Mayor transparencia
Existe una necesidad de avanzar en los procesos en pos de una mayor probidad en el ejercicio de la función pública. Chile requiere enfrentar de frente cualquier atisbo de ilegalidad, anomalía o irregularidad que involucre los recursos de todos nosotros.
El miércoles en la tarde, y tras suspender una visita a la Región de Los Ríos, el ministro Burgos anunció que el administrador de La Moneda, Cristian Riquelme, había presentado su renuncia al cargo luego de meses de duros cuestionamientos, principalmente, por su rol en el caso Caval y negocios de una empresa en la que se relacionaba a su familia con el Estado. Un día después, y luego de una semana de intenso análisis del informe evacuado por la Contraloría sobre irregularidades en el uso de recursos del programa "Reencántante con Quintero y Puchuncaví" , el intendente de la Región de Valparaíso, Gabriel Aldoney, solicitó al seremi de Deportes, Daniel Duclos, su salida del cargo debido a las posibles vinculaciones que pudiese tener con el caso.
Se trata de dos hechos que en su génesis no tienen ninguna relación, pero que sí dejan ver una cierta actitud de la autoridad que nos permite pensar que existe una decisión política de enfrentar de manera distinta y con mayor transparencia hechos que nada bien le hacen al funcionamiento país y que la ciudadanía clama hace ya varios años.
No se trata de linchar en la plaza pública a cualquier personero que aparezca mencionado en algún caso o generalizar, como lo ha señalado el ex ministro José Miguel Insulza, sino de demostrar que existe una necesidad de avanzar en los procesos en pos de una mayor probidad en el ejercicio de la función pública y también privada.
Así, en este contexto, se entiende que la decisión del intendente de Valparaíso Gabriel Aldoney -de remover al secretario regional ministerial de Deportes- haya encontrado piso político en parlamentarios PPD, colectividad del propio seremi.
La función pública, sobre todo hoy que entramos en un año electoral, debe desarrollarse con la mayor transparencia posible y ajustada a las normas establecidas por ley, e incluso, modificar éstas con tal de dar cuenta del clamor popular que cada vez más exige probidad. El esfuerzo por mejorar la imagen deteriorada que tiene la clase política parte, necesariamente, por este esfuerzo. Chile requiere ponerse serio en estos casos, y enfrentar de frente cualquier atisbo de ilegalidad, anomalía o irregularidad que involucre los recursos de todos nosotros.