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El Gobierno anunció ayer una nueva modificación al proceso de gratuidad en la educación superior, luego que los últimos ajustes causaran críticas de algunos rectores, quienes acusaron "incertidumbre" debido a los sucesivos cambios.
El jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Francisco Martínez, sostuvo que los criterios fijados para el inicio de la gratuidad en 2016 serán exclusivamente los informados por la Presidenta Michelle Bachelet tras el cónclave de la Nueva Mayoría realizado el 3 de agosto pasado. De esta forma, el Ejecutivo lleva adelante el quinto ajuste a la iniciativa.
Los cambios más recientes se habían informado a través de un documento subido al sitio web de la cartera. Estos establecían la opción de que a los cuatro años de acreditación el plantel esté certificado "tres años en las dos áreas obligatorias y además en el área de investigación".
La publicación también señalaba que las instituciones no pueden poseer "como integrantes de la corporación o fundación universitaria, sociedades comerciales con fines de lucro que puedan elegir sobre un 10% de los directores de la universidad".
"Bajamos el documento, los criterios siguen siendo los mismos que se dijeron anteriormente", sostuvo ayer Martínez.
El funcionario puntualizó que "esa es la claridad que tiene que tener toda la población, no hemos cambiado ningún criterio, no cambia en nada lo dicho tras el cónclave".
A raíz de los nuevos criterios para acceder al beneficio, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, planteó esta semana la posibilidad de retrasar el inicio de la gratuidad, argumentando que "no hay tiempo para hacer un proceso serio y responsable". Criticó, además, la "incertidumbre" que, a su juicio, han generado los cambios en los planes de La Moneda.
La sugerencia no encontró respaldo en el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh) y máxima autoridad de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, quien señaló que la gratuidad se torna "urgente" para la mayoría de los estudiantes.
Tras el encuentro oficialista del 3 de agosto, la Mandataria decidió bajar el umbral de gratuidad de un 60% a un 50% de los alumnos más vulnerables, con el fin de incluir a algunas universidades privadas.
Para ello se fijaron tres criterios: estar acreditadas por más de cuatro años, no estar controladas por sociedades y poseer participación triestamental. Este anuncio, sin embargo, sigue excluyendo a los planteles técnicos, que acusan tener el máximo de acreditación y calidad, pero que están constituidos como sociedades con fines de lucro.
Frente a este escenario, piden una "ley corta" para poder transformar su personalidad jurídica y poder optar al beneficio.
