El funcionario de La Moneda que borró los datos del computador que utilizaba el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet Sebastián Dávalos, reveló que el ex director sociocultural de la Presidencia estaba presente mientras llevaba a cabo la acción.

Jorge Cubillos Vargas, perteneciente al Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación del palacio de gobierno, entregó esa información al comparecer ante la Brigada Metropolitana del Cibercrimen de la PDI, que luego envió un informe al fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, según publicó La Segunda ayer.

Según informó el vespertino, Cubillos relató que el 13 de febrero del año pasado recibió una llamada para que fuera a la oficia de Dávalos en La Moneda, a quien "conozco sólo por su cargo", señaló.

En ese lugar "él (Dávalos) me señala su computador. Le consulto cuál es su solicitud, indicándome que necesitaba eliminar la información".

El funcionario de Palacio indicó que al preguntarle al hijo de la Presidenta si necesitaba que respaldara la información del aparato, él le respondió que no.

Según detalló Cubillos en su declaración, para proceder a borrar la información utilizó el comando "diskpart opción clean". El funcionario afirmó que el proceso "no tomó más de 12 a 20 segundos, mostrándole al señor Dávalos los resultados de la operación una vez finalizado; esto era que, luego del encendido del equipo, éste no iniciaba el sistema operativo".

"Finalizado mi trabajo me retiré, durando todo este proceso no más de 2 minutos", añadió. El mismo día que se realizó el borrado del computador Sebastián Dávalos presentó su renuncia a su cargo en La Moneda.

Tres días después, Cubillos regresó a la oficina del ex director sociocultutral de La Moneda para retirar el computador, que se encontraba en las mismas condiciones que lo dejó, según relató.

La PDI logró recuperar parte de la información que fue borrada del computador. Al ser consultado respecto de por qué no utilizó un método más definitivo para eliminar los datos, el funcionario indicó que "utilicé el comando diskpart porque sólo en el momento en que estuve con el señor Dávalos supe el requerimiento que necesitaba. Para responder rápidamente se me ocurrió usar esa aplicación. No es habitual hacer este tipo de procesos".

Carolina Collins

Luego de que se conociera que el Ministerio Público ingresó el lunes la solicitud de formalización al ex senador socialista Carlos Ominami, en el marco del caso SQM, el ex parlamentario aseguró que actuó "de buena fe" y que sobre esa base "me defenderé".

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, ingresó el lunes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una petición que también está dirigida contra el ex gerente general de SQM Patricio Contesse y el extesorero del Partido Socialista Milton Lee, según publicó El Mercurio.

Según el matutino, en la declaración de Lee ante la Fiscalía, señaló que contaban con dineros que él facturaba "se pagaban cosas que se hacían para la campaña de Carlos Ominami".

La solicitud de formalización es la primera que se ingresa por el caso desde que el fiscal Gómez asumió la investigación hace tres meses.

A través de una declaración Ominami afirmó que la diligencia es "parte del procedimiento judicial", y aseguró que "todavía no he sido notificado" al respecto.

Por eso, el ex parlamentario indicó que "haré un pronunciamiento una vez sea notificado y cuente con mayor información".

Pese a esto manifestó que "la demanda de formalización no implica juicio de culpabilidad. He actuado de buena fe y sobre esa base me defenderé".

La solicitud del Ministerio Público llega tras la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) presentada en octubre pasado contra Ominami, Patricio de Solminihac, Patricio Contesse y Ricardo Ramos y Lee.

El fiscal Gómez, por otra parte, ha manifestado que pedirá un pronunciamiento expreso del SII por la situación de Marco Enríquez-Ominami y otras personas que están siendo investigadas.

La querella del ente fiscalizador contra el ex senador son por ocho facturas de Alerce Talleres Gráficos que luego fueron rectificadas por la minera no metálica en marzo pasado, por tratarse de servicios inexistentes.

Seis de esos documentos fueron emitidos entre junio y diciembre de 2009 por montos entre los $19 y los $23 millones, mientras que las otras dos fueron por $23 millones 800 mil y corresponden a enero y febrero de 2010.

En total las facturas suman 178 millones, que significaron una baja en la cuota de impuestos de $75 millones según calculó el SII, que es el perjuicio fiscal que se investiga en la causa.

Según publicó El Mercurio, a pesar de que había trascendido desde el Ministerio Público que en el caso de Ominami el delito había prescrito, luego de que en diciembre la Fiscalía pidiera el registro de viajes del ex senador y de Lee esto cambió. Lo anterior se explica porque cada entrada y salida del país interrumpe el plazo de prescripción de delitos cometidos al interior del territorio nacional.

La fiscalía pediría extender el plazo de la investigación, que vence en febrero.

8 facturas de Alerce Talleres Gráficos fueron rectificadas por SQM por ser de servicios que no existieron.

$75 millones es el perjuicio fiscal calculado por el SII en esta arista del llamado caso SQM.

El Tribunal de Garantía de Rancagua accedió a la solicitud del fiscal regional de O'Higgins Luis Toledo y fijó la audiencia de formalización por delitos tributarios de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon y otros cinco contribuyentes querellados por el SII, para el próximo 29 de enero.

El tribunal además informó que definió suspender la audiencia de competencia, que había sido fijada para el 21 de enero, que fue solicitada por la defensa de Compagnon, pues decidió que se realizará el mismo día de la formalización.

Respecto a ese último punto, la Fiscalía de O'Higgins ya presentó un recurso de reposición, con el objetivo de que la causa sea vista en Rancagua y no en Santiago, como pretende la defensa.

La defensa del socio de Caval Mauricio Valero también solicitó una audiencia de competencia ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que quedó fijada para el 20 de enero.

El abogado querellante Eduardo Riquelme, comentó en declaraciones citadas por Cooperativa que "esta es la mitad de la historia, porque falta ahora la querella del Servicio de Impuestos Internos por las facturas que Caval emitió a Gonzalo Vial Concha el año 2012 por 1.200 millones de pesos y que en la investigación se encuentra totalmente acreditado que fueron por servicios no prestados".

El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que la formalización de la esposa del hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, no complica al Ejecutivo.

"Al Gobierno no le complica que los fiscales hagan su trabajo, eso es también parte del funcionamiento regular y autónomo de la Fiscalía", dijo el vocero de La Moneda.

Por su parte, el timonel de la DC, Jorge Pizarro, aseveró que "sin duda que fue el caso que afectó a la Presidenta durante todo el año pasado y hasta hoy, pero en esto vuelvo a insistir que hay que dejar que la institucionalidad funcione".