaron medidas en el largo plazo para enfrentar temporales en el norte, entre las que podrían estar la reubicación de las viviendas que se encuentre emplazadas en lugares de riesgo de aluviones.

"Hoy día es un punto de inflexión importante, porque es una zona compleja que tiene riesgo y es algo que hay que poder organizar", dijo Toro. Asimismo detalló que "las medidas que se van a tomar son algunas inmediatas, otras a mediano y largo plazo y creo que las de largo plazo, lo hablábamos hoy con la Presidenta, tiene que ser una solución de Estado que requiere de un tiempo mayor".

El director de la Onemi señaló que en esa solución es importante integrar al mundo privado "para que se busque una solución definitiva, porque las obras son importantes", aclarando que se trata de decisiones futuras.

"Las obras que se han hecho desde el 2015, que fue la lección aprendida para poder ir minimizando los efectos e ir haciendo obras de mitigación funcionaron en un 80% y eso hay que seguir analizando a futuro, para ver cómo se puede reducir", afirmó.

Entre los aspectos que dijo que habrá que analizar también, tiene que ver con la posibilidad de volver a construir en zonas afectadas "porque efectivamente las obras de mitigación son muy grandes para poder evitar esa situación y por lo tanto requiere de un estudio mayor".

El Gobierno calcula en US$30 millones el costo de la reconstrucción básica de las obras públicas dañadas por el temporal.

Reposición de agua

En tanto, Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó un nuevo balance de la emergencia y aseguró que, en la Región de Atacama, un 30% de los habitantes todavía seguía hasta ayer sin suministro de agua potable.

"Por lo tanto, la expectativa es que de aquí a una semana, 10 días debería estar resuelto dicha situación", dijo el titular de la cartera, Alberto Undurraga.