El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, sostuvo que la institución que dirige tiene dudas respecto de la buena fe de Myriam Olate, ex funcionaria de Gendarmería y ex esposa del diputado Osvaldo Andrade, al momento de tramitar su pensión de $ 5,2 millones. La autoridad hizo esta afirmación al acudir a la comisión parlamentaria en que se indagan las altas jubilaciones en Dipreca y Capredena.
El fiscal de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, José Morales, afirmó que no hay registro de atención médica ni en Chile ni en Francia del ingeniero comercial Rafael Garay, quien se encuentra prófugo en el extranjero, perseguido judicialmente por presuntas estafas y apropiación indebida.
"No hay registro de su atención médica en Chile como tampoco en Francia", sostuvo el persecutor en el documento que envió el lunes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para solicitar al tribunal una orden de entrada y registro a los domicilios de Garay, quien en junio de este año informó públicamente que padece un cáncer terminal.
En el texto, recogido por Emol, el fiscal señala que Garay tampoco registra una cuenta corriente en el banco HSBC, contradiciendo de esta forma lo expuesto por el ingeniero comercial a sus clientes, a quienes garantizó que devolvería el 100% de los dineros invertidos una vez que retirara los fondos que supuestamente mantenía en dicha entidad financiera.
Morales detalla, además, que el imputado habría montado la empresa Think & Co, a través de la cual ofreció a diversas personas la inversión de capitales en el extranjero, asegurando una rentabilidad mínima anual mediante la celebración de contratos de honorarios.
No obstante, en julio pasado, Garay comunicó a sus clientes que pondría fin a la citada firma, debido al cáncer que padecía.
Por otro lado, efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI realizaron ayer diversas diligencias en dos recintos de salud ubicados en el sector oriente de Santiago, como parte de la investigación en contra del ex candidato a senador.
Según consignó Emol, los detectives acudieron a una clínica siquiátrica y a la Clínica Alemana de la capital.
El citado medio online señaló que los funcionarios policiales recibieron en ambos recintos la información requerida, que tendría relación con el supuesto tumor que Garay dijo padecer.
Para ayer estaba previsto el segundo interrogatorio a la novia del profesional, Antonella Torelli; sin embargo, la mujer no llegó a la cita, pero envió a sus dos abogados, quienes se entrevistaron con los funcionarios policiales.
El último paradero conocido del ingeniero es Bucarest, capital de Rumania, donde si bien Carabineros logró dar con una dirección que correspondería a Garay, este no ha podido ser localizado.
Estaba previsto que ayer por la tarde declarara un amigo de Garay, Juan Concha, quien sería muy cercano al profesional y es la persona que habría comunicado al periodista de CHV Iván Núñez que este regresaría a Chile el 15 de septiembre en un vuelo de AirFrance, lo que no ocurrió.
El fiscal de Delitos de Alta Complejidad Centro Oriente, José Morales, informó que hasta ahora se desconoce el destino del dinero de los clientes de Garay e indicó que el número de afectados ya bordearía las 40 personas. Según publicó ayer El Mercurio, el monto total de la estafa llegaría a los $ 800 millones y que sólo cuatro personas que son presuntas víctimas se habían acercado hasta el lunes a la Fiscalía.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijó ayer la fecha para la nueva fase del procedimiento escrito del litigio marítimo entre Chile y Bolivia, que continuará el próximo 21 de marzo con la réplica boliviana y el 21 de septiembre de 2017 con la dúplica chilena. Ambas partes deberán presentar sus escritos antes de las citadas fechas, señaló la CIJ, con sede en La Haya, en un comunicado. La Paz solicitó la réplica, en respuesta a la contramemoria con la que Santiago respondió en julio pasado a la demanda presentada por Bolivia. El tribunal se pronunció favorablemente a este respecto, de modo que la parte chilena debe contar con el mismo tiempo concedido a La Paz para preparar su respuesta a través de una dúplica.
