En materia política, este verano ha transcurrido de manera inusual dado que no ha sido sólo descanso. Durante el mes de enero se concretaron notorios avances en las reformas políticas que la actual administración ofreció en su programa de gobierno, mientras que en febrero el llamado caso Penta ha compartido el escenario, por algunos días, con la polémica generada por Sebastián Dávalos Bachelet y el crédito que el Banco de Chile otorgó a la empresa de su cónyuge.

A través de las redes sociales, llámese twitter, facebook y whatsapp principalmente, es posible ver la reacción que los ciudadanos y las ciudadanas de a pie de nuestro país han tenido sobre estos hechos, que más allá de un caiga quien caiga, que se concrete en la renuncia de un personero o las explicaciones de parte de parlamentarios cuestionados, nuevamente ponen en discusión la relación que existe y debe existir entre la ética y la política.

La relación de la ética y la política ha sido materia de análisis por siglos, antes incluso que Sócrates abordara el tema en la antigua Grecia y sentara las bases para establecer que el fin último de la política es el bien común y lo que llamó la felicidad de los ciudadanos.

Una de las dimensiones de ello es lo que los mapuches conocen como el Kume Mongen, el Buen Vivir, en que la aspiración es lograr un equilibrio interior y exterior en cada persona, así como también equilibrio en sus relaciones sociales y con el Todo, que incluye el medio ambiente y los recursos naturales.

Este tiempo de vacaciones es especialmente apropiado para reflexionar, ojalá acompañado de una buena lectura, para que antes de quedar envueltos en lo que nos depara el próximo mes de marzo, útiles escolares y pagos varios incluido, nos demos tiempo para analizar y considerar qué es mejor para Chile y su destino. No quedarnos en la crítica pura y simple frente al actuar de una parte de la llamada clase política, sino pasar decididamente a la acción como ciudadanos libres e informados, capaces de sacar conclusiones de lo sucedido y convertirlas en principios y normas de acción cuyo cumplimiento exijamos a nuestras autoridades, para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

Jaime Sotomayor Neculman

Los parlamentarios integrantes de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, René Manuel García, Leopoldo Pérez y Clemira Pacheco, han insistido que en el caso de aprobarse un subsidio para la operación del Transantiago debe existir una compensación a las regiones similar al monto asignado a la capital.

Lo anterior ante el anuncio oficial del estudio de un nuevo apoyo económico al polémico sistema de transporte de Santiago que ya cumple ocho años en operación, en un escenario de altas inversiones y de generalizadas quejas de los usuarios. Cada vez que se han entregado nuevos recursos a ese sistema, se ha destinado una cantidad de dinero similar para ser invertida en regiones, en un acto de lo que se podría llamar justicia territorial.

Estos recursos de la llamada "ley espejo", reflejo de lo que se gasta en Santiago, deben destinarse a proyectos del área de transportes, de acuerdo a decisiones que toman los respectivos gobiernos regionales.

Las inversiones pueden tener un destino de subvención a las tarifas del transporte público y también al mejoramiento de la infraestructura vial. Los diputados han dicho que, independiente de esto, es posible que por la vía legal aparezca un nuevo subsidio al Transantiago, lo que debería significar "recursos espejo" para regiones, y si no es así, no aprobarían la propuesta oficial.

La posición de los parlamentarios es de plena justicia pues es una realidad que se gasta demasiado en el transporte capitalino. En 2009 se aportaron 3.460 millones de dólares y por una ley de 2013 se aprobó un subsidio permanente que entrega el sistema, de 725 millones de dólares anuales hasta el año 2022. Hay que recordar que a los aportes que se realizan para financiar al Transantiago, se suman las constantes obras de ampliación del Metro capitalino.

Hace unos días, el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo señaló que estos subsidios se realizan para que la gente no tenga un sistema de locomoción caro y para que no usen otros que son más contaminantes y que aumentarían la congestión. Como efecto rebote de esta situación, se ha estimado hacer también aportes a las regiones, para que mejoren sus respectivos transportes públicos.