Vicente Pereira

Si bien entre las autoridades regionales y comunales existe claridad sobre la necesidad de destinar recursos para ir en ayuda de afectados por los incendios forestales, esperan que ello no signifique un recorte a las platas regionales (FNDR).

Por el momento, ello no estaría ocurriendo. Y así lo aseguró el intendente Leonardo de la Prida, quien no ha recibido ninguna información respecto a que esta posibilidad sea objeto de análisis gubernamental.

Tampoco para el caso de las provisiones que le asignan a las regiones durante el año.

El presupuesto inicial del Fondo Nacional de Desarrollo Regional está por sobre los 67 mil millones de pesos, sin embargo, debiese superar los 80 mil millones de pesos a fines de año producto de las provisiones, como la del Plan de Zonas Extremas (Patagonia Verde).

Platas que se entregan durante el año, y que en este caso, no debiesen ser objeto de algún recorte, dado que responden a proyectos determinados y que son de "arrastre", según apunta el core RN de Palena, Fernando Hernández.

Algo que éste dice les entrega la tranquilidad, dado que son compromisos que se generaron hace años.

Y que apuntan principalmente a conectividad y fomento productivo. Uno de ellos es el término de la Ruta 7, entre el Puente Yelcho y la Villa Santa Lucía, en Chaitén, apunta Hernández.

Con él, coincide el core PS Manuel Rivera, quien afirma que aún no se tiene conocimiento de que se piense en recurrir a dineros de regiones.

De la Prida, en todo caso, reconoce que se tendrá que realizar un esfuerzo a nivel nacional, para poder solventar los gastos que genera esta emergencia.

Entre los jefes comunales, si bien abogan a la solidaridad, en estos momentos creen que los recursos de la región no debiesen alterarse.

Así lo estiman los jefes comunales de Maullín, Jorge Westermeier (DC), y el de Calbuco, Rubén Cárdenas (PR).

El primero recordó que hace un año algunas comunas, como la suya, sufrieron por los efectos de la Marea Roja.

"Necesitamos que se destinen recursos para la reactivación de la economía, el empleo y el fomento productivo, que son vitales para este región", dijo.

Mientras que Cárdenas cree que no debieran existir cambios, dado que estas catástrofes cuentan con recursos especiales.

Multas de más de 30 millones de pesos ha cursado en las últimas semanas la Inspección del Trabajo a diversos productores frutícolas de la provincia de Osorno, que en plena cosecha han enfrentado las visitas de inspectores luego de los cambios en los criterios de fiscalización que, en la práctica, pusieron término a los plazos de solución a las observaciones.

Ante ello socios de laSago que se han visto afectados por estos cambios en los criterios de la repartición pública se reunieron este lunes para manifestar que los fiscalizadores que realizan su trabajo durante un período de hasta ocho horas por predio, han desarrollado su tarea con una actitud de evidente confrontación y desconfianza.

"Históricamente la Inspección del Trabajo realizaba visitas preventivas, conocida como "fiscalización asistida", donde otorgaba un plazo para solucionar las observaciones: ésta fue la manera como año a año fue creciendo el sector y mejorando las condiciones de sus trabajadores y donde el discurso de cooperación públicoprivada para hacer avanzar a Chile, se hacía realidad. La circular del 16 de diciembre de 2016, sin embargo, lo que hace es pasar de una fiscalización preventiva a una completamente confrontacional frente a un sector que sólo en la provincia de Osorno es responsable de más de 15 mil empleos directos e indirectos", explicó el presidente de la Sago, Christian Arntz.

La reforma causó sorpresa entre los productores, lo que dio origen a inicios de enero a una reunión con el director regional de la Inspección del Trabajo, Guillermo Oliveros, y el jefe de fiscalización de Osorno, Juan Sánchez.

"No puede colocarse metas de alza en multas, porque lo que se supone es que tanto a Gobierno como productores nos interesa que las cosas se hagan bien en materia laboral. Estos incentivos perversos son los que generan estas situaciones", concluyó Arntz.

Luis Contreras

En medio de la compleja contingencia nacional desatada por la emergencia incendiaria que golpea al centro sur del país y la fuerte campaña que prohíbe el uso del fuego en la temporada de altas temperaturas, dos personas fueron detenidas por funcionarios policiales en Chonchi y Queilen.

Estos sucesos quedaron al descubierto durante el transcurso de este fin de semana al constatarse por parte de efectivos de Carabineros el uso de fuego en trabajos silvoagropecuarios que un hombre y una mujer realizaban en Alcaldeo de Rauco en Chonchi y en isla Tranqui en Queilen, respectivamente.

Según lo precisado por el jefe del Retén queilino, sargento primero Henry Cariñe, gracias a un llamado anónimo se logró la detención de un hombre de iniciales M.A.S.B. (54), quien efectuaba quema de desechos forestales sin autorización en el sector Netué en isla Tranqui.

