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La agricultora local Carmen Oyarzún Proboste realizó la mañana de ayer una inusual protesta. Sentada en un tractor y con pancartas en el ingreso a su predio, impidió el inicio de las faenas que buscan instalar en su campo cuatro torres de la línea de transmisión de 66 mil voltios de energía eléctrica, que conectarán el sector rural de Pichil con Pilauco y que atravesarán su fundo Tacamó, ubicado a 7 kilómetros de Osorno.
La propietaria del predio de 200 hectáreas en el sector de Cañal Bajo y que colinda por el sur con la ruta a Puerto Octay y por el norte con la Ruta 215 a Puyehue, reclama que el proyecto del Sistema de Transmisión del Sur (STS) considera el talado de 90 antiguos árboles nativos como pellín, laurel, araucarias y ulmos, entre otras especies, además de la destrucción de caminos y puentes interiores.
La afectada relató que en septiembre de 2014 comenzó el proyecto eléctrico cuando funcionarios de la empresa del Sistema de Transmisión del Sur (STS) ingresaron sin autorización al predio. Ahí aprovecharon de realizar la tasación del terreno para la instalación de las torres y cableado aéreo de alta tensión, como también -alega la agricultora- invadieron propiedad privada y violaron la privacidad del recinto.
tribunales
Carmen Oyarzún informó que frente a estos hechos -los que calificó como graves- su abogada Paula Catalán interpuso en el Segundo Juzgado de Letras en febrero una demanda civil por daños, perjuicios y valores tasados que no corresponden a la realidad, acción legal que tuvo como destinataria la empresa eléctrica.
El primer dueño del Fundo Tacamó fue Tomás Burgos Sotomayor y más tarde (1954) lo heredó su fallecido hijo Pablo Burgos Rosas, ex director de Radio Sago y esposo de Carmen.
La agricultora reveló que fue citada al tribunal a un comparendo de avenimiento el lunes 16 de marzo y el segundo se realizó el jueves 19 de marzo, donde no hubo acuerdo con la parte demandante respecto a los $20 millones ofrecidos en primera instancia, y luego $79 millones que pagaría la firma eléctrica para instalar las torres de alta tensión en su predio.
"NO HE FIRMADO"
"Hasta el momento no he firmado ningún documento. Siento que mi privacidad ha sido violentada y la empresa tasó mis bienes de acuerdo a su criterio. Voy a defender mi patrimonio y no pueden usurpar en forma tan cómoda mi predio, sobre todo los árboles nativos y los daños que ocasionará el movimiento de los camiones".
Fueron las palabras que expresó Carmen Oyarzún cuando carabineros del Retén de Las Lumas llegaron ayer a las 8.15 horas a notificarla de la resolución del Primer Juzgado de Letras firmada por el magistrado Raúl Ramírez López para permitir el ingreso de una veintena de trabajadores del Sistema de Transmisión del Sur, quienes debían iniciar las faenas de instalación de las torres y cableado aéreo de más de 5 kilómetros de extensión al interior del fundo.
Fue así como el suboficial mayor de Carabineros José Caviedes, acompañado de dos funcionarios, se retiró del lugar para dar cuenta al tribunal de la fallida acción al no poder abrir las puertas a los trabajadores.
VERSIÓN de SAESA
Al respecto, Lorena Mora, gerente de Asuntos Corporativos de Saesa, informó que la obra de servicio público considera la construcción de un tramo de la línea de transmisión de 66 KV, denominado Pilauco-Pichil, cuya autorización consta en el Decreto Supremo de concesión definitiva otorgado por el Gobierno.
Agregó que "la línea en cuestión forma parte de un proyecto para mejorar la calidad de servicio de los habitantes de Pichil, entregar mayor robustez a las empresas ubicadas en el área como Nestlé y Mafrisur, y fortalecer el sistema de distribución de la zona".
En paralelo, indicó que la referida línea tiene una extensión de 20 kilómetros, nace en la subestación Barro Blanco y culmina en la subestación de Pichil, actualmente en construcción. Se espera que el proyecto esté finalizado en el mes de octubre próximo.
Lorena Mora precisó que "la empresa ha generado diversas instancias de acercamiento con la señora Carmen Oyarzún, siempre con el ánimo de construir acuerdos. Esto no es una excepción, sino el procedimiento habitual en el marco de la construcción de todas las redes de transmisión que abastecen al país".
Explicó que "debo aclarar que no es responsabilidad de Saesa otorgar una indemnización, sino del Sistema de Transmisión del Sur (STS), monto que es fijado por la autoridad, y cuyo detalle se encuentra a disposición pública desde diciembre de 2014 en el Primer Juzgado Civil de Osorno, sin que haya sido retirado a esta fecha".
"Para el desarrollo del sistema eléctrico que abastece al país, las empresas eléctricas cuentan con los permisos y la obligación de construcción toda vez que se trata de cumplir con una función social, como es dotar de suministro de electricidad. Para ejecutar la obra se autorizó a la empresa STS", remarcó.
