Valeria Barahona

La Presidenta Michelle Bachelet anunció ayer que, antes de que termine este mes, enviará al Congreso un proyecto de ley para concretar el matrimonio igualitario. "Chile hoy reconoce formalmente la necesidad de eliminar la discriminación contra las personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales), avanzando en un camino que busca dar a todas las personas los mismos derechos", dijo la mandataria.

Bachelet realizó el anuncio en un "acto reparatorio" hacia las parejas homosexuales, dado que se les impide contraer matrimonio en territorio nacional, razón por la que en 2012 el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) presentó una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Esto no solo es una demanda de justicia internacional, sino una legítima demanda de la sociedad chilena", afirmó la Presidenta durante la conferencia en el Salón Montt Varas, en La Moneda.

Hito

Rolando Jiménez, dirigente del Movilh, destacó a Emol que se trata de "un hito relevante, porque establece una manera distinta y un tratamiento que ya no va a depender del Gobierno de turno para alcanzar inclusión, igualdad de Derechos Humanos para la diversidad sexual, hoy esto se transforma en un compromiso de Estado".

Ante la oficialización del proyecto, el representante de la entidad por los derechos homosexuales cree que "nosotros tenemos la certeza de que ley de matrimonio igualitario va a haber, seguramente la tramitación va a demorar un año en cada Cámara", sostuvo.

Sobre el detalle del proyecto emitido ayer por la Presidencia, Jiménez contó que "aseguramos en el acuerdo de solución amistosa la modificación de la ley de adopciones, la ley de identidad de género, políticas públicas en salud, social y reproductiva; y en educación se terminará con la arbitrariedad del decreto 934 que permite echar a los profesores de religión que son homosexuales y lesbianas".

Unión civil

Desde 2015 está vigente el Acuerdo de Unión Civil (AUC), ley que permite a dos personas del mismo sexo que conviven o deciden vivir juntas celebrar un contrato con el fin de regularizar los aspectos jurídicos. A diferencia del matrimonio, el AUC impide la adopción.

El titular de Interior, Mario Fernández, será sometido el lunes a una interpelación parlamentaria sobre la violencia en La Araucanía, la seguridad ciudadana y la inmigración. Por esto, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que el jefe de Gabinete está preparándose para responder a las consultas que se le formulen "sin ninguna dificultad".

La acción, que se adelantó tres días desde la fecha original, dado que el 26 de enero Fernández ejercerá como vicepresidente de la República, porque la mandataria estará en visita oficial a República Dominicana y Haití.

El cuestionamiento del lunes 23 se llevará a cabo en el Congreso Nacional en Valparaíso y será conducida por el diputado y jefe de bancada UDI, Juan Antonio Coloma, luego de que la causa impulsada por Chile Vamos recibiera el apoyo de 43 diputados.

Preocupación

Sobre el cuestionamiento, la portavoz de La Moneda comentó que "el ministro del Interior, conocedor absoluto de todas las materias que tienen que ver con su ministerio, está por supuesto recabando la información que se necesita para dar cuenta ante la Cámara de Diputados el día lunes, de todas las consultas que se le hagan sin ninguna dificultad".

Narváez desestimó preocupación ante la interpelación, al señalar que "esto forma parte de la posibilidad que tiene el Parlamento de hacer una interpelación a una autoridad del Ejecutivo y no lo vemos como más novedad que aquello".

Reunión

En paralelo, el diputado Juan Antonio Coloma, quien será el encargado de formular las preguntas al ministro Fernández, visitó ayer Temuco, donde se reunió con mujeres víctimas de violencia rural, dado que uno de los temas abordados será la problemática que vive la Región de la Araucanía.

Sobre seguridad pública, el titular de Interior será cuestionado por la disminución de los recursos para el Plan de Seguridad Comunal, los índices de reincidencia delictual y los montos destinados a la reinserción social.

Otro tema por el que Fernández deberá responder es la existencia de falsos exonerados políticos y si emprenderá alguna acción para revertir la entrega de estos recursos mal habidos.

El Servicio Nacional de Menores adoptó diversas medidas de intervención, como el cambio de residencia en otras regiones, luego de enterarse que un grupo de niñas de un hogar vinculado al organismo eran víctimas de una red de explotación sexual infantil en la comuna de Freirina, Región de Atacama.

Según informó el Sename, el hecho se descubrió en 2015 y fue la propia entidad quien se querelló, hecho que permitió después a la Fiscalía y a la PDI desbaratar la red y detener a los responsables.

Las adolescentes eran parte de la "Residencia Maravilla", de Freirina, que es un recinto privado colaborador del organismo estatal.

Funcionamiento

La red de explotación funcionaba fuera del recinto cuando las menores, que no están privadas de libertad, salían de la residencia.

La banda concertaba encuentros con niñas que eran llevadas a fiestas clandestinas, donde se consumía alcohol y drogas, y luego eran trasladadas a la casa de los imputados donde se concretaban los contactos sexuales.

Niñas reubicadas

El Sename informó que una vez enterado del hecho, las niñas fueron reubicadas en otras residencias de la región, para romper el vínculo con los explotadores.

Además las víctimas fueron derivadas a programas especializados de reparación de maltrato y abuso, según anunció la propia institución durante la tarde de ayer.

Investigación

El jefe de las unidades operativas de la PDI de Atacama, prefecto Alfredo Silva Pavlov, señaló que "se trata de una investigación de alta complejidad y de largo aliento, que comprende una serie de diligencias, así como la reunión de medios de prueba a fin de colaborar con el esclarecimiento de los hechos denunciados".

El fiscal Jorge Hernández indicó que "se logró reunir importante información del caso que llevó a seguir la línea investigativa y así solicitar las órdenes de detención de los involucrados. Así, se consiguió que ante un caso tan preocupante y grave como éste se lograra terminar con el ilícito actuar de los imputados".

Seis detenidos quedaron en prisión preventiva, mientras que otros cinco deberán cumplir arresto domiciliario nocturno. La única mujer imputada quedó con arresto domiciliario total. El juez fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.