Iniciado el año académico 2016, nos encontramos con una serie de desafíos en la Educación Media Técnico Profesional, ya que ha cambiado parte importante de la malla curricular y los establecimientos han debido revisar cuan atingente resultan sus especialidades dentro de las comunas en que se encuentran inmersos; indagar acerca de la oferta y demanda empresarial, así como la revisión minuciosa de contenidos, objetivos y perfil docente.

Este cambio, sin duda, no sólo contempla a las comunidades estudiantiles, sino que deja entrever el compromiso que debe existir desde la industria, presentando las inquietudes e intereses de esta última respecto de la mano de obra que entregan los diversos establecimientos.

En ONG Canales estamos dispuestos a generar esta sensibilización a nivel empresarial, ya que abrir las puertas a los liceos técnico-profesionales no sólo implica involucrar a los estudiantes y docentes en las prácticas duales o profesionales, sino que instalar la Responsabilidad Social Empresarial como un componente activo, que significa además corroborar el impacto en la comunidad mediante la interacción con la educación.

La industria de hoy ha revisado sus políticas en cuanto al impacto ambiental, productivo y de alcance en la comunidad, por lo tanto, es necesario que la Responsabilidad Social esté dirigida también a crear lazos con los establecimientos educacionales, a través de pasantías docentes y mesas de trabajo, con el único objetivo de mejorar el perfil de egreso en el futuro trabajador.

Promovemos también la capacitación de los Maestros Guías, quienes mejoran la metodología para recibir a los estudiantes en práctica y cuya expertiz es fundamental para que la inducción del estudiante a la práctica y a la empresa resulte óptima. En la Región las empresas se están comprometiendo y sin duda esto logrará un cambio significativo en los nuevos técnicos. En ONG Canales creemos que es importante que tanto los liceos como las empresas nacionales desarrollen un compromiso de trabajo conjunto, para validar los conocimientos que día a día reciben nuestros estudiantes técnico-profesionales y así ellos puedan instalarse con todas las herramientas en el campo laboral vigente.

Mariela Silva Salas, asistente técnico

en Emprendimiento de ONG Canales

Sumidos en la incertidumbre se encuentran numerosos estudiantes de la Universidad de Los Lagos (ULagos) que a la fecha, transcurrido ya el primer mes de actividades académicas, aún no saben si serán beneficiarios o no de la gratuidad para cursar sus estudios superiores. Muchos de ellos han resuelto retrasar el pago de sus matrículas, que deberían haberse hecho efectivas en enero, ante la falta de certezas acerca de la implementación de esta política estatal que fue objeto de grandes discusiones hasta el año pasado y que supondrá un cambio radical en el acceso a la educación superior para miles de jóvenes de sectores vulnerables.

Independiente del panorama que se pueda estar presentando en otros planteles educacionales por la premura con la cual ha arrancado el nuevo sistema, y que en algunos casos tiene a universitarios a los que se les otorgó el beneficio en enero y que ahora se les quiere quitar por la entrega de información errónea, lo concreto es que la ULagos otra vez se ha visto atrapada por decisiones que están más allá de su alcance. El primer episodio de este tipo le ocurrió a fines del año pasado, cuando el Gobierno la marginó del inicio de la gratuidad por carecer de la acreditación mínima considerada para las casas de estudios superiores.

A los pocos días el Poder Ejecutivo retrotrayó la decisión producto de las fuertes críticas que recibió, de modo que se supone que a partir de ahí la ULagos se integró en propiedad al sistema. No obstante, el manto de dudas que se ha cernido ahora sobre los estudiantes que serán favorecidos con los estudios gratis viene a agregar un nuevo sinsabor, en instantes en que deberían estar preocupados de sus procesos académicos y no si acerca deberán pagar o no.

Puede ser que quizás haya menos recursos ahora para repartir, pero al momento de impulsar esta ley, aprobarla y encumbrarla como uno de los grandes logros de esta administración, el Gobierno quedó obligado a cumplir con lo que se prometió. Extender la espera hasta el 27 de abril, que es la fecha indicada para que se oficialice la nómina de los beneficiados, así como la falta de pronunciamiento de las autoridades regionales, poco ayuda a dar certidumbres de lo que se erigió como uno de los propósitos fundamentales del actual Gobierno.