Verónica Salgado

La extracción ilegal de áridos en la ribera del río Rahue preocupa a los vecinos del sector, quienes señalan que las faenas han provocado fuertes cambios al entorno natural.

El concejal por el Partido por la Democracia (PPD), Juan Carlos Velásquez, suma a lo anterior el hecho que el municipio dejaría de percibir -según su propio cálculo- al menos 1.500 millones de pesos anuales por concepto de derechos municipales debido a las malas prácticas en torno a la extracción de áridos en el río Rahue.

De acuerdo a los datos que ha recabado el edil, existen al menos 15 empresas trabajando en la ribera del río extrayendo material de manera indiscriminada, lo que deja como consecuencia un daño irreparable al medio ambiente, además de infringir la normativa legal.

A juicio de Velásquez, el problema se genera porque la gran mayoría de las empresas no cancelan los derechos municipales correspondientes por cada metro cúbico de material que sacan del cauce.

"Esto viene ocurriendo desde hace muchos años, pero durante el último tiempo el problema se ha hecho más evidente. Han desaparecido árboles nativos y se ha modificado el cauce del río. Además, ¿cómo es posible que se permite que gente se enriquezca de manera ilegal en torno a un bien de uso público que es de todos?", se preguntó Velásquez.

La normativa vigente (Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente) señala que todas las firmas que realizan esta faena requieren de un permiso municipal.

Adicionalmente, se considera como extracción industrial una cantidad de áridos igual o superior a 100 mil metros cúbicos.

En este último caso, se debe contar con autorización de la Dirección General de Aguas en caso de modificación del cauce. Según señala el concejal Velásquez, solamente existen dos empresas que cumplen la normativa vigente, ya que poseen patente municipal y responden a los requerimientos medio ambientales.

"Sería interesante saber por qué nadie fiscaliza el tema. Es evidente que el municipio está perdiendo mucho dinero; más de $1.500 millones anualmente. Yo solicité informes, pero no reflejan la realidad", dijo Velásquez.

En sesiones previas del Concejo Municipal, el edil PPD ha señalado que si el plan del municipio es recuperar la ribera y potenciar el turismo, se debe frenar la extracción ilegal y fiscalizar que se cumpla con todas las normas.

Los interesados en trabajar las riberas extrayendo este material deben formular una solicitud por escrito al municipio en cuya jurisdicción se encuentre el tramo del cauce que se requiere intervenir y acompañar todos los antecedentes técnicos requeridos.

Si el volumen a extraer es considerado industrial o si sumado a otros proyectos anteriores en el mismo sector superan los 100 mil metros cúbicos, el proyecto debe pasar previamente por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Dirigentes vecinales de diferentes barrios han manifestado su preocupación por la extracción ilegal de áridos y su impacto en la ribera, pues afirman que ha transformado a estos lugares en poco amigables, peligrosos y pantanosos.

Sergio Valderramas, dirigente de Ovejería, señaló que durante años han existido empresas que trabajan de manera indiscriminada el tema y sin que nadie se preocupe.

"Dicen que son pequeños empresarios, pero nosotros vemos como circulan camiones de alto tonelaje. Es evidente que no están respetando ninguna ley y mucho menos pagando lo que ganan", dijo el dirigente.

Añadió que en su sector antes existían playas donde la gente podía incluso bañarse, pero actualmente esas tierras se han inundado, lo que representa un visible daño al ecosistema. Acotó que las denuncias caen "en terreno" de nadie, porque cuando acuden a fiscalizar no están trabajando en el sector.

Hernán Alarcón, jefe de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Los Lagos, expresó que ellos son los encargados de emitir el informe técnico que se debe adjuntar para obtener el permiso municipal necesario.

"El informe detalla los impactos que tendrán los trabajos en torno al río, que no afecte su cauce ni dañe el entorno, sumado a que fiscalizamos a esas empresas autorizadas antes, durante y el final de las obras", dijo Alarcón.

Agregó que ellos no son los indicados para frenar o fiscalizar las faenas ilegales, ya que esta misión recae en el municipio, encargados de administrar los bienes de uso público como son las riberas de los ríos.

"El municipio puede detener la extracción de áridos cuando lo estime conveniente, con argumentos claros. Una posibilidad sería la recuperación de riberas con fines turísticos", comentó Alarcón.

Desde el municipio, Karla Benavides, administradora municipal, señaló que no han recibido ninguna denuncia formal del tema y ratificó que sólo existen dos empresas con patente municipal para realizar esas labores.

"Nosotros tenemos planificadas fiscalizaciones, pero sin denuncias formales poco podemos hacer. Y no podemos eliminar los permisos si tenemos sólo dos empresas autorizadas", dijo Benavides.

El uso principal de los áridos son las faenas de construcción. Se clasifican básicamente en arenas y gravas, debido a su tamaño.