"Había hecho una limpia en el campo, tenía todos los desechos forestales y les prendió fuego", explicó el uniformado.

La segunda detención se produjo precisamente en Alcaldeo de Rauco en Chonchi, donde una mujer individualizada con las iniciales M.F.O.M. (75) igual fue sorprendida realizando quemas en un campo de su propiedad.

Fuentes ligadas al caso sostuvieron que en este predio el fuego había cobrado mayor fuerza, lo que obligó a ser apagado por los propios funcionarios policiales para evitar una mayor propagación.

Por estos incendios el Ministerio Público de Castro procedió en las últimas horas a formalizar la investigación en contra de ambos agricultores por infracción a la Ley de Bosque Nativo respecto al artículo 22 que guarda relación con quemas no autorizadas.

Pamela Saldivia, fiscal subrogante castreña, con jurisdicción en estas comunas, dijo que esta figura trata "sobre quemas en predios de desechos forestales, pero dentro del predio y sin peligro de propagación, es hacer quemas sin estar autorizado".

La abogada sumó que en esta fase indagatoria se instruirán pesquisas al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la policía civil de Puerto Montt.

Como contraparte el abogado defensor Nelson Troncoso, quien representa al obrero queilino, sostuvo que "vamos a pedir pericias en cuanto a que él encendió en su predio arbustos, zarzamoras, pero que en definitiva por él estaba controlado".

El hombre deberá firmar una vez a la semana en la unidad policial queilina por los próximos 90 días.

La mujer, en tanto, debido a su estado de demencia senil constatado en el Hospital de Castro se le aplicó la suspensión del procedimiento quedando bajo vigilancia en la Unidad de Salud Mental de dicho recinto asistencial, mientras es evacuado un informe siquiátrico por parte del Servicio Médico Legal de Ancud.

Conaf

En tanto, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) interpondrá una querella en contra del trabajador queilino por realizar quemas ilegales en medio de la contingencia por la que cruza el país y por contravenir el decreto que prohíbe el uso del fuego desde el 15 de diciembre.

Hernán Rivera, jefe provincial del organismo, expresó que la entidad se hará parte con esta acción legal sentenciando que "queremos darle mucho énfasis en el sentido de que sea un medio de presión para evitar que la gente siga haciendo quemas ilegales". El funcionario recalcó que en lo que va de transcurrido del actual período vigente desde el 1 de octubre pasado la Conaf tiene un registro de 13 incendios con un saldo de 27,7 hectáreas consumidas.

Vicente Pereira

Si bien entre las autoridades regionales y comunales existe claridad sobre la necesidad de destinar recursos para ir en ayuda de afectados por los incendios forestales, esperan que ello no signifique un recorte a las platas regionales (FNDR).

Por el momento, ello no estaría ocurriendo. Y así lo aseguró el intendente Leonardo de la Prida, quien no ha recibido ninguna información respecto a que esta posibilidad sea objeto de análisis gubernamental.

Tampoco para el caso de las provisiones que le asignan a las regiones durante el año.

El presupuesto inicial del Fondo Nacional de Desarrollo Regional está por sobre los 67 mil millones de pesos, sin embargo, debiese superar los 80 mil millones de pesos a fines de año producto de las provisiones, como la del Plan de Zonas Extremas (Patagonia Verde).

Platas que se entregan durante el año, y que en este caso, no debiesen ser objeto de algún recorte, dado que responden a proyectos determinados y que son de "arrastre", según apunta el core RN de Palena, Fernando Hernández.

Algo que éste dice les entrega la tranquilidad, dado que son compromisos que se generaron hace años.

Y que apuntan principalmente a conectividad y fomento productivo. Uno de ellos es el término de la Ruta 7, entre el Puente Yelcho y la Villa Santa Lucía, en Chaitén, apunta Hernández.

Con él, coincide el core PS Manuel Rivera, quien afirma que aún no se tiene conocimiento de que se piense en recurrir a dineros de regiones.

De la Prida, en todo caso, reconoce que se tendrá que realizar un esfuerzo a nivel nacional, para poder solventar los gastos que genera esta emergencia.

Entre los jefes comunales, si bien abogan a la solidaridad, en estos momentos creen que los recursos de la región no debiesen alterarse.

Así lo estiman los jefes comunales de Maullín, Jorge Westermeier (DC), y el de Calbuco, Rubén Cárdenas (PR).

El primero recordó que hace un año algunas comunas, como la suya, sufrieron por los efectos de la Marea Roja.

"Necesitamos que se destinen recursos para la reactivación de la economía, el empleo y el fomento productivo, que son vitales para este región", dijo.

Mientras que Cárdenas cree que no debieran existir cambios, dado que estas catástrofes cuentan con recursos especiales.

Multas de más de 30 millones de pesos ha cursado en las últimas semanas la Inspección del Trabajo a diversos productores frutícolas de la provincia de Osorno, que en plena cosecha han enfrentado las visitas de inspectores luego de los cambios en los criterios de fiscalización que, en la práctica, pusieron término a los plazos de solución a las observaciones.

