"La ciudadanía reclama una mayor protección de sus derechos y más justicia frente a los abusos".
La semana recién pasada la zona norte de nuestro país se vio afectada por un nuevo terremoto. Con el paso de los días, como todo hecho ocurrido en regiones, lejos de la capital, este nuevo episodio sísmico ha dejado de ser noticia en las primeras planas de la prensa escrita y pasa a ocupar lugares secundarios de los noticiarios centrales de radio y televisión, mientras que en el resto del país la atención vuelve a centrarse en los grandes temas nacionales.
Desde Osorno estamos a miles de kilómetros de distancia, pero no debemos olvidar que este último terremoto en las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá ha dejado a cientos de grupos familiares viviendo en carpas y un saldo de más de nueve mil viviendas damnificadas, entre otras consecuencias.
En momentos como éste es positivo resaltar variadas iniciativas solidarias que han surgido de manera desinteresada en distintos puntos del país, algunas organizadas de manera muy simple y rápida a través de las redes sociales. Sin embargo, así también se han producido en la zona del terremoto hechos negativos que atentan contra los derechos de los consumidores, como las alzas desmedidas de precios de productos de primera necesidad. Nuestra legislación sanciona este tipo de hechos y los califica como constitutivos de delito, según lo establece la ley 16.282 y sus modificaciones, y el mismo Código Penal en su artículo 285 complementado por el artículo 286 del mismo código.
Esta vez se trata de un terremoto en una zona lejana a la nuestra, pero hay otras situaciones de catástrofe, como un aluvión, un tsunami o la erupción de un volcán, frente a cada una de las cuales se requerirá siempre una coordinación oportuna y eficaz de parte de los organismos públicos a cargo de dar respuesta a las necesidades de la población, en los cuatro niveles en que se desarrolla la gestión pública: nacional, regional, provincial y a nivel local o comunal.
El gobierno anterior financió la construcción de monumentos para recordar el terremoto del 27 de febrero del año 2010, como el memorial de Concepción que significó una inversión de dos mil millones de pesos, gasto que generó fuertes críticas de parte de la ciudadanía, la que no pide monumentos sino que reclama una mayor protección de sus derechos, más justicia frente a los abusos, mejorar la red de comunicaciones ante una catástrofe, al igual que mejoras de orden práctico, como haber instalado las alertas ante tsunamis que faltaron esta vez en Arica.
Abogado, Magíster en Gestión Pública