Un día después del atentado ocurrido la mañana del viernes en Tirúa, en la provincia de Arauco, se registró un nuevo hecho de este tipo en la ruta que une la comuna Contulmo con Antiquina, perteneciente a la misma zona.

Por ello, la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) pidió al Gobierno decretar estado de emergencia en las regiones de Biobío y La Araucanía.

"Aquí hay que utilizar las herramientas que existen (...) porque no puede ser que el Gobierno de turno tenga la posibilidad de aplicar las leyes y no lo haga", señaló a Emol el presidente del gremio, José Villagrán.

El dirigente aseguró que bajo esas condiciones los organismos de orden y seguridad podrían "perseguir a estos terroristas".

"Los camioneros y la ciudadanía no creemos en nada. Las bases nos están exigiendo una cirugía mayor y si el Gobierno no la hace tendremos que partir de nuevo a La Moneda", advirtió.

Respecto de la naturaleza de los hechos, el presidente de la CNTC sostuvo que "aquí no hay hechos aislados ni robo de madera, sino terrorismo puro y hay que terminarlo con las leyes que se tienen a mano (...) Ahora, si el Gobierno está esperando que nos armemos para defendernos vamos a tener que llegar a eso".

Nuevo ataque en arauco

El atentado ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de ayer en el fundo El Ñanco, de la forestal Mininco, la misma empresa de los trabajadores que fueron atacados en Tirúa.

Las primeras indagatorias arrojaron que al menos dos camiones resultaron quemados en un hecho perpetrado por presuntos encapuchados.

Al igual que en el incidente anterior se encontró un cartel alusivo al conflicto mapuche.

Miembros de la Unión Demócrata Independiente (UDI) valoraron el fallo emitido por la justicia de Argentina que podría facilitar la extradición del ex frentista Galvarino Apablaza, principal sospechoso del crimen del ex senador gremialista Jaime Guzmán y quien se encuentra en calidad de refugiado en ese país.

Los detalles del dictamen judicial, consignados ayer por El Mercurio, indican que los delitos impugnados al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) "resultan frontalmente contrarios a la ley argentina", lo que sería el primer paso para su extradición.

"Ésta impide otorgar a un acusado de delitos comunes el estatus de refugiado y los delitos atribuidos a Apablaza, según lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la nación -en fallo pasado en autoridad de cosa juzgada-, constituyen delitos comunes", señaló el fallo.

Ante esta resolución, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, calificó como una "buena señal" la decisión de los tribunales trasandinos.

"Creo que esto es una buena señal que abre opciones a que después de una década se pueda finalmente ejercer la acción de la justicia chilena", indicó el parlamentario a radio Bío Bío. "Recordemos que la participación de Apablaza en el asesinato de Jaime Guzmán no es algo que se haya planteado por parte nuestra, fue la justicia chilena la que conforme a los antecedentes llegó a esa conclusión".

En la misma línea, el vicepresidente de la UDI, Edmundo Eluchans, señaló que "en el fondo lo que está diciendo es que Chile tiene el derecho en cuestionar la calidad de refugiado que le ha dado Argentina a Apablaza".

"Nosotros queremos darle importancia a esta resolución, porque creemos que la tiene", expresó el militante del gremialismo a radio Cooperativa.

Eluchans agradeció "al Gobierno de la Presidenta Bachelet, al embajador (José Antonio) Viera-Gallo, al ministro del Interior, Jorge Burgos, y al canciller Heraldo Muñoz que se la han jugado por nuestra causa y estamos viendo los efectos positivos".

Por último, el vicepresidente de la UDI recalcó que "aquí en Chile el señor Apablaza va a tener la posibilidad de un juicio justo. En Chile vivimos en estado de derecho y hay tribunales independientes".

En 2010, la Corte Suprema de Argentina había autorizado la extradición de Apablaza, decisión que fue congelada luego que la Comisión Nacional para Refugiados (Conare) le dio la categoría de asilado político. El escenario podría cambiar luego del fallo dado a conocer ayer.

Mauricio Mondaca

Como un proyecto que no puede considerarse una reposición de la detención por sospecha y que ha sido caricaturizado por sus detractores, calificó Juan Francisco Galli, director del Área Legislativa de Avanza Chile -ligada al ex Presidente Sebastián Piñera-, el nuevo control preventivo de identidad, incluido en la Agenda Corta Antidelincuencia.

El experto manifestó que "lamentablemente se ha querido caricaturizar esta medida. Quiero ser tajante en esto. Ninguna persona puede ser detenida como consecuencia de un control de identidad. En el peor de los casos, si una persona es controlada y no porta identificación, será trasladada a un recinto policial para verificar su identidad. En ese procedimiento la persona no puede ser tratada como detenida, es decir, no la pueden esposar, ni encerrar en un calabozo ni tratar como si hubiera cometido un delito".

Para el abogado y ex asesor legislativo del Ministerio del Interior, las críticas específicas contra el control preventivo de identidad "son una herramienta comunicacional".

"Nos quieren llevar a una norma que se usó en dictadura, cuando bastaba la mera sospecha policial para quedar detenido", añadió.

En este sentido, advierte que quienes se oponen a esta medida tiene una agenda que "políticamente no es razonable". "Existe una especie de temor a un Estado policial. Esta agenda viene de la extrema izquierda, que teme inhibiciones en marchas o manifestaciones. Por el lado ciudadano, existe el temor de otorgarle ciertos herramientas discrecionales al control del Estado. Pero Chile es otro. No estamos en los 80 y hoy existen instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el programa de DD.HH del Ministerio del Interior y las redes sociales. La capacidad de abuso es muy poca", aseguró.

Tramitación legislativa

De acuerdo a Galli, la aprobación en el Senado de la Agenda Corta Antidelincuencia "es una buena noticia para los chilenos". "No hay balas de plata. Sería irresponsable decir que esta será la herramienta que bajará la delincuencia. Pero va a ayudar", afirmó el directivo.

Galli agregó que una de las cosas más destacables de al tramitación de esta normativa fue el cambio de actitud que tuvo la Nueva Mayoría.

"En 2013 el proyecto del Presidente Piñera que propuso el control preventivo de identidad fue objeto de una tenaz oposición por parte de la Nueva Mayoría, llegando a rechazarlo en general. El contenido de dicho proyecto fue incorporado a la actual Agenda Corta del Gobierno por una indicación de diputados de Chile Vamos y ha logrado concitar el apoyo de parlamentarios oficialistas. Es bueno, aunque con dos años de retraso, que avancemos en esta materia", agregó Galli.

Las cifras

Un informe estadístico del Ministerio Público, citado por Avanza Chile, revela que en 2014 hubo 449.331 aprehendidos como consecuencia de controles preventivos, de los cuales 377.438 fueron derivados a las Fiscalías del país (84% del total). De dichos casos, 218.914 pasaron finalmente a audiencia de control de detención. Lo anterior significa que del total de aprehendidos el 49% de los casos fueron conocidos por el Tribunal de Garantía . La Corte Suprema cifró en 66.041 las órdenes de detención pendientes.