Las autoridades políticas que se sumaron a las manifestaciones de malestar por la ceremonia de toma de posesión de monseñor Juan Barros como quinto obispo de Osorno, coincidieron en que los incidentes registrados al interior de la Catedral San Mateo el sábado último, fueron acciones "repudiables", debido a que el grado de violencia que se observó por momentos desbordó incluso a los propios organizadores de estas manifestaciones.

Sin embargo, no hubo unanimidad a la hora de calificar la responsabilidad de que las quejas por la decisión de la Iglesia -que se habían anunciado de carácter pacífico- derivaran en gritos, empujones al ingreso de las autoridades eclesiásticas y la permanente presencia al interior del recinto de quienes expresaban su malestar por la llegada a Osorno del prelado.

PROTESTAS

El diputado DC por el distrito 55, Sergio Ojeda Uribe, fue una de las autoridades que llegó a las afueras de la catedral para sumarse a las cientos de personas que daban a conocer su molestia por la situación.

Sobre los hechos al interior de la iglesia, a la cual él no ingreso como la mayoría de los políticos presentes, afirmó que fue "triste", pero correspondió a la respuesta a un fuerte descontento ciudadano.

"Monseñor Barros pasó casi delante de la gente para entrar a la catedral, teniendo otras opciones de ingreso. Eso fue un verdadero acto de provocación y en estas manifestaciones hay mucha sensibilidad", comentó.

El parlamentario precisó que cuando él decidió salir a las calles fue para apoyar a las personas que deseaban otro obispo para Osorno, porque comparte ese pensamiento. "Aquí hubo obcecación, tozudez, porfía de las propias autoridades de la Iglesia", enfatizó Ojeda.

Fidel Espinoza, diputado (PS) por el distrito 56, también permaneció fuera del recinto religioso y con un cartel expresaba su posición sobre el tema.

Indicó que lo sucedido dentro de la catedral constituye un "bochorno" para la Iglesia Católica a nivel mundial y que la primera responsabilidad es de quienes propusieron el nombre de una persona que a su juicio no es apta para dirigir la Iglesia en Osorno.

"Lo que pasó fue lamentablemente la respuesta, que pudo ser equivocada o no, a un tremendo dolor y frustración que tiene la gente desde que se nominó a una persona que tiene un cuestionamiento tan grande, grave y profundo", sostuvo el diputado.

Precisó que estuvo afuera representando un sentir de la gente. "No somos nosotros los responsables de esta situación; la única responsabilidad está en la jerarquía de la Iglesia Católica chilena, que hizo oídos sordos a los continuos llamados que se hicieron", dijo.

A diferencia de los parlamentarios, Rodrigo Sepúlveda, concejal (RN) de Río Negro, sí ingresó al templo católico cuando un grupo de los manifestantes se abalanzó sobre las autoridades eclesiásticas. Ayer reconoció que la situación sobrepasó los límites de la prudencia y que no se debió haber entrado de esa forma a la catedral osornina.

"Esa manifestación debió ser siempre fuera y no haber ingresado. Nos dejamos llevar por el momento como respuesta a una provocación, pero se sobrepasaron los límites. Había gente muy alterada, que incluso fue la que le lanzó manotazos a los sacerdotes cuando iban pasando", comentó.

Para el concejal Carlos Vargas (Indep-PS), quien ha sido junto a sus colegas Juan Carlos Velásquez (PPD) y Osvaldo Hernández (DC), un activo participante del movimiento laico que cuestiona la llegada de monseñor Barros, lo sucedido es motivo de "mucha pena y dolor".

"La jerarquía eclesiástica quiso mostrar e instalar su poder y ahora dicen que se debe dialogar. Yo creo que debió ser al revés, se pudo dialogar antes, se ofrecieron las instancias, se solicitaron reuniones y todo se negó", indicó Vargas.

MOTIVACIONES

Una visión completamente distinta sobre las causas de los incidentes al interior de la catedral entregó el concejal UDI Víctor Bravo, quien fue la única autoridad política que aceptó la invitación para participar en la recepción de monseñor Juan Barros. En primer término, asegura que nunca esperó que el grupo entrara a la catedral, por la condición de "lugar sagrado". Menos aún preveía la interrupción de la ceremonia eclesiástica.

"El hecho que no respetaran la casa de Dios me confirma que mucha gente que participó en esa protesta no es católica, pues no puede ser que no respetaran la catedral. Creo que se trata de grupos vinculados ideológicamente a determinadas doctrinas políticas", enfatizó Bravo.

A su juicio, la presencia de diputados y concejales sólo logró incitar a la gente a manifestarse y criticó que éstos se "replegaran", sin ayudar a controlar los desórdenes.

"Es una lamentable mezcla de aprovechamiento político y deseos de destruir la figura de la Iglesia Católica", dijo.