Durante la mañana de ayer se realizó un comité político ampliado, que fue encabezado por el ministro del Interior, Jorge Burgos, y del que participaron secretarios de Estado y los presidentes y secretarios de los partidos políticos de la Nueva Mayoría, con el objetivo de definir los detalles ad portas al cónclave oficialista que mañana encabezará la Presidenta Michelle Bachelet en San Miguel.

Al término de la reunión de coordinación, que se realizó en el Palacio de La Moneda, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió a lo abordado en el comité, pero también respondió a las críticas que han realizado desde la oposición, que han cuestionado duramente la gestión del Ejecutivo respecto a las reformas, que el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, calificó como un "desastre".

El vocero de La Moneda dijo que frente "a esas materias tenemos diferencias", a pesar de que "respetamos su rol y entendemos esas declaraciones en el marco de su rol, pero también hacemos un llamado a algo que decía el ministro de Hacienda (Rodrigo Valdés) los días previos", sostuvo.

"El ambiente de crispación, el debate consignero, no le hace bien a Chile. Si todos tenemos el derecho a tener nuestra opinión, en democracia es así", agregó el ministro Díaz.

Respecto a la hoja de ruta que definirá el Gobierno en el encuentro de mañana, el secretario de Estado insistió en que "el corazón del programa de Gobierno es precisamente acortar las brechas de desigualdad. Ese es el propósito que nos trazamos al inicio del mandato de la Presidenta Bachelet y es un compromiso irrenunciable porque es lo que Chile nos demanda".

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Pizarro, afirmó tras el comité político que la agenda de Probidad y Transparencia "es el desafío mayor para ir recuperando la confianza y credibilidad en el procedimiento de las instituciones".

El líder falangista asimismo pidió claridad, ya que "la agenda laboral la vamos a aprobar; es muy importante el fortalecimiento de las organizaciones sindicales".

La presidenta del PS, Isabel Allende, dijo que uno de los temas será educación. "Es fundamental es tener el proceso de gratuidad", afirmó, agregando que la agenda laboral "tiene tres nudos centrales que son la titularidad sindical, la ampliación de la negociación colectiva y el no reemplazo en huelga". El presidente del PC, Guillermo Teillier, dijo que no se tratará la nueva Constitución porque se hará un cónclave especial para ese tema.

La ex candidata de la Alianza a La Moneda, Evelyn Matthei, anunció ayer que presentará una querella en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, para que se investigue su rol como "encubridora" de los atentados en La Araucanía, por no entregar el informe que vinculaba al PC y grupos mapuche con las FARC.

La ex presidenciable de la UDI acusa a la Mandataria de no actuar cuando recibió en 2008, durante su primera administración, antecedentes sobre los supuestos contactos entre grupos indígenas, el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este vínculo habría tenido relación con atentados llevados a cabo en La Araucanía.

"La entonces Presidenta Michelle Bachelet recibió un informe de parte del Presidente de Colombia (Álvaro Uribe) sobre el estrecho nexo entre el Partido Comunista y las FARC y de estas con grupos violentistas en La Araucanía", afirmó ayer la ex ministra de Estado.

Según la acusación de Matthei, la Presidenta "recibió un informe que consignaba que grupos de chilenos recibía instrucción guerrillera en Colombia para atentar contra el orden constitucional de la República".

"Los chilenos merecemos saber quién tomó la decisión de no haber presentado querella por Ley de Seguridad Interior del Estado", cuestionó la ex parlamentaria en declaraciones citadas por radio Bío-Bío.

"Es, por lo tanto, al menos una omisión grave de un deber fundamental que teniendo ella esta información, nada efectivo hiciera", afirmó, añadiendo que "de haber investigado esto a fondo y a tiempo, probablemente podríamos haber evitado mucha delincuencia violentista y muchas víctimas en el sur".

Según publicó la revista Qué pasa, el abogado Felipe Silva recibió hace seis años un informe del entonces ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, en el que aparecen una serie de correos electrónicos que fueron recuperados del computador de Raúl Reyes, dirigente de la guerrilla que fue abatido en 2008.

Esos antecedentes le fueron entregados al ex Presidente Sebastián Piñera, quien a su vez los hizo llegar al Ministerio Público. El fiscal nacional Sabas Chahuán ordenó una investigación al respecto, la que le fue encargada al fiscal Emiliano Arias, quien confirmó vínculos del PC con la guerrilla, que eran de tipo político y no constituían delito.

El abogado de Matthei, Mario Zulmelzú (UDI), señaló que en su momento el Ministerio Público no pudo seguir investigando el caso porque para eso se necesitaba una querella del Gobierno que nunca fue interpuesta.

Esa sería la justificación con la que se presentaría el recurso en contra de la Presidenta como supuesta "encubridora" de los hechos.

La ex candidata de la oposición anunció que la querella anunciada será presentada el próximo miércoles, después de lo que viajará al sur para reunirse con los familiares y víctimas de los hechos de violencia en La Araucanía.

Respuesta del Ejecutivo

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió a la acción judicial anunciada por la militante de la UDI, pidiendo que "no usemos estos temas para guerrilla política, los chilenos están hartos del uso político de las preocupaciones de los chilenos".

"El informe famoso del que se hablaba nunca lo recibió el Gobierno. En segundo lugar, una investigación del Ministerio Público concluyó que no habían hechos que revistieran ningún tipo de reproche judicial", argumentó el vocero de La Moneda respecto de lo sucedido hace seis años.

"De verdad no vale la pena gastar un segundo de tiempo en declaraciones de esa naturaleza", concluyó el secretario de Estado.

El fiscal Emiliano Arias, quien investigó en 2008 los vínculos entre las FARC, el PC y agrupaciones mapuches del sur, explicó en una entrevista publicada ayer por El Mercurio, que no entrevistó a los miembros del PC que salían mencionados en los correos porque no existía un delito y porque "sólo con Ley de Seguridad Interior del Estado hubiéramos podido investigar". El persecutor señaló que su investigación se centró en indagar los nexos internacionales de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), lo que fue corroborado.

Carolina Collins