Una carretilla que hace 15 años le sirvió a María Guerrero Castro para trasladar leña con la cual calefaccionar su hogar, ayer era utilizada como estufa por los integrantes de la comunidad indígena Llanquileo, para temperar la carpa que instalaron al interior del predio El Espejo, terrenos que señalan les pertenece y que se ubican camino a Antillanca en la comuna de Puyehue.

Desde el viernes, más de una veintena de integrantes de 15 familias ocuparon el fundo. Según aseguran, en 1999 les fueron despojadas las 244 hectáreas que comprendían su propiedad.

Actualmente como dueño del predio aparece Julio Ponce Lerou, quien fue yerno de Augusto Pinochet -estuvo casado con su hija Verónica-, quien además lo nombró director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en 1974 hasta 1980.

La comunidad Llanquilef sostiene que ocupaba dichos terrenos desde 1930, por lo que agrega que sus integrantes poseen papeles en los que se acredita que las tierras estaban inscritas a nombre de Segundo Guerrero.

Juan Guerrero Castro, de 53 años, presidente de la comunidad indígena, señaló que la lucha por acreditar sus tierras llegó hasta el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Sin embargo, dice que se encontraron con una causa que presentaba diversas irregularidades que los perjudicaban en su calidad de propietarios.

'Hubo una serie de irregularidades que nos obligaron a conformar la comunidad. Aquí mis ancestros llegaron y criaron las familias, cuando este sector era solo flora y fauna, por lo que tuvieron que hacer huellas para poder transitar', aseguró Guerrero Castro.

A raíz de esta movilización, se contactaron con representantes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a fin de buscar ayuda para recuperar -lo que señalan- es suyo.

Respecto a la forma en que actuarán al enfrentar un eventual desalojo, Juan Guerrero aseguró que ellos privilegian el diálogo, pero si ven afectada su integridad física, actuarán ante las provocaciones.

María Guerrero entrega la sabiduría matriarcal en la comunidad. Ayer se mantuvo sentada junto a una mesa, la que instalaron justo donde hace 15 años estuvo su casa.

La mujer, hermana de Juan, recuerda como si fuera ayer el desalojo de que fue objeto junto a su esposo y tres hijos menores de edad.

'Esta es una propiedad que se nos quitó en mayo de 1999. Aquí tenía mi casa, la cual fue quemada a puertas cerradas. Logré sacar a mis hijos, el menor de ellos de un año y medio, los otros eran de tres y seis años', recuerda María, quien luego debió emigrar a la villa de Entre Lagos, donde enfrentó difíciles momentos, que con el tiempo mejoraron.

Claudia Pailalef, directora regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), dijo que estaba al tanto del tema y reiteró que el organismo busca ayudar a las comunidades que reclaman por sus tierras.

'Para ayudar a esta comunidad que hace ocupación de este terreno, ellos deben reunir el máximo de antecedentes históricos que los acrediten como dueños. Con ello se puede tramitar la documentación necesaria para ratificar la demanda de la comunidad', expresó.

La empresa Inversiones del Sur Limitada, a cargo del predio en conflicto, expresó por medio de un comunicado que la ocupación fue denunciada a Carabineros y ahora están a la espera de lo que decida la justicia.

'Es una sorpresa desagradable enterarnos de esta situación. Hay derechos constitutivos por más de 20 años que acreditan la propiedad del predio. Sólo podemos señalar que repudiamos este tema, y así como ingresaron de manera pacífica al fundo, esperamos que los manifestantes se retiren de la misma manera para evitar incidentes', expresa el comunicado.

Ocupación

Región

Ayer Cristian Vidal Aguayo -de 36 años-, quien fue condenado por el delito de homicidio simple tras dar muerte a su vecino Heriberto Vivar de 60 años, conoció de la voz del juez Felipe Muñoz la sentencia de 5 años de presidio efectivo que deberá cumplir en la cárcel de Osorno.

Vidal Aguayo, sin embargo, podrá acceder a un beneficio: como lleva 366 días privado de libertad, éstos les servirán de abono a su condena, con lo cual reducirá su tiempo en prisión.

Durante una semana los miembros del Tribunal Oral en lo Penal conocieron los pormenores del crimen de Heriberto Vivar, ocurrido el 9 de mayo de 2013. Días más tarde su cuerpo fue enterrado a unos 500 metros de su casa en el sector de Rupanquito, comuna de Osorno.

La fiscal María Angélica de Miguel pedía 15 años de cárcel por el crimen y 540 días por inhumación ilegal; sin embargo, la defensa del condenado alegó que este último delito no es válido, ya que se enmarcó dentro del mismo crimen, lo cual fue acogido por los magistrados de la primera sala del tribunal, absolviendo de la responsabilidad a Vidal Aguayo.

'Pese a todo esto, quedamos conforme con el fallo, donde se pudo acreditar que el trabajador dio muerte a su vecino', expresó la fiscal.

Sin embargo, la medida no fue bien recibida por la ex esposa de la víctima, Rosa Arriagada, quien lamentó la baja pena.

'Él seguirá con vida y nosotros perdimos a un familiar. No hubo justicia por la muerte de mi marido', dijo la mujer.