La Presidenta Michelle Bachelet envió ayer al Congreso una reforma constitucional en que se establece la declaración patrimonial de por vida para quienes hayan sido Jefes de Estado, como parte de un paquete de medidas de probidad para los funcionarios públicos.

El instructivo forma parte de las medidas que La Moneda va a priorizar para enfrentar los cuestionamientos al sistema tras los recientes escándalos de corrupción que han afectado a empresas, políticos y al propio hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos.

El instructivo establece que las declaraciones de patrimonio "deberán ser íntegras, completas y veraces". La declaración de patrimonio e intereses se ampliará a todas a las actividades profesionales y económicas de quien declare y deberán entregarse antes del 30 de abril de 2015. Desde el próximo año deberán actualizarse permanentemente.

"Las soluciones deben ser institucionales para mantener sólida a la democracia. El Estado de Chile se debe a la fe pública, al respeto de las instituciones y ese pacto de confianza se debe renovar", dijo Bachelet al dar conocer las nuevas disposiciones en el Palacio de la Moneda.

La medida será obligatoria para trabajadores a honorarios que mantengan contratos en servicios y ministerios y funcionarios de la Presidencia, incluyendo al director sociocultural, cargo que era ocupado por el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos. También están incluidos en el instructivo directores de fundaciones con participación mayoritaria del Estado, empresas donde el Estado participe con un capital mayoritario o de igual proporción que otros socios y rectores de universidades estatales.

La obligatoriedad será efectiva para 4.000 funcionarios del Estado que reciben rentas superiores a los $ 3 millones mensuales.

El diputado de RN, Nicolás Monckeberg, calificó de "tímidos" los primeros anuncios de Bachelet en la materia. "De nada sirve que todo el país sepa que declara la autoridad y nada sepa sobre los bienes e intereses que tiene su cónyuge", afirmó el parlamentario. Eduardo Engel presidente de la comisión presidencial anticorrupción, dijo que se trata de "una primera señal potente".

El ex gerente de SQM, Patricio Contesse, interpuso ayer un recurso de aclaración ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar que el Servicio de Impuestos Internos (SII) entregue los datos contables de la empresa a la Fiscalía. En respuesta a ese recurso, el Tribunal Constitucional le dio ayer un plazo de 48 horas a la Fiscalía para que explique por qué necesita la información. Así, el fiscal Sabas Chahuán deberá exponer por escrito por qué quiere la información contable de los años 2009 y 2014, que fue negada por Soquimich.

En el documento, ingresado a través del abogado Samuel Donoso, Contesse plantea que se busca que quede establecido que la suspensión del procedimiento decretada por el TC "abarca todo el proceso y las diligencias de investigación vinculadas con la denominada arista Soquimich".

el recurso

Contesse hace mención al escrito que el Tribunal Constitucional admitió a tramitación el martes pasado para suspender la investigación, impidiendo de esta forma que se realice cualquier tipo de diligencia relativa a la denominada arista Soquimich del caso Penta.

El Ministerio Público -de acuerdo al documento- requiere directamente al SII, con lo que "elude de manera bastante burda" los efectos de la resolución dictada por el TC, y agrega que el procedimiento fue "suspendido precisamente para que el Ministerio Público no desarrollara diligencias de investigación mientras se resuelve la admisibilidad de la acción constitucional".

Lo anterior se fundamenta, explicó el texto, en que el organismo persecutor está desarrollando una investigación por delito tributario "fuera de sus potestades legales, al no existir querella ni denuncia del Servicio de Impuestos Internos que la justifique".

En caso de concretarse la diligencia solicitada por el Ministerio Público, agregó la presentación, "se va a concretar una flagrante violación del principio de legalidad".

Una actuación como la que pretende el Ministerio Público, añadió el texto, dejaría "abierta la puerta para que el MP quede facultado para investigar cuando le parezca hechos que solo pueden ser investigados previa acción penal de la víctima".

niega presión

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, Chahuán descartó ayer que el Ministerio Público esté presionando al Servicio de Impuestos Internos (SII), y dijo que la solicitud de entrega de información contable de SQM en un plazo de dos días "es una atribución legal que tiene el Ministerio Público de pedir información a otra autoridad".

"Las 48 horas es porque necesitamos que se entregue rápidamente, porque hay plazos legales", agregó. El titular de la Fiscalía Nacional afirmó que seguirá trabajando para "vencer obstáculos jurídicos".

Chahuán, confirmó que los senadores UDI Iván Moreira y Ena von Baer "aceptaron la invitación" de la Fiscalía para declarar en la investigación del caso Penta.

"Hay una serie de citaciones que se han despachado (...) tienen que declarar si lo desean en esta etapa porque tienen fuero parlamentario, sino, habría que evaluar otras instancias", puntualizó Chahuán.

Los parlamentarios gozan de fuero, por lo que no pueden ser citados a declarar obligatoriamente. Solo pueden concurrir a este tipo de diligencias por su propia voluntad.

Philip Kim, abogado de accionistas minoritarios de SQM en EE.UU., confirmó a La Segunda que prepara acciones judiciales por el perjuicio que el caso SQM estaría ocasionando a ese grupo de propietarios. "Hemos sido contactado por un número interesante de accionistas que están enojados, que han perdido mucho dinero y quieren una reparación legal", aseguró, acciones que podrían presentar en esta jornada.

Aclaración El ex gerente de SQM pide "aclarar" que la Fiscalía debe suspender los procedimientos en el caso.

Antecedentes Mediante este recurso, Contesse busca evitar que el SII entregue la contabilidad de SQM a la Fiscalía Nacional.

Citaciones El fiscal nacional aclaró que los senadores UDI Iván Moreira y Ena Von Baer asistirán a declarar.

Mauricio Mondaca