Incertidumbre es la palabra que más se repite cuando se habla de cómo el gobierno aplicará desde el próximo año la gratuidad en la educación superior, la que se iniciará en algunos planteles que cumplan con los requisitos establecidos. Incertidumbre que ha estado marcada por anuncios surgidos desde el Gobierno que han causado inquietud entre estudiantes y rectores de las casas de estudio y declaraciones que posteriormente han sido desmentidas como la que realizara la propia ministra de Educación, Adriana Delpiano, acerca de que la gratuidad se financiaría por medio de becas.

La tensión aumenta de cara a la presentación de la Ley de Presupuestos que este miércoles el ejecutivo enviará al Congreso para su trámite constitucional. Hasta el momento, el escenario de incertidumbre que enfrenta la reforma educacional está dado, por una parte, por el magro escenario económico que enfrenta nuestro país, con un nivel de crecimiento bajo y una menor holgura en recursos a raíz de la contracción del cobre a nivel internacional. Asimismo, porque los recursos que se captarán por la vía de reforma tributaria podrían ser insuficientes para la magnitud de la reforma que se pensó implementar. En segundo término, han surgido voces, como la del rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Juan Manuel Zolezzi, en cuanto a que buscar financiar la gratuidad por medio de una glosa que se incluya en la Ley de Presupuesto podría resultar abiertamente inconstitucional, por cuanto no puede el Estado entregar recursos a entidades privadas, pues incluso abriría la puerta a que Contraloría General de la República o inclusive el Tribunal Constitucional lo impugnaran.

Lo complejo de este escenario es que se aleja del compromiso presidencial, al utilizar un mecanismo de financiamiento que ya han utilizado otros gobiernos para reducir la carga económica que significa para las familias costear la educación. Esta incertidumbre también la están viviendo en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), quienes no han recibido información de primera fuente del Mineduc y no están seguros que el financiamiento que se logre realmente contribuirá a fortalecer la educación pública.

Frente a la discusión vigente en educación superior que atañe directamente al financiamiento de las universidades bien cabe indagar si existen diferencias entre instituciones. Dentro de las 25 universidades que conforman el Consejo de Rectores (CRUCh) se observan asimetrías que están asociadas al tipo de institución (estatal/privada), el tamaño de la matrícula, pero mayormente al año de creación.

El primer factor que produce asimetría institucional es la antigüedad, dado que el año de creación de las universidades ha determinado históricamente los Aportes Fiscales Directos (AFD). Las universidades regionales que derivaron de antiguas sedes de universidades tradicionales reciben menos AFD; y son las universidades estatales derivadas las más afectadas, pues han tenido que repartir el exiguo aporte entre ellas mismas, lo que genera un alto nivel de inequidad en el sistema.

Peor resulta cuando se analiza el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), recursos entregados a las instituciones que reciben a los primeros 27.500 puntajes PSU. Entendiendo que el puntaje está determinado, en el mayor de los casos, por las condiciones socioeconómicas del estudiante y el colegio de procedencia, el AFI resulta una política altamente regresiva; es decir, se favorece a los alumnos que más tienen y se deja de asistir a quienes más lo necesitan.

La distribución de estudiantes vulnerables es desigual entre universidades del CRUCh. Los datos del DEMRE 2014 indican que los alumnos que postulan en primera preferencia exhiben mayor grado de vulnerabilidad en las universidades en regiones y de más reciente creación. El análisis del ingreso bruto familiar indica que en varias universidades regionales -del Bío-Bío, de Talca, de la Frontera y de Los Lagos, y las Católicas de Concepción, del Maule y de Temuco- un 60% de los postulantes tienen ingresos familiares mensuales inferiores a $288.000 y un 95% inferiores a $720.000. Estas mismas universidades presentan indicadores de menor grado de escolaridad en los padres y mayor pertenencia a colegios municipalizados.

La reforma que se está discutiendo debe ser una oportunidad para corregir las inequidades heredadas del sistema, y valorar los aportes de las universidades regionales a la formación de capital humano en el país.

Óscar Garrido Álvarez Rector Universidad de Los Lagos