El fiscal metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, llegó ayer hasta el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a 25 kilómetros de Buenos Aires, para interrogar a dos ex colaboradores del Gobierno de Néstor Kirchner, imputados por su participación en supuestas irregularidades perpetradas por ejecutivos de LAN Chile, hoy Latam, cuando la compañía ingresaba al mercado argentino. Según recogió el diario La Segunda, el persecutor tenía previsto interrogar ayer al ex secretario de Transportes trasandino, Ricardo Jaime. Hoy entrevistará a Manuel Vásquez, ex asesor de Jaime. El caso se remonta a 2010, cuando se dio a conocer el pago de un supuesto soborno realizado por la aerolínea y cancelado a Manuel Vásquez.
La última encuesta CASEN que ha sido presentada ayer por el Ministerio de Desarrollo Social señala que hemos pasado de un 4,5% en 2013 a un 3,5% de pobreza extrema en 2015, un avance que lejos de satisfacernos nos hace trabajar con más fuerza por quienes viven en la vulneración más absoluta de derechos sociales. Esta cifra esconde detrás muchos de nuestros compatriotes que viven en la calle y que requieren una atención urgente.
Desde el 2005 nuestro Ministerio venía desarrollando un catastro nacional de personas en situación de calle para cuantificarlos y conocer la evolución de sus dinámicas de vida. El último catastro del 2011, arrojó la cifra de 12 mil 255 personas viviendo en la calle. De ellos, el 53% vive en regiones y 979 corresponden a la región de Valparaíso; 871 a Biobío, 727 a Tarapacá, 714 Antofagasta, 395 Arica y Parinacota, entre las más afectadas. En las zonas con bajas temperaturas donde el invierno es más crudo se catastraron 387 personas en Los Lagos, 131 en Aysén y 205 en Magallanes.
Un catastro sin conexión con las políticas públicas, amenaza con anular los esfuerzos que se realizan para censar a quienes viven en la calle, que en sí es una tarea muy compleja. Este año, nuestro Ministerio ha querido dar un giro importante en esta materia, transformando el catastro en un Registro de Personas en Situación de Calle como una herramienta destinada a facilitar el acceso a beneficios sociales asociada al nuevo Registro Social de Hogares.
El Registro de Personas en Situación de Calle permitirá integrar la dimensión censal y caracterizadora que realizaba el antiguo catastro con las ventajas de la nueva plataforma de Registro Social de Hogares. De esta manera, pretendemos además de catastrar y caracterizar a la población de calle, darles seguimiento e integrarlos al sistema de protección social para otorgarles el acceso a diversas prestaciones sociales que les ayuden a salir esta situación.
Así, el registro de personas en situación de calle busca pasar a un estadio superior en el abordaje de la problemática de calle. Queremos que el Registro sea una nueva herramienta para las políticas públicas, un complemento al nuevo Registro Social de Hogares lo que da coherencia a nuestro trabajo para los sectores vulnerables.
Estamos en pleno proceso de aplicación de este nuevo instrumento en todo el país y con especial atención a las regiones más afectadas. Creemos decididamente que ésta es la mejor vía para mejorar las políticas públicas hacia la población más vulnerable y para ello, esperamos contar igualmente con el apoyo de la sociedad civil y las municipalidades, que serán actores centrales de este nuevo proceso para otorgarles un trato digno a nuestros compatriotas sin hogar.
Queremos un Chile más justo e inclusivo, donde los recursos vayan dirigidos efectivamente a los sectores más vulnerables, aquellos que más lo necesitan, ese es nuestro propósito hoy ,y a lo que estamos enfocando nuestros esfuerzos a través de la implementación y uso este instrumento.
Juan Eduardo Faúndez
El fiscal metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, llegó ayer hasta el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a 25 kilómetros de Buenos Aires, para interrogar a dos ex colaboradores del Gobierno de Néstor Kirchner, imputados por su participación en supuestas irregularidades perpetradas por ejecutivos de LAN Chile, hoy Latam, cuando la compañía ingresaba al mercado argentino. Según recogió el diario La Segunda, el persecutor tenía previsto interrogar ayer al ex secretario de Transportes trasandino, Ricardo Jaime. Hoy entrevistará a Manuel Vásquez, ex asesor de Jaime. El caso se remonta a 2010, cuando se dio a conocer el pago de un supuesto soborno realizado por la aerolínea y cancelado a Manuel Vásquez.