Durante esta semana la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca fortalecer al Sernac y darle más atribuciones de las que actualmente tiene, en su labor de protección de la ciudadanía en cuanto consumidores de bienes y usuarios de servicios.

El desequilibrio en las relaciones de consumo, esto es, las desigualdades existentes entre consumidores y proveedores de bienes y servicios, es algo que vemos día a día y en los más diversos ámbitos, como ocurre, por poner un ejemplo, en la telefonía móvil, en que existe poca o nula capacidad por parte del usuario de negociar las condiciones del servicio. Lo mismo en el caso del consumidor que adquiere por ejemplo un artículo electrónico, que no tiene normalmente el mismo nivel de conocimientos e información que sí tiene el vendedor de ese determinado producto.

El derecho del consumidor es a tal punto importante que es considerado uno más de los derechos humanos. Se trata de uno de los derechos humanos llamados de tercera generación, que se caracterizan por ser colectivos, en el sentido de pertenecer al común de las personas o a un grupo social y no a un individuo en particular.

El derecho del consumidor, como derecho humano de tercera generación, se suma a otros de la misma categoría, entre ellos el derecho a vivir en un medio ambiente limpio. Estos complementan los derechos humanos llamados de primera generación, como el derecho a la vida y a la libertad; y los derechos humanos denominados de segunda generación, que son de orden económico, social y cultural, como el derecho al trabajo y a la educación.

Actualmente el Sernac no tiene atribuciones para fiscalizar y sancionar las infracciones a los derechos del consumidor. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y que pasa ahora al Senado contempla otorgar esas atribuciones al Sernac, junto con la implementación de otras medidas que permitirán al Estado chileno cumplir de mejor manera su rol de defensa y protección de los consumidores.

Otro tanto nos corresponde a nosotros mismos, en el rol de ciudadanos conscientes y participativos, que conozcamos nuestros derechos como consumidores y los ejerzamos, lo que va en directo beneficio de la comunidad toda, en especial de los sectores más vulnerables de nuestro país.

Jaime Sotomayor Neculman

P ermitir la construcción en laderas de cerros, zonas inundables por su cercanía a cauces o en faldeos de los volcanes, es una de las manifestaciones más claras de la falta de planificación territorial que caracteriza a Chile y que de manera frecuente se traduce en la ocurrencia de desastres definidos como "socio-naturales" por un grupo de académicos que el miércoles recién pasado se reunieron para discutir sobre esta materia.

La cita organizada por el Centro de Estudios del Desarrollo Local y Regional (Ceder) convocó a cuatro docentes de la Universidad de Los Lagos y el foco estuvo puesto en temáticas como la ausencia de leyes y políticas de Estado que definan claramente las zonas aptas para edificar, levantar industrias o realizar actividades agropecuarias. Un elemento que puede observarse claramente en puntos de nuestra provincia de Osorno, como es el caso de los balnearios de San Juan de la Costa -donde ya ha habido incendios con riesgo de propagación que han alertado sobre el peligro de la falta de accesos expeditos para Bomberos- o Las Cascadas, en Puerto Octay, localidad que se ubica sobre la ruta de un lahar que podría generarse nuevamente en el escenario de una erupción del volcán Osorno.

Según precisó el geógrafo Zamir Bugueño, en Chile no existe una ley de ordenamiento territorial unificada, por lo que esa labor queda a merced de los ministerios, municipios y actores privados, lo que además provoca una dispersión social a la hora de enfrentar desastres socio-naturales.

A ello se suma el hecho que los municipios suelen no contar con profesionales con las competencias necesarias para impulsar un trabajo efectivo en esta materia. Así, muchas veces la planificación del territorio queda a manos de empresas consultoras privadas que a la larga son las que guían estos procesos.

La necesidad de generar protocolos de acción ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos debiera ser una prioridad donde se involucre desde el principio a la propia comunidad, de forma que se pueda avanzar hacia mayores niveles de participación en la generación de políticas públicas por parte de quienes tienen un saber invaluable: el de la experiencia y conocimiento profundo de los territorios.