Uno de los problemas de seguridad que más inquieta a la población regional y, en general, a todo el país, es el aumento sostenido del narcotráfico. Y lo hace, principalmente, por dos motivos: el consumo de sustancias ilícitas atrapa a las personas más jóvenes, fundamentalmente; y el comercio ilegal, el cual va de la mano con la violencia y el uso de armas.
Hasta ahora la respuesta a esta realidad ha sido el tratamiento del problema sólo como un hecho delictual, además de ciertos programas de prevención, que no logran dar solución al tema, ni menos frenar la expansión del narcotráfico. En varias regiones del país, por ejemplo, las cifras denotan el aumento en el consumo de la pasta base, una de las sustancias ilegales más dañinas disponibles en el negocio del tráfico.
Para enfrentar este escenario, en los últimos años varios personeros han manifestado que las políticas tradicionales no han tenido éxito para abordar el problema de la drogadicción , y han planteado que la despenalización de la marihuana, por ejemplo, puede servir para disminuir el poder de los traficantes.
Es indispensable reducir el nivel de influencia a las redes ilícitas, además de no estigmatizar a las personas que consumen, permitiéndoles caminos de salida más seguros.
El país requiere de políticas que acerquen soluciones para enfrentar el tráfico y consumo de drogas. Y para ello necesita, también, un mayor involucramiento de todos los estamentos que puedan tener alguna injerencia en estas materias. Como han expresado autoridades nacionales, agrupar a los servicios públicos facilitará la elaboración de culturas preventivas en el trabajo, escuelas y espacios comunitarios.
Aquí, claramente, hay una deuda pendiente. El narcotráfcio y la drogadicción deben ser los dos flagelos que más inciden en la destrucción de las personas y sus entornos. Por ello es necesario un mayor compromiso del Estado y los parlamentarios. No podemos mirar con lejanía un problema real.