Huilliches piden en el Congreso detener concesiones mineras y de agua en la zona
gestión. Representantes indígenas de 10 territorios de la provincia, además de mapuches del Bío Bío y La Araucanía, plantearon su rechazo al tema ante dos ministros en la Cámara de Diputados.
veronica.salgado@australosorno.cl
Como exitosa e histórica calificaron los representantes de las comunidades huilliches de la provincia de Osorno, la sesión especial realizada el miércoles 10 en la Cámara de Diputados, donde solicitaron formalmente al Gobierno detener la entrega de concesiones mineras y de agua en la zona. Además, exigieron cambios en los códigos de Aguas y Minería para proteger el recurso hídrico y el subsuelo de los territorios donde habitan las comunidades indígenas.
En la sesión parlamentaria además expusieron las ministras Aurora Williams, de Minería, y María Fernanda Villegas, de Desarrollo Social. Los representantes indígenas de 10 territorios de la provincia de Osorno observaron las intervenciones desde las tribunas.
El petitorio apunta a la modificación de dos puntos contenidos en el artículo 1924 del Código de Minería y el artículo 19 del Código de Aguas.
El objetivo es que se reconozca los derechos de los pueblos indígenas para que tengan dominio sobre el subsuelo de las tierras donde habitan y de los sitios de significado cultural, espiritual y religioso.
Ese reconocimiento provocará que las personas que habitan en dichos territorios sean consultados antes de entregar los terrenos a cualquier tipo concesión, ya sea minera o de recurso hídrico.
Primera vez
El cacique huilliche de la jurisdicción Cuinco-Rahue, Luis Pailapichún, calificó la sesión como histórica, ya que por primera vez lograron generar un debate sobre los actuales códigos de Agua y Minería en el Congreso.
"No estamos interesados en el dinero u ofertas, sino que la tierra no sea atropellada por las grandes transnacionales. Esta reunión es el principio real de un cambio en las leyes actuales", dijo.
El líder indígena hace referencia a que sólo en la provincia existen 24.980 hectáreas afectadas que han sido entregadas en concesión para posibles explotaciones mineras en el subsuelo.
A ellas se suman las 59.065 hectáreas entregadas para que sean exploradas en busca de algún mineral.
Precisó que en las tribunas de la Cámara de Diputados estaban presentes líderes indígenas desde la Región del Bío Bío al sur, quienes escucharon las intervenciones de los diputados que solicitaron las eventuales modificaciones a los ministros presentes.
"Esta es la primera vez que sentimos que existe voluntad y apoyo político para realizar cambios que beneficien a las comunidades indígenas y al país completo", manifestó.
Defensa de la tierra
Hernán Acum, presidente del Consejo Indígena de Puerto Octay, explicó que la discusión parlamentaria recién comienza, pero que las comunidades están por defender la tierra a todo evento.
"Nos sentimos indefensos, pero los diputados abren una ventana al señalar que sí es posible modificar los códigos que solicitamos", explicó Acum.
Sin embargo, señaló que ya han sido muchas las familias indígenas que han visto invadidos sus territorios con la instalación de monolitos identificatorio como concesión minera.
"Nosotros vamos a defender la tierra y desde ahora no dejaremos entrar gente a nuestros terrenos. Si no se escuchan nuestras demandas y se realizan cambios reales, esto va a terminar mal", advirtió el dirigente.
Apoyo local
El diputado socialista Fidel Espinoza entregó su apoyo a los huilliches y pidió al Gobierno proteger y resguardar los derechos de las comunidades indígenas y pequeños agricultores.
Precisó que existen demasiadas solicitudes por parte de empresas mineras, con el objetivo de explotar terrenos en el sur de Chile.
"Estamos viendo cómo muchas mineras han realizado solicitudes de exploración e intervención en zonas que pertenecen a las comunidades y han sido aprobadas sin restricción alguna", precisó Espinoza.
Felipe de Mussy, diputado UDI por el distrito 56, señaló que "al margen del derecho y nuestro ordenamiento jurídico que faculta al Estado para encargarse de la explotación de ciertas riquezas del subsuelo, los derechos naturales de la gente rural y sus terrenos son importantes y deben ser respetados y cautelados".
Por su parte, el diputado DC Sergio Ojeda precisó que "se ha extendido en la zona la idea de que en el subsuelo yacen riquezas mineras que deben ser explotadas y los concesionarios se aprovechan de una débil legislación que ni siquiera protege el derecho a la propiedad de los indígenas", dijo.