Con 106 votos de respaldo la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que eleva las sanciones a empresas por colusión y, entre otras cosas, penaliza esos actos con cárcel. Así, la iniciativa presentada en marzo por el Ejecutivo, fue despachada al Senado para su segundo trámite constitucional.

El proyecto, al que el Gobierno le otorgó la discusión inmediata la semana pasada, establece presidio entre cinco años y un día a 10 años, y pena efectiva de cárcel por lo menos de un año, sin importar los atenunantes. Además aumenta las multas.

El proyecto también establece que el beneficio de la delación compensada sólo será para la primera firma implicada que aporte antecedentes a la FNE. Las investigaciones de hechos constitutivos del delito de colusión sólo pueden ser iniciadas por querella de la fiscalía.

La inciativa logró el apoyo transversal de los parlamentarios. "Va a haber un antes y un después y yo llamo a todos los que estén coludidos que canten ahora, porque la nueva ley viene muy, muy complicada para los delincuentes de cuello y corbata. Este es un proyecto excelente y nosotros esperamos que lo antes posible sea ley de la República", dijo en delcaraciones citadas por Cooperativa el diputado de RN, José Manuel Edwards.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, manifestó que "vamos a entrar inmediatamente a la discusión en el Senado, queremos avanzar lo más rápido posible y necesitamos manejar todas las urgencias de forma tal de poder sacar lo antes posible esta legislación".

"Obviamente tenemos semanas por delante donde va a estar la tramitación del presupuesto, así que vamos a ver como son los tiempos, de forma tal de poder materializar este proyecto de ley", agregó .

Primera querella

Por otro lado, ayer el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la primera querella presentada por la colusión de las empresas de papel tissue.

La acción judicial fue interpuesta por el alcalde de Melipilla Mario Gebauer, por la adulteración fraudulenta de los precios de los productos de CMPC y SCA. "Esperamos que con esta primera querella hayan muchas otras instituciones, especialmente el propio Gobierno, que representa a todos los Ministerios que hacen estas compras", dijo el edil.

Carolina Collins

A través de un sorteo se definió ayer en la Sala de la Cámara la comisión integrada por cinco diputados que será la encargada de revisar la acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo, que fue ingresada por parlamentarios de la oposición el miércoles.

La instancia quedó integrada exclusivamente por parlamentarios de la Nueva Mayoría. Así, el líbelo presentado por la oposición será analizado por Marcela Hernando (PR), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Leonardo Soto (PS) y Lautaro Carmona (PC).

En el sorteo quedaron fuera de la comisión los diputados que presentaron la acusación y los miembros que conforman la mesa de la Cámara.

La acusación fue presentada el miércoles por parlamentarios de RN, la UDI, Evópoli y la independiente, Karla Rubilar, por supuestas infracciones a la Constitución, la deuda hospitalaria, retrasos en la infraestructura y las leyes Auge y Ricarte Soto, entre otras materias que han sido cuestionadas de la gestión de Castillo, que ya fue interpelada fines de septiembre.

El plazo para notificar a la ministra comenzó a regir ayer. La titular de Salud cuenta con 10 días para formular sus descargos. Ahora deberá constituirse la comisión, que tendrá seis día para analizar la acusación y pronunciarse al respecto. Luego la Sala de la Cámara debe convocarse para votar la acusación.

De ser aprobada, la acusación luego debiera pasar al Senado, que deberá someterla a una nueva votación. Si se aprueba, eso derivaría en la pérdida del cargo de la secretaria de Estado, quien quedaría impedida de ocupar cargos públicos por cinco años.

Posición de la oposición

Tras el sorteo, desde la oposición manifestaron que confían en que el trabajo de la comisión se hará de forma "seria", más allá de las convicciones políticas.

El diputado Javier Macaya (UDI), afirmó que "yo creo que esto constituye una oportunidad de demostrar que la comisión va a trabajar en forma seria, de que se van a revisar los antecedentes, de que se va a tener la oportunidad de visibilizar que hoy en Chile la salud pública sí está en crisis".

Por su parte, Rubilar señaló que "en un Parlamento en que el se hace bien el trabajo, esta acusación independiente de que quien sea sorteado, debería ser evaluado en su mérito". Pese a esto agregó que "tengo que plantear mis dudas, es difícil con una comisión que tiene que analizar que tiene dos comunistas, un PPD, una radical y un socialista, que efectivamente se evalué en su mérito esta acusación.

2 Ambas cámaras deberán someter a votación la acusación, una vez que la ministra formule sus descargos.

2013 fue la última acusación aprobada, que provocó la destitución de Harald Beyer de Educación.

El presidente del Partido Progresista de Chile (PRO), Marco Enríquez-Ominami se reunió ayer con el Mandatario cubano, Raúl Castro en La Habana, en un "fraternal encuentro", según publicó el medio local Granma. Según la publicación ambos dialogaron "sobre los positivos vínculos que existen entre ambas naciones, la situación actual de la región, los avances en el proceso de integración latinoamericano y caribeño, y otros temas de la agenda internacional". ME-O acudió a la cita acompañado por el secretario general del PRO, Pedro Abarca, quien publicó fotos del encuentro a través de Twitter. En los mensajes señaló que abordaron la "actualización del modelo", así como las relaciones entre Estados Unidos y la isla. En la reunión estuvieron presentes el primer vicepresidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y el jefe del departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC, José Ramón Balaguer.