El ministro de Justicia, Jaime Campos, se refirió al estudio de la fundación San Carlos de Maipo, que señala que uno de cada dos reos adultos estuvo en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) durante su adolescencia o infancia: "Es la constatación del fracaso del sistema, que es lo que como Ministerio lo hemos dicho y como Gobierno lo estamos abordando, lo que a nuestro entender debe ser la solución".

"Ese estudio pone en evidencia lo que como ministro de Justicia he venido señalando desde que asumí, en el sentido de que tanto la política de menores en Chile como la institucionalidad sectorial está absolutamente colapsada", afirmó el secretario de Estado durante el inicio del año académico de la Escuela de la PDI.

En ese sentido, explicó que los problemas en el Sename son "un fenómeno que ya dura muchos años y es lo que justifica el que el Gobierno de la Presidenta Bachelet y este Ministerio haya planteado en el Parlamento la necesidad de reformular completamente esto".

En consecuencia, "hay seis proyectos de ley en el Congreso", a los que se sumarán "los proyectos que crean los dos nuevos servicios, en los cuales se va a dividir el Sename", detalló Campos.

El ex carabinero Carlos Rojas fue formalizado ayer por el Ministerio Público debido a su presunta participación en el fraude por $ 10 mil millones que afecta a la institución, siendo así el décimo imputado a la causa.

Al igual que el resto de los acusados, el hombre fue citado el sábado a la 33a Comisaría de Ñuñoa por malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de dinero. Rojas no se presentó a la unidad policial, decretándose una orden de captura en su contra.

Formalización

Una vez detenido el ex funcionario, los fiscales Miguel Angel Orellana y Eugenio Campos (este último dirige la investigación desde octubre pasado) le comunicaron que es perseguido por los mismos delitos que el resto de la agrupación, calificados por los acusadores como los partícipes de la "malversación más grande de que tenemos conocimiento de una institución pública".

El décimo imputado por el fraude a Carabineros, Carlos Rojas, quedó con detención domiciliaria total, determinó el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La medida fue a causa de que su abogada defensora, Bárbara Salinas, argumentó que no habían suficientes fundamentos para justificar la participación de Rojas en los hechos perseguidos por la Fiscalía.

Ayer, ocho de los nueve detenidos quedaron en prisión preventiva luego que el mismo juzgado estimara que, debido a la gravedad de los delitos y los montos involucrados en el fraude, su libertad representa un peligro para la sociedad.

Se trata del general (R) Flavio Echeverría Cortez, el coronel (R) Jaime Paz Meneses, los tenientes coroneles (R), Robinson Carvajal Leyton y Héctor Nail Bravo; los capitanes (R) Felipe Ávila Paz y Francisco Estrada Castro; el mayor (R) Nelson Valenzuela Aravena, el ex funcionario Ramiro Martínez y el civil Gonzalo Carrasco.

Valeria Barahona

El Gobierno abordó ayer la tensión diplomática generada por la detención de dos militares bolivianos por parte de Carabineros, explicando que los uniformados se encontraban en territorio chileno.

"Son nueve personas las que están detenidas, estaban en territorio chileno cometiendo delitos, querían robarse nueve camiones con productos y se robaron uno", sostuvo la Presidenta Michelle Bachelet.

"Esto es, primero, penetrar en territorio chileno y, segundo, comisión de delito, pero eso lo determinará la justicia", agregó.

La controversia empezó cuando Carabineros de Colchane, en la Región de Tarapacá, detuvo a dos efectivos militares bolivianos y a siete funcionarios de la Aduana de ese país. Los arrestados se encontraban cerca de la localidad de Panavinto. Los carabineros observaron que los funcionarios aduaneros y los militares realizaban una fiscalización a un camión de patente boliviana que intentaba ingresar al país vecino. Los policías chilenos realizaron el operativo después que se determinara que se hallaban en territorio chileno.

El Presidente boliviano, Evo Morales, reaccionó a la polémica escribiendo en su cuenta de Twitter que "nuestros hermanos bolivianos secuestrados por Carabineros de Chile son rehenes de una injusticia, exigimos su inmediata liberación".

Posteriormente, el Gobierno de Bolivia llamó al cónsul chileno, Manuel Hinojosa, para entregarle una carta donde mostró "su más enérgico reclamo" por el impasse fronterizo.

En la misiva, Bolivia alegó que se trata de una "detención arbitraria con agravios físicos", ocurrida en territorio boliviano, y exige "la inmediata liberación de los nueve ciudadanos bolivianos que han sido secuestrados y se encuentran en territorio chileno".

En una rueda de prensa posterior a la reunión con Hinojosa, el ministro de la Presidencia boliviana, René Martínez, dijo que "este hecho no puede ser pasado por alto" y alegó que hay una "agresión permanente" de Chile hacia Bolivia, además de negar las acusaciones del Gobierno sobre que los detenidos estuvieran "robando un camión" en territorio chileno.

El Gobierno del país vecino señaló que sus funcionarios aduaneros detectaron tres camiones con mercancía ilegal y pudieron retener sólo a uno de ellos, con patente chilena, mientras que los otros escaparon hacia territorio chileno. Según esta versión, los militares bolivianos y funcionarios aduaneros nunca abandonaron el territorio.

Hasta mañana se amplió la detención de los militares y personal de Aduana de Bolivia.

El intendente de La Araucanía, Miguel Hernández, llegó hasta la sede de Gobierno para referirse a su ofrecimiento de diálogo a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), ante el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Frente al hecho, La Moneda expresó que "la violencia es inaceptable para este Gobierno", cerrando la posibilidad de conversación con el grupo que se ha adjudicado múltiples atentados incendiarios.

"Creo que lo que quiso decir (Hernández) es que él está disponible para dialogar con toda la gente, pero obviamente que para nosotros la gente que ejerce violencia no son los primeros interlocutores en el diálogo", enfatizó la Presidenta Bachelet. "Siempre ha habido relación con personas que pueden haber estado en el pasado en la CAM y ya no son personas que ejercen violencia", puntualizó.

Ante la situación, los senadores de RN por La Araucanía, Alberto Espina y José García Ruminot, además de los diputados Diego Paulsen, Jorge Rathgeb, Germán Becker y René Manuel García, se reunieron con el ministro del Interior, Mario Fernández, para entregar una carta donde piden al Ejecutivo declarar inconstitucional a la CAM, por "atentar gravemente contra la paz social de la región".