Verónica Salgado

El fallo del Tribunal Constitucional, que calificó como "discriminatorios" y "arbitrarios" algunos puntos de los criterios fijados por el Gobierno para determinar la gratuidad universitaria para alumnos que ingresen al sistema durante 2016, provocó la división entre los rectores de las casas de estudios superiores con presencia en la ciudad, quienes difieren sobre las condiciones que deben cumplir las instituciones para ser elegibles a la gratuidad.

El pasado jueves, y luego de dos días de discusión, el Tribunal Constitucional acogió el segundo punto del requerimiento interpuesto por 31 parlamentarios de la oposición para objetar la gratuidad universitaria.

El ejecutivo impulsa el diseño de gratuidad para aplicarlo desde el próximo año mediante una glosa del presupuesto de Educación y en la cual solo participarían algunas instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y otras tres que cumplían ciertos requisitos, pero no todas las instituciones de educación superior.

Acierto del tribunal

Víctor García, rector de la Universidad Santo Tomás (UST) sede Osorno, considera que el fallo de Tribunal Constitucional sólo ratifica lo que desde el pasado 21 de mayo vienen señalando las instituciones que no pertenecen al Cruch.

"El fallo en la parte medular está perfecto y el nivel de discriminación que generaba la glosa era tremendo, ya que además significaba la discriminación para estudiantes de provincias versus los de grandes ciudades universitarias", dijo García.

Señaló que en provincias como Osorno y en la mayoría de las regiones la educación superior creció gracias a las instituciones privadas, considerando centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. De hecho, Santo Tomás sede Osorno tiene alrededor de 2.500 alumnos distribuidos en carreras universitarias, del instituto profesional y el centro de formación técnica.

Por su parte, el rector nacional de Inacap, Gonzalo Vargas, explicó que está muy conforme con el fallo del Tribunal, porque siempre señalaron que lo que debe primar en el diseño de gratuidad es la vulnerabilidad del estudiante y que todas las instituciones acreditadas sean elegibles.

"Aquí el Gobierno tiene la tarea de rediseñar el sistema de financiamiento o el ingreso a la gratuidad. Nosotros lo que sostenemos es que cualquiera que sea el mecanismo no puede ser discriminatorio y arbitrario", explicó el rector nacional de Inacap.

Agregó que se profundiza la discriminación si sólo son beneficiarios los alumnos pertenecientes a casas de estudio incluidas en el Consejo de Rectores, "la solución puede ser un esquema de mejoramiento de becas o de apertura a otras instituciones que hoy no están en la gratuidad, pensando siempre en los alumnos vulnerables", indicó.

Inacap sede Osorno imparte 33 carreras distribuidas entre profesionales y técnicas, con más de cinco mil alumnos.

Decisión presidencial

La sentencia será comunicada el 21 de diciembre y contendrá los puntos que se señalan en el diseño y donde no están incluidas todas las instituciones de educación superior, lo cual es "discriminatorio"; también el rechazo al mecanismo de gratuidad a través de una glosa presupuestaria pero sin formar parte de la Ley de Presupuesto, lo cual fue declarado como anticonstitucional.

Óscar Garrido, rector de la Universidad de Los Lagos (ULagos), entidad estatal perteneciente al Consejo de Rectores y una de las elegibles para entregar gratuidad el año 2016, consideró lamentable lo que denominó "defensa de derechos económicos" de instituciones que no han demostrado que la educación que ellos imparten "se traduce en una buena formación universitaria".

"Es lamentable que por los caprichos de un sector minoritario de este país se coloque en tensión una decisión presidencial que es el sentir del pueblo que por décadas pide mayor equidad. Con esta acción hoy está en riesgo que miles de familias, las más vulnerables, no puedan cumplir el sueño de la gratuidad y sólo por la soberbia de grupos de poder", manifestó.

La estatal ULagos tiene su sede central en el Campus Chuyaca, ubicado en la ruta internacional 215, pero además tiene campus en las ciudades de Puerto Montt, Santiago y una sede en Chiloé. Cuenta con una matrícula superior a los 12 mil alumnos en sus carreras de pre y postgrado, además de técnicas.

El senador socialista por la Región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros, afirmó que la decisión del tribunal no significa que el Gobierno detenga el inicio de la gratuidad en 2016. Precisó que la sentencia que se conocerá el 21 de diciembre no podrá intervenir ni cuestionar el monto de los recursos asignados a la gratuidad.

"El fallo del Tribunal Constitucional es político e ideológico, pasa a llevar a los poderes Ejecutivo y Legislativo y se alinea con un determinado sector de la oposición, el mismo que fundó el sistema privado de educación superior para ganar dinero y lucrar con la educación y que hoy, convenientemente, dice estar preocupado de la equidad y la igualdad", expresó.

"Con esta acción hoy está en riesgo que miles de familias, las más vulnerables, no puedan cumplir el sueño de la gratuidad y sólo por la soberbia de grupos de poder".

Óscar Garrido, Rector de la ULagos

21 de diciembre será conocida la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre la gratuidad.

2016 se inicia el sistema de gratuidad para la educación superior que beneficiará a los alumnos vulnerables.

25 universidades pertenecen al Consejo de Rectores, las cuales están distribuidas en todo el país.