Ante ello socios de laSago que se han visto afectados por estos cambios en los criterios de la repartición pública se reunieron este lunes para manifestar que los fiscalizadores que realizan su trabajo durante un período de hasta ocho horas por predio, han desarrollado su tarea con una actitud de evidente confrontación y desconfianza.

"Históricamente la Inspección del Trabajo realizaba visitas preventivas, conocida como "fiscalización asistida", donde otorgaba un plazo para solucionar las observaciones: ésta fue la manera como año a año fue creciendo el sector y mejorando las condiciones de sus trabajadores y donde el discurso de cooperación públicoprivada para hacer avanzar a Chile, se hacía realidad. La circular del 16 de diciembre de 2016, sin embargo, lo que hace es pasar de una fiscalización preventiva a una completamente confrontacional frente a un sector que sólo en la provincia de Osorno es responsable de más de 15 mil empleos directos e indirectos", explicó el presidente de la Sago, Christian Arntz.

La reforma causó sorpresa entre los productores, lo que dio origen a inicios de enero a una reunión con el director regional de la Inspección del Trabajo, Guillermo Oliveros, y el jefe de fiscalización de Osorno, Juan Sánchez.

"No puede colocarse metas de alza en multas, porque lo que se supone es que tanto a Gobierno como productores nos interesa que las cosas se hagan bien en materia laboral. Estos incentivos perversos son los que generan estas situaciones", concluyó Arntz.

Luis Contreras

En medio de la compleja contingencia nacional desatada por la emergencia incendiaria que golpea al centro sur del país y la fuerte campaña que prohíbe el uso del fuego en la temporada de altas temperaturas, dos personas fueron detenidas por funcionarios policiales en Chonchi y Queilen.

Estos sucesos quedaron al descubierto durante el transcurso de este fin de semana al constatarse por parte de efectivos de Carabineros el uso de fuego en trabajos silvoagropecuarios que un hombre y una mujer realizaban en Alcaldeo de Rauco en Chonchi y en isla Tranqui en Queilen, respectivamente.

Según lo precisado por el jefe del Retén queilino, sargento primero Henry Cariñe, gracias a un llamado anónimo se logró la detención de un hombre de iniciales M.A.S.B. (54), quien efectuaba quema de desechos forestales sin autorización en el sector Netué en isla Tranqui.

"Había hecho una limpia en el campo, tenía todos los desechos forestales y les prendió fuego", explicó el uniformado.

La segunda detención se produjo precisamente en Alcaldeo de Rauco en Chonchi, donde una mujer individualizada con las iniciales M.F.O.M. (75) igual fue sorprendida realizando quemas en un campo de su propiedad.

Fuentes ligadas al caso sostuvieron que en este predio el fuego había cobrado mayor fuerza, lo que obligó a ser apagado por los propios funcionarios policiales para evitar una mayor propagación.

Por estos incendios el Ministerio Público de Castro procedió en las últimas horas a formalizar la investigación en contra de ambos agricultores por infracción a la Ley de Bosque Nativo respecto al artículo 22 que guarda relación con quemas no autorizadas.

Pamela Saldivia, fiscal subrogante castreña, con jurisdicción en estas comunas, dijo que esta figura trata "sobre quemas en predios de desechos forestales, pero dentro del predio y sin peligro de propagación, es hacer quemas sin estar autorizado".

La abogada sumó que en esta fase indagatoria se instruirán pesquisas al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la policía civil de Puerto Montt.

Como contraparte el abogado defensor Nelson Troncoso, quien representa al obrero queilino, sostuvo que "vamos a pedir pericias en cuanto a que él encendió en su predio arbustos, zarzamoras, pero que en definitiva por él estaba controlado".

El hombre deberá firmar una vez a la semana en la unidad policial queilina por los próximos 90 días.

La mujer, en tanto, debido a su estado de demencia senil constatado en el Hospital de Castro se le aplicó la suspensión del procedimiento quedando bajo vigilancia en la Unidad de Salud Mental de dicho recinto asistencial, mientras es evacuado un informe siquiátrico por parte del Servicio Médico Legal de Ancud.

Conaf

En tanto, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) interpondrá una querella en contra del trabajador queilino por realizar quemas ilegales en medio de la contingencia por la que cruza el país y por contravenir el decreto que prohíbe el uso del fuego desde el 15 de diciembre.

Hernán Rivera, jefe provincial del organismo, expresó que la entidad se hará parte con esta acción legal sentenciando que "queremos darle mucho énfasis en el sentido de que sea un medio de presión para evitar que la gente siga haciendo quemas ilegales". El funcionario recalcó que en lo que va de transcurrido del actual período vigente desde el 1 de octubre pasado la Conaf tiene un registro de 13 incendios con un saldo de 27,7 hectáreas consumidas.