El domingo recién pasado salió un reportaje en El Austral donde se afirmaba que la comuna de Osorno lidera las cifras de menores agredidos en la Región durante 2015, afirmando que existe un número importante de niños que sufrieron vulneración. Entendiendo que los niños agredidos son aquellos que han sufrido la vulneración a sus derechos, y entendiendo el maltrato infantil como los abusos y desatenciones que reciben los menores de 18 años, incluyendo maltrato físico, psicológico o sexual que dañen su salud, desarrollo o dignidad, o bien que pongan en riesgo su supervivencia, según la Organización Mundial de la Salud y a la Unicef. Desde esta perspectiva, es importante detenerse a reflexionar sobre los niños que viven en situación de pobreza, los cuales diariamente ven amenazado su desarrollo y dignidad, producto de la violencia social que significa vivir en situación de campamento.
Según la Encuesta Nacional de Campamentos, un 33,8% de los habitantes son niños-adolescentes. En base a esto, es posible afirmar que al menos un 59,1% de los niños entre 0 a 17 años es afectado por la pobreza infantil, y al menos el 11,3% se encuentran en una situación de pobreza extrema, debido a que no cuentan con servicios básicos como acceso formal al agua, electricidad y alcantarillado, entre otros (se utilizó un indicador de Unicef para medir la proporción que se encuentran privados de "provisiones y calidad de servicios y bienes públicos que afectan directamente el ejercicio de los derechos de la población infantil").
Es sumamente grave y vergonzoso para nuestra sociedad el que hoy en día sigan cientos de niños sufriendo la violencia que significa vivir en situación de pobreza, viendo su desarrollo truncado por un modelo país que obliga a miles de familias a habitar en campamentos, como resultado de la brutal desigualdad educacional, laboral, sólo por mencionar algunas.
Es deber de todos nosotros, de toda la sociedad, terminar con la violencia social que es ejercida a través de este sistema desigual, seguir trabajando de forma coordinada, desde el territorio soñando juntos un país donde nuestros derechos estén garantizados y no dependan de nuestra capacidad de pago, un Chile justo y sin pobreza.
Giovanna Moreira Almonacid, directora regional de Techo-Chile