El año 2008 nuestro país ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, instrumento legal que entró en vigencia en septiembre del año siguiente, siendo parte desde entonces de nuestro actual sistema jurídico.
La aplicación del Convenio 169 de la OIT ha demostrado ser positiva en la siempre conflictiva relación entre Estado y pueblos indígenas, en la medida que garantiza una mayor protección de los derechos indígenas en nuestro país, al establecer el derecho a la consulta previa, libre e informada, en las materias e iniciativas administrativas y legislativas que puedan afectarles.
Las denominadas consultas indígenas han dado lugar, desde el año 2009 a la fecha, a una serie de procesos de diálogo intercultural en distintos ámbitos públicos, como en el sector Salud y el reciente proceso de participación y consulta para asegurar el derecho de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas a recibir una atención con pertinencia cultural, que establece el artículo 7 de la Ley 20.584.
Actualmente es el Ministerio del Medio Ambiente el que está convocando a un proceso de participación y consulta a los pueblos indígenas existentes en nuestro país, con la finalidad de establecer un proceso de diálogo a través del cual se puedan revisar, analizar y elaborar propuestas de manera conjunta por parte del Estado de Chile y los pueblos indígenas, en materias específicas que permitan elaborar indicaciones al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Este proyecto de ley tiene por objeto complementar la institucionalidad ambiental, dotando a Chile de un servicio público encargado de la conservación de la diversidad biológica en el país. Para ello se establecen diversos instrumentos de conservación, entre los cuales destaca el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, destinado a gestionar de manera integrada todas las áreas que requieren la protección de su biodiversidad, sean terrestres y acuáticas, tanto públicas como privadas, siendo de la mayor importancia conocer e incorporar los puntos de vista de las organizaciones indígenas sobre estas materias.
Jaime Sotomayor Neculman, abogado y
Magíster en Gestión Pública