La Presidenta Michelle Bachelet anunció ayer la decisión de su Gobierno de eliminar el periodo que un trabajador independiente debe esperar para hacer uso de los beneficios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), con el objetivo de mejorar las prestaciones ofrecidas por ese servicio.

Durante una ceremonia realizada en la comuna de Providencia, en Santiago, la Mandataria destacó que con la medida 'estamos poniendo fin al tiempo que un trabajador independiente pasa sin cobertura de salud en Fonasa, desde el momento en que empieza a cotizar en su AFP'.

'Hasta ahora, esto que se llama 'período de carencia' duraba seis meses. Hoy estamos eliminando esos meses de espera y de incertidumbre, ya que la cotización en AFP del mes inmediatamente anterior, bastará para ser beneficiario de Fonasa', explicó.

La Jefa de Estado añadió que 'hasta hoy, si un trabajador independiente empezaba a trabajar en agosto y no tenía seis cotizaciones previas en los últimos 12 meses, recién en febrero de 2015 podía obtener la cobertura de salud pública'.

'Desde ahora, en cambio, si un trabajador independiente cotiza en el mes de agosto, desde septiembre tendrá derecho a recibir la cobertura de salud pública, tanto en la red pública como en la modalidad de libre elección con entidades privadas', detalló.

En línea con este anuncio, Bachelet hizo hincapié en el compromiso de su Gobierno con la agenda de fortalecimiento de la salud pública, con inversiones en infraestructura y equipamiento por US$ 4 mil millones en los cuatro años de mandato, la ampliación de programas de atención dental y la creación del fondo de medicamentos para enfermedades crónicas, entre otras medidas.

La Presidenta destacó, además, que su Gobierno busca 'que Fonasa se transforme crecientemente en el seguro público de salud por excelencia en Chile. ¿Por qué? Porque es un sistema que incluye, que no discrimina a nadie'.

'Estamos, en definitiva, apostando por todas las personas que llevan un tiempo trabajando por su cuenta y toman la buena decisión de empezar a cotizar. Estamos apostando por un acto de justicia, que nos permita dar respuestas mejores y más rápidas a cada trabajador y cada trabajadora', indicó.

Finalmente, la gobernante manifestó que 'construir un sistema de salud pública que atienda de manera oportuna, con calidad, con protección financiera a la familia, es fundamental para asegurar que cada uno de nuestros compatriotas tenga acceso efectivo a la atención de salud, como lo que es: un derecho que no discrimina a ninguna persona y que es lo que nos merecemos en nuestro país'.

Luego de casi dos semanas de juicio contra el sacerdote John O'Reilly, acusado por abusos sexuales reiterados contra dos hermanas, ex alumnas del Colegio Cumbres, ayer comenzó a declarar ante el tribunal la mayor de las niñas presuntamente violentadas por el sacerdote.

Su testimonio fue entregado al interior de una sala especial ubicada al interior del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que fue adaptada para evitar la revictimización. La pequeña estuvo acompañada por un perro adiestrado con el fin de disminuir la ansiedad que el proceso podría generar en ella.

En la diligencia sólo participaron los jueces a cargo de resolver la inocencia o culpabilidad del religioso, quienes pueden escuchar las objeciones de todos los intervinientes sin que ello sea oído por la menor.

Mientras, en la sala del tribunal sólo estuvieron presentes las partes sin la presencia de público y medios de comunicación, observando a través de videoconferencia la entrevista que los magistrados realizaron a la menor.

A juicio del abogado querellante, José Ignacio Escobar, el testimonio de la niña 'ha sido bueno para seguir adelante con la acreditación de los hechos' expuestos en la audiencia. 'Ella lo ha hecho de forma tranquila y consistente con lo que se ha alegado en este caso', agregó.

Antes de la diligencia, la defensa del sacerdote presentó pruebas de los relatos de las presuntas víctimas en la Fiscalía, donde se suspendían los testimonios porque las niñas ya no querían hablar más.

Para hoy está programado que declare la menor de las víctimas en la misma sala que lo hizo su hermana de 12 años.

O'Reilly es acusado por el delito de abuso sexual en carácter reiterado contra las dos menores, hechos por los cuales la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió 20 años de cárcel.

Según la acusación, el sacerdote habría abusado sexualmente contra la primera víctima entre 2010 y 2011. También habría incurrido en actos de connotación sexual con la hermana de la menor ya mencionada.

Una falla en el Metro de Santiago afectó ayer a más de 40 mil pasajeros, quienes no pudieron hacer su recorrido habitual en el tren suburbano debido a que, ante la emergencia, la empresa decidió cortar parte del servicio de la Línea 4 a partir de las 6.20.

La emergencia se originó tras detectar una fisura en uno de los rieles de la Línea 4 del metro, convirtiendo esta suspensión de servicio en la más larga desde que se inauguró el tramo en 2006, ya que se prevé que el problema estará solucionado recién en la jornada de hoy.

La falla obligó a las autoridades a sacar a la calle 80 buses interprovinciales y 30 del Transantiago para aminorar los efectos de la emergencia.

El hecho provocó aglomeraciones en estaciones de las líneas 1 y 5, y causó la indignación de los usuarios en las redes sociales, quienes se quejaron por la calidad del servicio y la falta de información.

El presidente de Metro, Aldo González, señaló a CNN Chile que se desconoce el origen exacto de la fisura. 'Esperamos tener el servicio establecido mañana (hoy) por la mañana', dijo. Estaba previsto que las maniobras para reemplazar la pieza dañada se realizaran ayer por la noche. Debido a esto, Metro informó del adelanto de la hora de cierre de las líneas 4 y 4A.

La Sala Penal de la Corte Suprema determinó que los tribunales de jurisdicción civil -y no los tribunales del fuero militar- continúen tramitando la investigación por la muerte de Jorge Aravena Navarrete (44), quien falleció al interior de un furgón policial en la ciudad de Rancagua el 17 de febrero pasado.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas, determinó que la Fiscalía Local de esa ciudad indague el proceso.

La sentencia determina que la justicia civil otorga más garantías a las víctimas en la protección de sus derechos que la justicia militar. El fallo precisa que 'la situación de la muerte de Jorge Aravena Navarrete ocurrida al interior de un furgón de la Primera Comisaría de Carabineros de Rancagua, después de permanecer allí durante horas, sin auxilio y en deficientes condiciones de ventilación y oxigenación, indica que este hecho puede ser configurativo de un delito común, atentatorio del bien jurídico vida humana independiente'.

Detalla que en este caso 'no se encuentra involucrado ningún objeto jurídico de protección militar, ni hay razón alguna- sustantiva ni adjetiva- para entregar la investigación y eventual juzgamiento a la Fiscalía Militar; de contrario, en este caso existe una víctima concreta cuyos familiares tienen la legitimación para participar como actores en el proceso penal, verificándose en consecuencia los presupuestos de exclusión de la judicatura especializada'.

Los ministros determinaron que el Juzgado de Garantía de Rancagua es el competente para conocer el caso, por lo que ordenó remitir todos los antecedentes a la Fiscalía Local del Ministerio Público, 'conservando el Juzgado Militar la competencia para el conocimiento de los delitos de incumplimiento de deberes militares y falsedad, eventualmente cometidos con ocasión de estos mismos hechos'.