El senador de la UDI y presidente de la Comisión de Etica y Transparencia de la Cámara Alta, Hernán Larraín, aseguró que si bien la Ley del Lobby -que entró en vigencia ayer- puede tener algunos aspectos discutibles, el proyecto significa un paso muy positivo.

"Más allá de las críticas, pienso que es un primer paso muy importante. Siempre será discutible cuál modelo de reglamentación del lobby seguir, porque hay muy poca experiencia. No hay más de 20 países que tengan legislación sobre el lobby y se siguen modelos alternativos", explicó el parlamentario, consignado por radio Cooperativa.

Sobre los tiempos de aprobación de la iniciativa, el senador opositor explicó que "el proyecto final que se aprobó fue recién hecho este año y una vez que se promulgó la ley, el reglamento del Gobierno se despachó recién hace tres meses y nosotros no podíamos hacer nuestro reglamento sin antes conocer el reglamento del Gobierno".

"Ese reglamento de ambas cámaras fue aprobado esta semana, trabajamos mucho para eso y a diferencia del Gobierno no tuvimos tiempo de explicarlo detenidamente a todas las personas que van a estar obligadas a aplicarlo. Habría sido mejor tener tiempo", añadió el parlamentario a la citada emisora.

Quien también comentó la nueva ley fue el senador del PS Juan Pablo Letelier. El legislador se refirió a uno de los puntos más cuestionables de la normativa: su aplicación en las actividades de los embajadores. Esto, porque eventualmente podría exponer información reservada.

El parlamentario oficialista explicó a Cooperativa que se puede excluir de esta ley a quienes ejerzan cargos diplomáticos. "Se considera que corresponde, tal como existe en otras legislaciones del mundo que tienen Ley de Lobby, que se excluya a los agentes diplomáticos de las obligaciones de registrar e informar cada conversación que tienen con actores o representantes o agentes públicos del país donde están destinados", dijo. "En este sentido se ha considerado útil revisar la ley o establecer una excepción de la ley para los agentes diplomáticos", concluyó.

Parlamentarios de ambos bandos políticos y el Gobierno han cuestionado algunos elementos de la Ley del Lobby. Entre los reparos manifestados se encuentra su aplicación a las actividades de embajadores, la eventual falta de recursos económicos, administrativos y humanos para su aplicación (pues no considera financiamiento adicional); el hecho de que no cubre comunicaciones telefónicas o vía correo electrónico; el carácter voluntario del registro de lobbistas, entre otros.

El 17° Juzgado del distrito de Xalapa, en el estado mexicano de Veracruz, dictaminó ayer la libertad para el chileno Laurence Maxwell y otras diez personas detenidas el 20 de noviembre pasado durante una marcha en apoyo a los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero.

Según informó a Emol Karla Micheel, una de las abogadas defensoras de Maxwell, el magistrado Juan Carlos Ramírez decretó la excarcelación inmediata de estas once personas "por falta de elementos para procesarlos" por los cargos atribuidos, entre ellos terrorismo y tentativa de homicidio.

La decisión también fue confirmada por el padre del sociólogo, Alberto Maxwell, quien dijo a radio Cooperativa que la información la recibió por parte del cónsul de Chile en México, José Jaliliye.

"Acaba de salir del juzgado el cónsul de Chile en México. Hemos escuchado con atención cómo leía la resolución en la cual a mi hijo y al resto de los muchachos mexicanos que estaban presos junto con él les han dado la libertad absoluta habiendo retirado todos los cargos", sostuvo Maxwell a la citada emisora.

"Se ha hecho justicia. Eso es lo que esperábamos, justicia no sólo para mi hijo -que yo esperaba con gran expectativa-, sino para todos los muchachos que la merecían", agregó.

En su fallo, el juez recalificó el delito de homicidio en grado de tentativa que la Procuraduría General de la República imputaba al sociólogo chileno y al resto de los detenidos por supuesta agresión en contra de un policía durante la movilización en Ciudad de México.

"Se reclasifica la conducta por la que el agente del Ministerio Público de la federación ejercitó acción penal por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de Jorge Antonio Juárez Mauro, por el delito de lesiones", reza el dictamen judicial.

A reglón seguido, el magistrado Juan Carlos Ramírez consideró que las pruebas presentadas eran "insuficientes para acreditar en su totalidad" los delitos de asociación delictuosa y motín, que el Ministerio Público imputaba al grupo aprehendido.

La abogada Karla Micheel consideró la excarcelación de Maxell y los otros 10 detenidos "un triunfo para los derechos humanos". "En pocos días, logramos que recuperaran su libertad. Se logró demostrar que las pruebas aportadas por la Fiscalía eran insuficientes y carentes de toda lógica jurídica", sostuvo a Emol.

La profesional añadió que "el arresto y encarcelamiento de Laurence y las otras 10 personas fue producto de un uso arbitrario del derecho y un abuso de poder de la Procuraduría General de la República".

El diputado del PC Daniel Núñez, quien junto a su par del PPD Jorge Insunza viajó hasta México para seguir el proceso judicial, manifestó su satisfacción por el fallo.

"Estamos muy contentos por Laurence, su familia, amigos y por todo el movimiento que se generó en distintos países para obtener su libertad. Siempre tuvimos la plena convicción sobre su inocencia y que los cargos eran desmedidos, especialmente el de tentativa de homicidio. Es un gran triunfo del movimiento universal por los derechos humanos", subrayó.

Ñúñez e Insunza son integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Ambos acudieron al tribunal mexicano, al igual que el padre y el hermano de Maxwell, Denis, el cónsul José Jaliliye y el embajador de Chile en México, Ricardo Núñez. En las afueras del juzgado había personas con pancartas exigiendo la libertad de los once detenidos.

Ahora, el Ministerio Público tendrá tres días para apelar a la resolución judicial. Estaba previsto que el sociólogo abandonara el penal de alta seguridad durante la jornada de ayer o las primeras horas de hoy.

Laurence Maxwell, de 47 años, fue detenido el jueves 20 de noviembre en Ciudad de México durante incidentes registrados al término de una protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala.

El hombre se encontraba en México cursando un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde Valparaíso, el canciller Heraldo Muñoz valoró la decisión de la justicia mexicana. "Esta es una muy buena noticia para su familia, para Laurence, para sus amigos y, por cierto, también para el Gobierno de Chile", dijo, citado por Cooperativa. "La Presidenta de la República me ha encargado comunicarle a la familia -particularmente a su madre, que ha estado hace pocas horas en La Moneda con ella- nuestra complacencia, porque sabemos que la preocupación de una madre y su familia respecto a la situación de Laurence Maxwell ha sido intensa en los últimos días", agregó.

Mabel González